El analista de seguridad mexicano, Alejandro Hope, presenta sus dudas sobre cómo está funcionando la Secretaría de Gobernación y los efectos que esto tiene en la seguridad pública y las políticas que surgen entorno a ella.
Elba Esther Gordillo fue detenida por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (aplauso de rigor y esperanza de que se pruebe el delito y no sólo las transacciones).
En otras noticias, las proverbiales bolas del proverbial engrudo se siguen formando en la Secretaría de Gobernación. Van los datos básicos de la pelotera:
1. Comisión Nacional de Seguridad: finalmente tenemos Comisionado Nacional de Seguridad. La semana pasada, el doctor Manuel Mondragón y Kalb fue ratificado por el Senado como primer portador de ese título. Para su desventura, es un comisionado sin comisión. Dos meses después de promulgada la reforma legal que liquidó a la SSP, la Comisión Nacional de Seguridad sigue siendo una entidad fantasmagórica (pero con página de internet, eso sí): no se han realizado los cambios al reglamento interior de la SEGOB para darle existencia jurídica y estructura a esa dependencia. Ignoro los motivos del retraso, pero se me ocurre que aún no acaban de decidir cúal va a ser la naturaleza legal de la comisión (¿Unidad administrativa de la SEGOB?¿Órgano desconcentrado?¿Órgano descentralizado?). Si después de 59 días no hay definición sobre ese punto básico, si no tenían una arquitectura administrativa minimamente definida ¿no será que se precipitaron un poquitillo al realizar la mayor fusión entre dependencias públicas en más de 20 años?
2. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el 15 de enero, el secretario Miguel Angel Osorio Chong nominó al ex-diputado José Ramón Martel para ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sujeto a la ratificación del Senado). Apenas un mes después, Martel renunció al puesto, por “razones personales”, según la versión oficial, y por “marcadas diferencias” y “deficiencias en la comunicación con el secretario Osorio”, segun versiones extraoficiales recabadas por La Jornada. Según parece, será sustituído por Monte Alejandro Rubido, ex-ocupante del cargo en el SESNSP y hoy por hoy secretario general del CISEN. Y digo parece porque hasta ahora no ha habido un anuncio oficial, sólo rumores en los medios. Por vía de mientras, una pieza clave de la estructura administrativa de la seguridad pública se mantiene sin titular.
3. Prevención del delito: Roberto Campa, subsecretario de prevención y participación ciudadana, tiene un programa que no es programa, sino bases de un programa con el objetivo de definir objetivos. Peor aún, tiene una subsecretaría que no es subsecretaría: como no se ha reformado el reglamento interior de SEGOB, la unidad administrativa del señor Campa no existe formalmente y, por tanto, no tiene facultades ni instalaciones ni estructura ni plazas ni presupuesto. En paralelo, el Centro Nacional de Prevención del Delito se quedó sin director desde hace dos semanas, tras la renuncia de Enrique Betancourt, un buen funcionario que venía de la administración anterior. No hay aún luz sobre quien será su sucesor. Tenemos pues subsecretaría inexistente y centro vacante. Pero, eso sí, hay un compromiso de “hacer de la prevención del delito una prioridad nacional”.
4. Gendarmería: en su reciente comparecencia en el el Senado, el doctor Mondragón afirmó que la Gendarmeria será “una policía de proximidad”, con “formación castrense”, la cual “verá delitos del fuero común”. Eso estaría muy bien, salvo por un pequeño detalle: en diciembre, el secretario Osorio señaló que la Gendarmería “iría a temas específicos, frontera, municipios rurales, en apoyo a las fuerzas estatales y por supuesto los puertos, los aeropuertos”. Luego entonces, ¿la gendarmería va a ser un cuerpo federal encargado, entre otras cosas, de delitos del fuero común en aeropuertos? ¿Cómo cuáles? ¿El robo de maletas? ¿Las riñas dentre pasajeros? Francamente, sigo sin entender. Y mi confusión no hace sino crecer tras la respuesta del doctor Mondragón a una pregunta sobre el proceso de creación de la dichosa Gendarmería (¿Se formará por reforma legal o por decreto presidencial?): “No conozco cuál será la figura jurídica, decreto o lo que sea”. A pesar de ello, Mondragón aseguró que “a diciembre de este año habremos de tener el primer grupo de Gendarmería con 10,000 elementos”. Dicho de otro modo, los responsables del tema no se ponen de acuerdo sobre las funciones de la nueva corporación y no saben como la van a crear formalmente, pero quieren tenerla operando en nueve meses. No pues chido.
5. Desapariciones: el 20 de febrero, Human Rights Watch presentó un reporte documentando 250 desapariciones forzadas, en 149 de las cuales habría habido participación de las autoridades. El dato ya es grave, pero más grave es lo que señaló ese mismo día Lía Limón, subsecretaria de asuntos jurídicos y derechos humanos de SEGOB: “en teoría, existe una base de datos de poco más de 27 mil personas [desaparecidas]”. Al día siguiente, el secretario Osorio le enmendó la plana a su subsecretaria al manifestar que “no tenemos una lista oficial todavía, porque la estamos construyendo, sí sabemos que se cuentan por miles”. Cuatro días después, la subsecrearia Limón volvió a la carga y, desmintiendo a su jefe, dio a conocer una lista oficial de 26,121 personas desaparecidas o extraviadas, compilada al parecer por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), organismo dependiente de la PGR. Sin embargo, la lista acabó sembrando más dudas de las que aclaró: 27% de los casos corresponde a desapariciones o extravíos en el Distrito Federal. Si al DF se le suman el Estado de México, Jalisco y Guanajuato (no exactamente el mapa de la guerra contra el narco), se llega al 54% de los registros. Quintana Roo tiene dos veces más casos que Chihuahua y Yucatán veinte veces más que Coahuila. Es, en resumen, una lista de quién sabe qué, construída quién sabe cómo. Pero ahora ya es registro oficial y no queda más que buscar o depurar: buena suerte a quien (¿la PGR?) se haga cargo de esas ingratas tareas (sólo espero que se acuerden que se la deben a la subsecretaria Limón).
En conclusión, va una respetuosa solicitud a la Secretaría de Gobernación: organícense ya. Queremos hablar de ustedes por algo que no sea desorden e improvisación.
Publicado con el permiso de *Alejandro Hope, de Plata o Plomo, un blog sobre la política y la economía del crimen publicado por Animal Político. Lea el original aquí. Hope es también miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.
SUSCRIBIRME