El comandante en jefe de las FARC y la oposición política en Colombia han sentado sus posiciones sobre la renegociación de un acuerdo de paz con el grupo guerrillero, pero persiste el interrogante de si ambas partes están dispuestas o no a hacer concesiones en puntos claves de diferencia.
El 12 de octubre, el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", señaló a Caracol Radio que su organización no renegociaría ningún beneficio judicial en el marco de los actuales intentos de salvar un proceso de paz con su movimiento guerrillero.
La entrevista fue la primera que Timochenko concede desde que el 2 de octubre un plebiscito nacional dijo no un acuerdo entre las FARC y el gobierno después de cuatro agotadores años de diálogos en La Habana, Cuba. Luego de la votación, representantes del gobierno y políticos de la oposición se enfrascaron en conversaciones para dar salida a las inquietudes sobre el acuerdo original y llegar a una alternativa viable.
Cuando se le preguntó si las FARC estarían dispuestas a reconsiderar los acuerdos logrados en La Habana sobre la justicia transicional y la eventual participación de los insurgentes en la arena política, el líder guerrillero dijo, "sería exabrupto volver a vivir una discusión que nos llevó casi... más de un año y medio, que fue una de las discusiones más duras y difíciles".
El mismo día de la entrevista en Caracol Radio, el partido político que lidera la oposición al acuerdo de paz firmado, el Centro Democrático, publicó un documento con sus propuestas para modificar varios puntos del proceso y formar un "Gran Pacto Nacional".
Muchas de las propuestas planteadas por el Centro Democrático son similares a las que están incluidas en el acuerdo rechazado. Por ejemplo, el documento propone que los guerrilleros responsables de abusos contra los derechos humanos que admitan sus crímenes reciban de cinco a ocho años de "privación efectiva de libertades", una condición similar al contenido del acuerdo previo, si bien la propuesta del Centro Democrático especifica que esta podría incluir el confinamiento en "granjas agrícolas".
Quienes sean hallados culpables, pero se nieguen a admitir sus crímenes pagarían sentencias de cárcel de 15 a 20 años, condiciones idénticas a las consignadas en el acuerdo anterior.
Según el acuerdo original, todos los guerrilleros tendrán derecho a postularse a cargos de elección popular, independientemente de los crímenes cometidos. El manifiesto del Centro Democrático acepta las provisiones del acuerdo previo que permitirían a las FARC conformar un partido político al que se le garantizarían 10 curules en el Congreso por dos periodos de cuatro años. Pero también propone una condición nueva: que se impida lanzar candidaturas a los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad o delitos atroces.
Quizás la diferencia más sustancial entre la propuesta del Centro Democrático y el acuerdo anterior se centre en torno al tema del mecanismo de la justicia transicional. La propuesta de la oposición es que se reemplace la "Jurisdicción Especial de Paz", que debía asumir las funciones de la justicia transicional, por un sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria de la justicia en Colombia. Esto incluiría "cortes para la paz" adscritas al Tribunal Superior de Bogotá y unidades dentro de la Fiscalía General responsables de procesar los crímenes cometidos dentro del conflicto.
La propuesta del Centro Democrático también difiere del acuerdo anterior en otro aspecto importante: el narcotráfico se trataría como "delito autónomo no amnistiable".
La exclusión expresa del narcotráfico de la lista de delitos condonables podría impedir que muchos integrantes de las FARC, incluyendo importantes comandantes, sean cobijados por la amnistía. Como ya lo había informado InSight Crime, esto podría tener implicaciones importantes en la voluntad de los combatientes de las FARC para participar en el proceso de justicia transicional.
En lo que respecta al veto del acuerdo anterior a la extradición de miembros de las FARC, el documento del Centro Democrático señala que esta provisión exige que los miembros de las FARC que busquen protección de la extradición colaboren con el proceso de verdad y justicia, brinden reparación a las víctimas y no repitan sus crímenes, una condición que también parece similar a las provisiones del acuerdo rechazado.
El Centro Democrático también propone que los agentes de las fuerzas de seguridad del estado que hayan sido sentenciados o sean objeto de indagatorias por crímenes cometidos dentro del conflicto reciban los "beneficios más generosos posibles", incluyendo la reducción de sus penas, que les dé libertad condicional "tan pronto como sea posible", y les permita estar confinados en guarniciones militares o de policía.
Análisis de InSight Crime
El proceso de paz ahora depende de cuántas concesiones estén dispuestos a hacer el secretariado de las FARC y la oposición política.
Cuando comenzaron los diálogos con las FARC hace cuatro años, los guerrilleros llegaron a la mesa con algunas posiciones que describieron como innegociables: no depondrían sus armas ni irían a la cárcel, y podrían llevar su movimiento a la esfera política.
Eventualmente ellos cedieron en el tema del desarme, pero Timochenko sigue adhiriéndose con firmeza a llegar a un acuerdo que mantenga a los miembros de las FARC fuera de la cárcel. Esto puede tranquilizar a los guerrilleros rasos, pero puede llevar a un punto muerto sobre lo que es posiblemente el punto más importante del proceso de paz.
Sin embargo, al parecer los opositores al acuerdo de La Habana pueden estar dispuestos a ceder algún terreno en el punto de las sentencias de prisión. El expresidente Andrés Pastrana, que también hizo campaña contra el rechazado acuerdo, ha presentado sus propias recomendaciones para una renegociación, que no plantea sentencias de cárcel para la mayoría de miembros de las FARC. Y la apertura del Centro Democrático al confinamiento en "colonias agrícolas" como alternativa a las celdas en la cárcel pueden resultar ser una forma de "privación de libertades" que las FARC podrían estar dispuestos a aceptar.
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De manera similar, parece haber espacio para el compromiso en el tema de la eventual participación política de las FARC. La oposición ha condenado la idea de los miembros de las FARC en el Congreso como una de las condiciones más indignantes del acuerdo de paz anterior, pero el Centro Democrático de nuevo se ha mostrado un tanto indulgente en este aspecto.
Sin embargo, su propuesta de impedir que cualquiera que haya cometido abusos contra los derechos humanos ocupe cargos públicos básicamente eliminaría toda posibilidad a todo el secretariado y al Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. La Fiscalía General ha responsabilizado a ambos de “crímenes de guerra” por el establecimiento del reclutamiento de menores como política de toda la organización. Esto podría resultar resultar una línea roja para los jefes de las FARC con ambiciones políticas futuras.
Mientras los partidos de oposición deciden el sendero futuro del proceso de paz, hay un peligro en aumento de que con el tiempo, más combatientes de las FARC deserten del inestable acuerdo. Y se especula que el jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, quiera estirar las renegociaciones hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018, y usar la situación como pasto político para elevar las opciones de triunfo electoral de su partido. Esta dinámica significa que un excelente acuerdo depende de la capacidad de los negociadores de hallar prontamente un terreno común en estos polémicos puntos.
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