Los días 9 y 10 de septiembre la Fiscalía General de Venezuela organizó una conferencia llamada "Prevención y Seguridad Ciudadana". El encuentro buscó reunir representantes gubernamentales, académicos, funcionarios de la policía y organizadores comunitarios para discutir la prevención "como herramienta indispensable para garantizar seguridad ciudadana".
El evento reunió un grupo diverso, incluyendo al vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, José García Pinto, al ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, a los profesores de la Universidad Central de Venezuela Andrés Antillano y Keymer Ávila, a voceros de los consejos comunales y a otros activistas de la comunidad.
Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
Marino Alvarado, director de PROVEA, una importante ONG venezolana de derechos humanos, también asistió al evento. PROVEA ha mantenido una tensa relación con el gobierno durante los últimos años debido a sus críticas a temas como el acceso a la vivienda, la seguridad ciudadana y los derechos de los indígenas.
El discurso de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, promovió el uso de políticas progresivas y no punitivas para reducir el crimen. Destacó la prevención del delito "anticipadamente” como una de las funciones vitales de la nueva Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuyos agentes están entrenados para usar el diálogo y la mediación con el fin de evitar la intensificación de los conflictos. Describió el nuevo modelo policial como "complementario y fortalecedor del compromiso hecho por el Ejecutivo Nacional con la seguridad ciudadana basada [...] en el trabajo preventivo en las comunidades".
También abogó para que el enfoque al uso de drogas en el país esté centrado en el tratamiento, sugiriendo que las respuestas punitivas a este y otros crímenes generan conflictos y violencia y no resuelven la problemática.
Ortega Díaz anunció la creación de una organización de prevención a nivel nacional que conectaría las "fuerzas en una ofensiva nacional de prevención, donde [se uniría] la experiencia adquirida por cada institución".
La conferencia representa una continuación de los esfuerzos hechos por el gobierno de Chávez -y ahora de Maduro- para reducir el crimen a través del desarrollo de estrategias de seguridad no punitivas. Algunos de los participantes que han sido críticos frente a los esfuerzos del gobierno señalaron que los funcionarios se mostraron abiertos a escuchar sobre las evaluaciones negativas que se han hecho a tanto a la prevención del crimen como a la reforma de la policía, y a discutir enfoques participativos, preventivos y holísticos.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre políticas de seguridad
Sin embargo, los comentarios hechos por el ministro del Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres apenas unos días antes de la conferencia plantean preguntas con respecto a cuál podría ser el ámbito de estas políticas progresistas.
En una entrevista días antes de la conferencia, Rodríguez Torres atribuyó la mayor parte de los crímenes violentos en Venezuela a la violencia de las pandillas, un asunto que él no considera que esté dentro del ámbito de la seguridad ciudadana. El ministro afirmó que 76 de cada 100 muertes en Venezuela se deben a enfrentamientos entre bandas o pandillas y la policía. Estos, concluyó, no son directamente atribuibles a un problema de seguridad ciudadana en el país, sino a las “diferencias entre bandas que han desarrollado una cultura de la violencia y de las armas tal, que la única solución a sus diferencias es matarse unos con otros. Lo contengas hoy o no en algún momento ellos se van a buscar y se van a matar”.
En la misma entrevista planteó el interrogante de “¿Qué está pasando en la sociedad que las diferencias de una pareja se resuelven de esa manera [violenta]? Son muertos, son homicidios, eso se suman a los números, pero no es un problema de seguridad ciudadana. Son problemas del hogar”.
La lógica del ministro es común en Venezuela, y efectivamente hace de la violencia un problema de los ciudadanos, en lugar de abordarla como una problemática de seguridad ciudadana. Sus declaraciones hacen que sea difícil conocer su opinión sobre el tipo de violencia que debería ser prevenida por el gobierno venezolano.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela
Los científicos sociales Verónica Zubillaga y Manuel Llorens criticaron los comentarios de Rodríguez Torres, sugiriendo que su discurso impide una discusión sobre cuáles prácticas institucionales y políticas son las principales responsables de que se presenten este tipo de crímenes -por ejemplo la violencia policial desenfrenada y la amplia disponibilidad de armas de fuego y municiones.
Las discrepancias entre las declaraciones de la fiscal general y el ministro reflejan las tensiones entre los modelos policiales civiles y militarizados, que han estado presentes desde que el gobierno de Chávez comenzó a adelantar esfuerzos para la implementar una reforma policial.
De hecho, pocos meses después de la inauguración de la PNB en 2009, el presidente Chávez también aprobó la creación del DIBISE, un plan que puso a miles de agentes de la Guardia Nacional en las calles para llevar a cabo tareas de seguridad ciudadana para las cuales no estaban capacitados –sus técnicas están basadas en la detención y el registro. Los más recientes lanzamientos del "Plan Patria Segura" y del "Patrullaje Inteligente" también sugieren una continuación de los enfoques militarizados.
Los resultados se pueden ver en las cifras. Dos años después de que DIBISE entró en vigor, la población carcelaria de Venezuela había aumentado de 30.483 a 50.000. Además, la investigación ha mostrado que las estrategias policiales militarizadas criminalizan desproporcionadamente a los jóvenes pobres y se concentran en la delincuencia callejera a pequeña escala.
*Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
SUSCRIBIRME