¿Puede el Congreso de Perú mantener el caso de narcoindultos contra el expresidente?

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El Congreso de Perú está abriendo un debate sobre qué hacer con los resultados de una investigación acerca del escándalo de pagos por indultos que implica al dos veces presidente Alan García. Sin embargo, con el caso contra García habiendo sido desestimado por un tecnicismo en la primavera, lograr atrapar al antiguo jefe de Estado por su participación en una red que presuntamente aceptaba sobornos de narcotraficantes condenados, resultará extremadamente difícil.

A partir del 12 de junio, el Congreso discutirá nueve informes emitidos por la “megacomisión” de siete miembros formada en 2011 para investigar las presuntas infracciones constitucionales y la corrupción que se produjeron durante el segundo mandato de García (2006-2011). La cuestión que probablemente va a estar en lo más alto de la agenda pública es la del escandalo de los llamados “narcoindultos”, en el que funcionarios de alto nivel aparentemente recibieron pagos de traficantes de drogas a cambio de que concedieran rebajas a las penas.

El escándalo salió a la luz en abril de 2013, cuando una primera versión del informe de la comisión encontró que durante su mandato, García indultó a 400 personas condenadas por tráfico de drogas agravado. Ese junio, Miguel Facundo Chinguel, quien encabezó la comisión de indultos del gobierno de García, fue detenido bajo acusaciones de recibir pagos de narcotraficantes. Días más tarde, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar sobre Aurelio Pastor, quien estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, al cual pertenece la comisión. Pastor había aparecido previamente en un video promocionando el sistema de indultos para alentar a los prisioneros. Otro miembro de la comisión huyó del país el pasado mes de marzo. El caso de Chinguel todavía está siendo procesando.

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En el informe final del megacomisión (pdf), que se completó en diciembre y que fue recibido por el Congreso este enero, los investigadores determinaron que García había cometido infracciones constitucionales –exceder sus facultades legales para conceder indultos- y que debía ser investigado por los delitos de ocultación y soborno. Las conclusiones y recomendaciones resultantes fueron aprobadas por la mayor parte de la comisión, en una decisión histórica que marca un serio esfuerzo de seguir el caso hasta lo más alto de la podrida estructura.

Sin embargo, los resultados fueron anulados a finales de marzo de este año. El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima decidió que los derechos de García a la defensa habían sido infringidos cuando la comisión no le informó por qué se le estaba pidiendo que compareciera a testificar el año pasado. No obstante, el Congreso ha apelado la decisión, y el presidente de la ahora desmantelada megacomisión, el congresista Sergio Tejada, ha afirmado que mientras tanto, el Congreso tiene todo el derecho de debatir los resultados en parte porque “la ciudadanía debe conocer todo lo que hemos encontrado”.

Un sistema de justicia paralelo

Según el informe final, alrededor del 30 por ciento de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales entre 2006 y 2011 fueron alteradas por el gobierno de García a través del uso de indultos y de conmutaciones. Durante el periodo de cinco años, se emitieron 5.246 conmutaciones. De estas, 3.207 fueron para personas condenadas por crímenes de drogas, y de estas, 400 fueron por tráfico de drogas agravado. Mientras tanto, 232 indultos -algunos comunes, algunos por causas humanitarias- fueron emitidos, con alrededor de 70 de los casos relacionados con el tráfico de drogas.

La megacomisión llamó a este “un uso sin precedentes” de la autoridad presidencial que “traspasó los límites formales y materiales derivados de la Constitución”

Bajo la ley peruana, el presidente tiene la facultad de conceder indultos en situaciones limitadas, basadas en las cláusulas de la Constitución de 1993 y en la posterior legislación. Sin embargo, el gobierno de García alteró las leyes existentes con respecto a los objetivos del comité de indultos y el uso de este poder al eliminar cláusulas como “proporcional y razonable” y “en concordancia con los objetivos de la normativa del ejecución penal”. También fundió las preexistentes comisiones de indultos y conmutaciones en un pequeño comité de cinco personas, quitando los requisitos relativos a las aptitudes profesionales de los miembros, lo que permitía la contratación de cualquier persona a través de una resolución ministerial. Según la megacomisión, el nuevo comité estaba formado por los miembros del círculo íntimo de Chinguel, y en un momento dado, dos personas previamente condenadas por tráfico de drogas trabajaron para el comité.

García afirmó en su testimonio que las conmutaciones en parte tenían el objetivo de reducir la población carcelaria. Sin embargo, la comisión señaló que los traficantes de drogas fueron los que más se beneficiaron de los perdones a pesar de que no representaban la mayor parte de la población carcelaria. Los investigadores también observaron que la población carcelaria se incrementó en más de 10.000 reclusos durante el período.

Según la comisión: “La evaluación de la información remitida por el Ministerio de Justicia, nos permite sostener la existencia de indicios de que se trató [el esquema de indultos] de la instauración de un “sistema de justicia paralelo”, con el objetivo de sustraer del cumplimiento de la pena impuestas en juicio justo a condenados por delito de tráfico ilícito de drogas”.

Alan García: el presidente amigable con los narcos

García afirmó el año pasado que, además de reducir el hacinamiento en las cárceles, también redujo las penas de muchos de los presos por motivos de conciencia, y para dar a los traficantes pequeños la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, la evidencia sugiere que no todos los liberados eran meros correos de drogas, o “mulas”.

Entre los indultados estaban, un hombre condenado por ser dueño de un pozo de maceración y por la contratación de otros para trabajaran produciendo drogas para él, dos hombres capturados con numerosos precursores químicos y con 1,5 toneladas de coca, y un hombre posteriormente identificado por un testigo como un jefe local de la droga. Muchos de los indultados eran extranjeros, entre ellos colombianos, ecuatorianos y brasileños. En más de una circunstancia, varias personas condenadas por ser parte de la misma estructura de tráfico de drogas vieron todas sus penas ser reducidas.

Según cifras de la policía antinarcóticos obtenidas por La República el año pasado, 85 traficantes de drogas convictos que recibieron el indulto o la conmutación de la pena por García, posteriormente fueron recapturados, luego de que se encontrara que habían seguido traficando drogas. En un caso, un hombre que fue condenado por tratar de enviar 2,8 kilos de cocaína a Holanda, vio a su condena ser reducida a la mitad por García en 2009. Fue arrestado de nuevo en 2013, después que las autoridades lo atraparon junto con otras seis personas con 3,7 toneladas de cocaína líquida y con 300 ladrillos de cocaína listos para ser exportados.

En muchos casos, el expresidente cortó condenas, incluso más que la cantidad recomendada por el comité de indultos. Además, la megacomisión encontró 371 casos en los que los convictos en libertad parcial (que ya no estaban en la cárcel) recibieron conmutaciones, y hay casos en que los prisioneros recibieron tanto conmutación como perdón. De los que vieron a sus condenas ser conmutadas entre 2008 y 2009, 24 más tarde hicieron donaciones de diversas sumas de dinero al partido gobernante.

La comisión también destacó tres casos en los que García emitió indultos humanitarios a figuras políticas condenadas por cargos de corrupción. Aunque tales indultos están diseñados para ser emitidos sólo en los casos en que el condenado tiene una condición de salud que hace que su permanencia en la cárcel sea arriesgada, no se ha probado tal condición en ninguno de estos casos. En el caso de Julio Espinoza Jiménez, exjefe del organismo del seguro de salud del país, la comisión también encontró evidencia de que García había obstruido deliberadamente un proceso judicial en curso contra él.

¿Comisión de indultos o red de pago por indultos?

Por separado, estos casos son suficientes para levantar cejas. Sin embargo, el verdadero quid de la cuestión reside en los casos en que los testigos mencionaron a funcionarios en la cabeza de la comisión de indultos que tomaron pagos a cambio de rebajas de penas.

Un testigo clave de la comisión identificada como 01MEGA13 aseguró que existía una red organizada dentro de la comisión de indultos -encabezada en ese momento por Chinguel- que solicitaba pagos a los reclusos que buscaban ser indultados. Dijo que el ayudante de Pastor, el exministro de Seguridad, negoció la reducción de la pena del nacional eslovaco Eugen Csorgo -que había sido sorprendido con alrededor de un kilo de cocaína- a cambio de US$15.000. Alegó que hombres de esta misma red negociaron con un miembro de un grupo que había sido declarado culpable por contratar mulas de drogas, y con un capo de drogas peruano que había sido condenado a 25 años. Más tarde, la megacomisión encontró una transferencia de casi US$18.000 a la cuenta bancaria de una mujer hecha por un hombre que se piensa que es amigo de Csorgo.

Varios narcotraficantes condenados también declararon que los miembros de la comisión les pidieron dinero. Clave entre estos fue Oscar Benítez Linares –un narcotraficante que se convirtió en informante- que a finales de 2012, declaró que se le pidió que pagar US$10.000 por cada año que su condena furae reducida, pagando un total de US$150.000.

Según la comisión, otro elemento sospechoso de los indultos fue el hecho de que en nueve casos, las personas condenadas por tráfico a través del servicio público de correos de Perú, SERPOST, recibieron conmutaciones, incluyendo un preso que había coordinado un plan de tráfico por correo desde la prisión. Estos indultos coinciden no sólo con el tiempo en que Chinguel estuvo a la cabeza del comité de indultos, sino también con su tiempo como director de SERPOST.

Un caso precario

En su testimonio, Alan García insistió en que a pesar de que él firmó todos los casos mencionados en el informe de la comisión, nunca se reunió con Chinguel para discutir las conmutaciones, y que él no tenía conocimiento de ninguna decisión concreta por parte de Pastor para favorecer al narcotráfico.

Esto deja al caso dependiendo en gran medida del testimonio de los testigos -una fuente muy poco fiable que ha causado el desmoronamiento de numerosos casos en los países de Latinoamérica. Si bien los hallazgos son profundamente sospechosos, la construcción de el rastro documental necesario para atrapar a García puede ser otra cosa.

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Por el momento, parece poco probable que García se enfrente a cualquier cargo en absoluto. Aunque el Congreso ha insistido en hacer frente a los informes de la megacomisión, los resultados ya han sido anuladas por el sistema judicial del país, y la comisión –que fue desmantelada tras el informe final– tendría que formarse de nuevo con el fin de reiniciar la investigación proceso.

Esto podría significar que García, que ha amenazado con emprender acciones legales si el Congreso retoma el debate, y que ahora ha hecho un llamamiento dirigido a la prevención de que la megacomisión renueve las investigaciones, se irá caminando con las manos aparentemente limpias. Éste sería un duro golpe a un sistema judicial ya comprometido por presuntos vínculos con el crimen organizado que llegan hasta lo más alto. El congresista Tejada ha dicho que cualquier intento de bloquear el debate serviría como un intento de “blindar” a los cientos de culpables.

El escándalo García significa que de los últimos cinco presidentes de Perú, remontandose a 1985, sólo uno no ha sido acusado de corrupción –y fue presidente interino durante menos de un año. El actual presidente Ollanta Humala ha sido acusado de tener vínculos con dinero de la droga, mientras que los predecesores de García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, se han visto envueltos en casos de derechos humanos y escándalos de corrupción. Sólo uno -Fujimori- ha sido condenado. Sin importar cuál sea el resultado del debate en el Congreso sobre los narcoindultos, parece poco probable que esto cambie en el corto plazo.

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