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En las últimas semanas, grupos armados “parapoliciales” han desempeñado un rol protagónico en la represión violenta de los manifestantes opositores en Nicaragua, pero aún está por verse si esos grupos evolucionarán, pasando de tropas de asalto a organizaciones criminales dedicadas a actividades, como la extorsión y el secuestro.

Miles de manifestantes han salido a las calles en las últimas semanas a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que ha respondido con fuerza letal a las manifestaciones.

Además de las fuerzas de seguridad estatales, grupos progobierno, que han sido descritos como “parapolicías”, han participado en las muertes de entre 150 y más de 200 personas desde el comienzo de los disturbios, según organizaciones no gubernamentales locales.

Varios agentes de policía, activistas a favor del gobierno y otros ciudadanos también han caído muertos durante los disturbios.

Una fuente de la policía informó a El Confidencial, sitio nicaragüense de noticias en internet, que estos grupos parapoliciales están compuestos de pandilleros locales, policías que actúan de civil, exguerrilleros y miembros de una organización progobierno conocida como la Juventud Sandinista. La fuente declaró que el gobierno paga entre 300 y 500 córdobas (unos US$10 a US$15) a los parapolicías por día de trabajo.

 

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Las imágenes de estos grupos los muestran usando máscaras que les ocultan el rostro, mientras entran a las comunidades en gran número, por lo general armados con lo que parecen ser armas de fuego pequeñas y otras armas, aunque algunos parecen portar armas de grueso calibre.

Los activistas de la oposición e investigadores independientes han acusado al gobierno de excusar e incluso de propiciar la brutalidad atribuida a los parapolicías, incluidas las posibles ejecuciones extrajudiciales. El uso de estos grupos hace más difícil atribuir abusos contra los derechos humanos a las fuerzas de seguridad estatales y permite al gobierno de Ortega distanciarse para evadir las sanciones por violaciones de derechos humanos.

Astrid Valencia, investigadora para Amnistía Internacional, que trabajó en un reciente informe sobre la violencia en Nicaragua, comentó a InSight Crime que la trayectoria de las balas y la ubicación de las heridas, en puntos de alto impacto, como la cabeza, el cuello y el pecho indica que muchas víctimas fueron ejecutadas por francotiradores de la policía y grupos parapoliciales.

Además de las ejecuciones, se ha acusado también a los grupos parapoliciales de  cometer secuestros selectivos (detenciones arbitrarias), así como vandalismo, robo a periodistas, incendiar viviendas y saqueo de establecimientos comerciales para difamar a la oposición, lo cual en ocasiones ocurre en coordinación con la policía nacional.

Análisis de InSight Crime

Los grupos parapoliciales que emplea el gobierno nicaragüense han mostrado más allá de toda duda su propensión a la violencia, y es posible que los actuales disturbios les permitan afinar sus habilidades criminales e inmiscuirse más en actividades ilícitas, como la extorsión y el secuestro.

Los parapolicías ya están implicados en robo y secuestro con fines políticos, y no sería difícil que consideraran sacar provecho personal de su experiencia en estas actividades. Tanto el secuestro como la extorsión son actividades ilícitas lucrativas en otros lugares del continente americano.

No es la primera vez que el gobierno usa grupos parapoliciales para reprimir a la oposición, y aún no se observa evidencia concreta que indique que estos grupos han diversificado su actividad pasando de la represión política a actividades netamente criminales.

Pero el férreo control del presidente Ortega en el poder y la extrema falta de transparencia de su régimen dificultan estimar los índices de criminalidad y saber si los grupos parapoliciales tienen un rol en otras actividades criminales.

Roberto Orozco, experto en seguridad nacional de Nicaragua, dijo a InSight Crime que “será difícil desmantelar” los grupos parapoliciales del país, porque son autosuficientes y están “armados hasta los dientes con armas que el Estado les suministra”.

Las tasas anteriores de delincuencia y victimización en Nicaragua han sido muy bajas en comparación con otros países de toda la región. Pero esos índices han empezado a acelerarse e incrementar a raíz de la crisis política, y Orozco advierte que dicha dinámica puede tener graves consecuencias para los índices de criminalidad y violencia, por lo general bajo, de los que ha disfrutado Nicaragua en el pasado.

“Esas armas no serán devueltas cuando termine la represión, y el aumento del número de personas como estas en posesión de armas puede crear una situación de mayor inseguridad, con altos índices de extorsión, homicidios y otros crímenes”, concluyó.

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La criminalización de grupos similares de apoyo al gobierno en Venezuela ofrece una lección de lo que pueda suceder en el futuro con los parapolicías de Nicaragua si se ahondan los actuales desórdenes.

Según David Smilde, experto en Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), es “altamente probable que con el tiempo, sin vigilancia e intervención continuas”, los grupos progobierno que se han armado y organizado se involucren en delitos.

De hecho, los grupos progobierno en Venezuela, conocidos como colectivos, fueron organizados y mantenidos —incluyendo el suministro de armas— por el difunto presidente Hugo Chávez en la década de 2000 en gran medida para ayudar en la defensa de su gobierno contra cualquier intento de derrocarlo.

Con el tiempo, sin embargo, la inadecuada vigilancia de los colectivos les permitió fortalecerse y criminalizarse aún más, dedicados a actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro y el microtráfico. Además de eso, siguen apoyando a las fuerzas del Estado en controvertidos operativos de seguridad y actividades contra la oposición.

“La descentralización de esos grupos eventualmente dará pie a elementos coincidentes con el delito”, pronosticó Smilde.

Aunque Nicaragua está lejos de parecer un “estado mafioso” como Venezuela, la actual inestabilidad en el país centroamericano tiene implicaciones preocupantes para el futuro en su panorama criminal.

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