Brasil es la capital del crimen del mundo. Ningún otro país ni siquiera se acerca.
Es por eso que fue una gran noticia cuando el ministro de Justicia recientemente anunció que la tasa de homicidios se redujo en más del 20 por ciento en 2019 en comparación con el mismo período el año pasado.
Lo que no mencionó, sin embargo, fue que la tasa de homicidios del país había estado cayendo continuamente desde principios de 2018, mucho antes de la elección del presidente de Jair Bolsonaro.
Aunque Bolsonaro y sus seguidores han tratado de "apropiarse" las recientes mejoras en la seguridad pública, la disminución en los asesinatos tiene poco que ver con sus esfuerzos.
Por tanto, ¿qué explica la reducción de homicidios?
*Este artículo fue publicado originalmente por OpenDemocracy. Fue editado para mayor claridad y reproducido con autorización, pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
En primer lugar, es importante recordar que el 2017 fue un annus horribilis en Brasil, una orgía de violencia letal. Más personas fueron asesinadas de forma violenta— casi 64.000— que en cualquier otro momento de la historia de la nación.
La explosión de la violencia se debió en gran parte a la ruptura de una tregua entre dos facciones de narcotraficantes rivales del país —Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV)— y disputas por el control del tráfico de drogas del país. La violencia entre facciones coincidió con un auge en la producción de cocaína en Colombia y Perú. La disminución gradual de homicidio en 2018 y 2019 puede interpretarse como una especie de "corrección".
En segundo lugar, un conjunto de medidas de la administración Témer en 2017 y 2018 también pudo haber jugado un papel en la reducción de asesinatos. Estos incluyen mejoras en la coordinación y gestión de las fuerzas de policía y la mejora de las capacidades de investigación a nivel nacional y estatal.
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Las autoridades federales también comenzaron a separar activamente líderes de las facciones violentas de otros presos en las cárceles del estado. Se pusieron en marcha operaciones militares y de la policía federal a gran escala en algunos estados para aplacar la violencia urbana. Aun así, estas medidas no deberían exagerarse: las tasas de homicidio comenzaron también a caer en estados como Alagoas, Bahía, Minas Gerais, Río Grande do Sul, que no recibieron mucha atención federal.
En tercer lugar, y posiblemente más importante, varios programas y proyectos de seguridad pública habían sido lanzados por los estados brasileños mucho antes de la elección presidencial de 2018. Los ejemplos incluyen trabajo policial orientado a los problemas y las medidas de prevención social en lugares como Ceará, Espírito Santo, Pará y Pernambuco.
Estas intervenciones se centraron en mejorar la formación policial, enfocar los recursos policiales en las áreas más empobrecidas y la participación de las comunidades locales de manera más directa en la planificación y ejecución de la seguridad. Además se impusieron controles más estrictos en algunas facilidades penitenciarias del Estado, aunque esto no impidió masacres en 2019 en algunas partes del país.
En cuarto lugar, factores estructurales como los cambios en la economía y la demografía de Brasil. Es concebible que la desaceleración de la economía brasileña entre 2014 y 2016 pudo haber aumentado los delitos contra la propiedad, mientras que las mejoras marginales desde 2018 han contribuido a la reducción de ellos.
Mientras tanto, la reducción a largo plazo en la población joven del país —más de un 12 por ciento desde 2000— también puede jugar un papel. Si bien estos y otros factores pueden haber contribuido en diversos grados, más estudio es necesario para comprender mejor su influencia específica.
La disminución continua de homicidios en 2019, mientras indudablemente positivo, ha tenido un precio. Si bien los niveles generales de homicidios han disminuido en los últimos veinte meses, los homicidios policiales aumentaron en un 23 por ciento en 2019, un récord histórico.
Adicionalmente, se han disparado los casos de violencia sexual y abuso racial. Aún más alarmante, han incrementado las desapariciones y se han descubierto fosas clandestinas, lo que indica la probabilidad de operaciones de limpieza social cometidos por la policía y la milicia.
Si bien las tasas de homicidio han bajado, Brasil aún tiene un récord de homicidios escalofriante en 2019. El ministro de Justicia informó que había "solo" 21.289 asesinatos en los primeros seis meses del año. Esto se compara con 27.371 para el mismo tiempo el año pasado, según el Monitor Violencia (Monitor da Violencia).
Mientras que las reducciones de homicidio se han registrado en todo el país, la mayor reducción ha sido en el noreste, donde la violencia entre facciones se ha disparado en los últimos años. No nos equivoquemos: Brasil sigue siendo el país más violento del mundo, y por mucho.
La fuerte retórica anticrimen la administración Bolsonaro, con un discurso de mano dura contra el crimen, ha incentivado a la policía a usar una fuerza letal excesiva.
La policía brasileña mató a unos 6.220 ciudadanos en todo el país en 2018, en comparación con 5.179 en 2017. Desde que Wilson Witzel, el gobernador de Río, lanzó su "guerra contra el crimen" en el año 2019, los homicidios policiales aumentaron a niveles no vistos desde finales de 1990 con al menos 1.075 víctimas reportadas en los primeros siete meses del año, su punto más alto en 20 años.
Al menos 120 francotiradores se han desplegado en toda la región metropolitana, con órdenes de disparar a cualquiera que esté armado, sin hacer preguntas. De hecho, al tomar los homicidios policiales en cuenta, la "reducción" de homicidios de Río era sólo de un 1 por ciento en el año.
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Cuando lo mismos efectivos de la policía mueren en una confrontación, también aumenta la violencia en represalias. Hubo 343 policías muertos en servicio y fuera de servicio en 2018, 87 en servicio y 256 fuera de servicio.
Esto se compara con 373 policías muertos en 2017. Un estudio de Río de Janeiro encontró que un asesinato policial podría aumentar cinco veces las muertes de civiles en la zona en el mes siguiente. Un análisis del Ministerio Público, la Policía Civil y datos de ISP en Río detectó un aumento del 70 por ciento en las muertes por armas de fuego cometidos por la policía en las zonas donde un oficial había sido matado.
El presidente pide más impunidad policial y su determinación para simplificar las leyes de armas también anima el “vigilantismo”. Desde el año 2018, cientos de miles de armas de fuego fueron registradas a nivel nacional, aunque nadie sabe el número exacto debido a los informes contradictorios de las autoridades públicas.
En el pequeño estado de Santa Catarina, por ejemplo, una nueva arma de fuego fue registrada cada 35 minutos en 2019. Esto es peligroso en un país donde casi tres cuartas partes de todas las muertes ya implican un arma de fuego.
El trabajo policial de mano dura puede generar un efecto de “enfriamiento" temporal en el crimen violento. Pero, los estudios de las intervenciones de mano dura en América Latina indican que estos impactos tienden a ser transitorios y de corta duración. También son seguidos frecuentemente por un aumento de la violencia letal mientras facciones adoptan tácticas cada vez más violentas en respuesta.
No son solo dolorosamente ineficaces en el medio plazo, sino que son económicamente ineficientes. Con la economía de Brasil en las rocas y el país enfrentando austeridad, esto es algo que el gobierno debe pensar.
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