¿Qué significa la condena de Tony Hernández para la narcopolítica en Honduras?

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Una corte estadounidense declaró culpable al hermano del presidente de Honduras por cargos de tráfico de drogas y armas. Tras la resolución judicial aún persisten serios interrogantes sobre el impacto que la condena tendrá en las estructuras criminales infiltradas en el país centroamericano.

Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado hondureño y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por los cuatro cargos en su contra, entre los que se cuentan narcotráfico y falso testimonio ante las autoridades, según anunciaron los jurados el 18 de octubre.

El presidente Hernández reaccionó a la noticia en Twitter, diciendo que sentía “gran tristeza” y que rechazaba “cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo”.

Los fiscales que acusaron a Tony Hernández en el juicio, que se inició el 2 de octubre y duró dos semanas, se basaron en su mayoría en el testimonio de varios traficantes, entre quienes se contaron los jefes de importantes clanes narcos y funcionarios de gobierno. Todos declararon que Hernández les brindaba protección y manejaba cargamentos de drogas.

En Twitter, el presidente Hernández volvió a señalarlos.

“¿Qué puede decirse de una sentencia basada en testimonios de asesinos confesos?”, señaló.

Tony Hernández fue aprehendido en la ciudad de Miami en noviembre de 2018, y durante el transcurso del siguiente año se conocieron en los expedientes las conexiones con narcotraficantes que por años habían sido solo rumores.

El emblemático juicio tuvo reverberaciones desde el primer día. Para abrir el juicio, el fiscal Jason Richman afirmó en su alegato inicial que el exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, había entregado personalmente US$1 millón al exdiputado para el actual presidente de Honduras, su hermano.

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Las denuncias de corrupción oficial que facilitaron la conspiración de Tony Hernández para traficar narcóticos fueron una constante a lo largo del juicio. Un testigo, Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, declaró que la policía y el ejército hondureños tuvieron una participación importante en la protección de cargamentos de drogas y de traficantes, entre ellos el exjefe de policía Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre”.

Otro testigo clave, Amílcar Alexánder Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso en el departamento de Copán en Honduras, declaró que en 2009 entregó coimas de ingresos del narcotráfico al expresidente Porfirio Lobo y al entonces diputado Juan Orlando Hernández por US$2 millones para contribuir a la financiación de sus respectivas campañas a cambio de protección e información que contribuyera a su seguridad.

El mismo testimonio de Tony Hernández se usó para demostrar sus conexiones con notorios narcos hondureños, como los líderes de los grupos criminales Los Valle y Los Cachiros. El exjefe de Los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga, también atestiguó que entregó dinero del narco tanto a Tony como a Juan Orlando Hernández.

Una de las evidencias más contundentes entre las presentadas por la parte acusadora fue una “narcolibreta”, o libro de contabilidad, que presuntamente detallaba cargamentos de cocaína recibidos y distribuidos por Tony Hernández. Entre otras entradas había un pago de US$440.000 para “JOH y su gente”. No se especificaba si las letras designaban al presidente, pero por largo tiempo el actual mandatario hondureño ha sido nombrado por sus iniciales, que se ven con frecuencia en afiches a favor o en contra suya.

Tony Hernández ahora enfrenta por ley una sentencia mínima de 30 años y una máxima posible de pena perpetua. El fallo lo oirá el 17 de enero de 2020.

Análisis de InSight Crime

La condena de Tony Hernández solo podía suceder en Estados Unidos.

Por más de una década, el exdiputado y sus coconspiradores lograron usar sus conexiones con la élite política de Honduras y miembros corruptos de los organismos de seguridad para proteger sus operaciones de narcotráfico. Solo después de que los fiscales estadounidenses señalaran a Hernández y lo acusaran de ser un narco importante quedó claro que podría terminar en prisión. 

El presidente Hernández ha recalcado su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, en parte mediante la extradición de traficantes, muchos de quienes, irónicamente, terminaron testificando contra Tony con la esperanza de recibir penas de prisión más cortas. 

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Pero el hecho de que se necesitara un juicio muy publicitado en Estados Unidos para desarticular una de las estructuras criminales más importantes que se haya visto en Centroamérica en los últimos años, de la que hacían parte políticos en funciones y policías activos, es una muestra de que las instituciones estatales en Honduras aún deben alcanzar la autonomía y la capacidad necesarias para lograr atacar a las redes criminales.

Aunque la condena de Tony Hernández es extraordinaria, es probable que sea insuficiente para eliminar la sombra de la narcopolítica que sigue acechando las élites empresariales y el gobierno del país, incluyendo al mismo presidente. 

Estas estructuras criminales se mantienen y se mantendrán mientras Estados Unidos siga considerando al actual presidente, señalado de participar en la conspiración de su hermano por narcotráfico, como un aliado digno de la asistencia estadounidense en materia de seguridad.

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