La tasa de homicidios de Colombia ha aumentado por primera vez después de una década, y esto puede ser una consecuencia de los nuevos conflictos entre grupos criminales en zonas estratégicas del país, especialmente a raíz de la desmovilización de la guerrilla de las FARC.
La tasa de homicidios en Colombia aumentó de 23,07 a 24,34 por 100.000 habitantes entre 2017 y 2018, según un informe de Medicina Legal.
Este es el primer año en el que se registra un incremento de la violencia después de iniciados los diálogos de paz entre el gobierno y la desaparecida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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En 2017, un año después de la firma de los acuerdos de paz, el entonces vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, anunció que el país cerraría el año con la tasa de homicidios más baja en cuatro décadas.
Pero la tendencia no fue duradera. El mismo año, se identificaron brotes de violencia en municipios que habían sido abandonados por las FARC y luego ocupados por grupos armados organizados (GAO) y delincuencia común.
En 2018, ya los focos de violencia se habían difundido a nivel nacional. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que los asesinatos aumentaron 30 por ciento en territorios donde antes tenían presencia las FARC. Y añadió que el 54,65 por ciento de los casos estuvieron relacionados con disputas entre actores criminales.
Análisis de InSight Crime
El aumento en la tasa de homicidios de Colombia en el 2018 es una consecuencia previsible de las disputas territoriales que surgieron tras la retirada de las FARC de la escena criminal. Un creciente número de disidentes de las FARC, así como otros rivales que se enfrentan entre sí, han llevado a que varias zonas de Colombia queden expuestas a diversas alianzas y disputas criminales que cambian con rapidez.
Los municipios que han sufrido la mayor parte de esta crisis son representativos de estas dinámicas criminales.
Según el informe de Medicina Legal, los municipios con las tasas de homicidios más altas en 2018 fueron Ituango, Tarazá y Tibú. Todos estos fueron zonas de influencia de las FARC, atractivas por las economías ilegales allí presentes y objeto de nuevas disputas criminales.
Ituango y Tarazá están localizados en el departamento de Antioquia, noroeste del país. Allí tenían presencia los Frentes 5, 18, 36 y 58 de las FARC. Según ONUDD, en 2017 este era el quinto departamento con más hectáreas de coca sembradas en el país con 13.681 hectáreas. De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, entre 75 y 80 por ciento de la coca del departamento estaría concentrada en la subregión del Bajo Cauca, donde se encuentran los dos municipios.
El control de esos ingresos se lo estarían disputando Los Urabeños, Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las FARC. Es innegable el impacto de esta competencia en el reciclaje de violencia.
Entre 2017 y 2018, Ituango pasó de tener una tasa de homicidios de 79 a 306 por 100,000 habitantes, y 223 a 718 víctimas de desplazamiento forzado. Así mismo, Tarazá pasó de 58 homicidios a 233 por 100,000 habitantes y de 489 a 2.840 desplazados.
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El caso es similar en el municipio de Tibú. Ubicado en el departamento de Norte de Santander, noreste de Colombia, Tibú fue base de operaciones del Frente 33 de las FARC. Según datos de la ONUDD, el departamento ocupa el tercer lugar (con 28.244 hectáreas sembradas), y el municipio el segundo (13.686 hectáreas) en hectáreas sembradas con coca a nivel nacional.
Además, Tibú se encuentra en la región del Catatumbo sobre la cual se vienen enfrentando el ELN y el EPL. Lo estratégico del territorio no se limita a sus cultivos; también es un corredor de droga hacia Venezuela o la Costa Caribe. Allí, la tasa de homicidios pasó de 187 a 248 por 100,000 habitantes, parte de lo cual lo atribuyen las autoridades a esta confrontación criminal.
El incremento de los homicidios en 2018 no quedó reflejado únicamente en un mayor número de combatientes asesinados en medio de disputas criminales. También las muertes de líderes sociales y excombatientes de las FARC fueron síntomas de esta creciente problemática.
Las afectaciones de esta pugna criminal trascienden a hoy. El reciente boletín de Medicina Legal expuso un incremento de homicidios en casi 1 por ciento para el primer semestre de 2019, lo cual podría marcar una nueva tendencia para el país.
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