¿Quién apagó las luces en Michoacán, México?

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Una serie de enfrentamientos violentos y aparentes ataques indiscriminados contra la infraestructura local, han generado dudas sobre la gobernabilidad del estado mexicano de Michoacán, al occidente, y algunos políticos han hecho un llamado para implementar medidas extremas.

El 27 de octubre, un grupo de asaltantes atacó al menos tres estaciones de gasolina y diez plantas eléctricas con armas de fuego y bombas molotov. Los ataques no mataron a nadie, pero dejaron a miles de residentes en algunas de las principales ciudades, incluyendo la capital de Morelia, sin electricidad. Las autoridades desde entonces han alegado que los Caballeros Templarios, actualmente el grupo criminal más poderoso del estado y una rama de la Familia Michoacana que apareció en 2011, estuvieron detrás del ataque.

Los ataques contra los proveedores estatales de electricidad y gasolina se produjeron sólo cinco días después del regreso de Fausto Vallejo al cargo de gobernador, después de una ausencia de seis meses por una enfermedad no revelada. El regreso de Vallejo provocó controversia; los periodistas informaron que el gobernador interino, Jesús Reyna, no quería renunciar al cargo, y los diputados en la legislatura estatal pidieron que se le negara a Vallejo su antigua posición.

La agitación por la gobernación, los ataques contra la infraestructura energética básica y el ritmo de la violencia criminal han llevado a algunos en Ciudad de México a cuestionar la viabilidad del gobierno de Michoacán. El bloque del Partido Acción Nacional en la Cámara Nacional de Diputados anunció días después que estaba considerando la búsqueda de una declaración de “Desaparición de Poderes”, una disposición poco utilizada de la constitución mexicana que esencialmente otorgaría al gobierno federal el derecho de asumir el control del gobierno local.

Hasta ahora, sin embargo, la propuesta no ha avanzado, y los analistas políticos ven pocas posibilidades de que sea aprobada.

Análisis de InSight Crime

Los ataques contra las plantas eléctricas y las estaciones de servicio representan otra escalada por parte de los distintos actores armados en Michoacán. En los últimos meses, los Caballeros Templarios han utilizado una serie de nuevas estrategias para promover sus intereses, como el bloqueo de las ciudades controladas por los grupos de autodefensas locales que se oponen a ellos. Al igual que esos esfuerzos, este último acto parece apuntar a la conveniencia y al bienestar de la población civil.

Pero los ataques del 27 de octubre también parecen ser un mensaje para el gobierno. Es de destacar que los ataques se produjeron poco después del regreso de Vallejo; este podría ser un intento para intimidar a la gobernación. También cabe resaltar que las plantas de energía y estaciones de servicio están ambas controladas por compañías estatales importantes -las gasolinerías operan bajo la marca Pemex, mientras que las centrales eléctricas pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad- lo que sugiere que los ataques fueron una afirmación de poder dirigida al estado.

La situación de Michoacán es inusual en la medida en que se ha extendido por fuera del ámbito de la seguridad, y ha ayudado a provocar una crisis política a gran escala. Los ejemplos más claros son los rumores de una absorción federal y una interrupción misteriosa; y el retorno tumultuoso de Vallejo. Además, Luisa María Calderón, la hermana del expresidente Felipe Calderón y la segunda detrás de Vallejo en las elecciones de 2011, acusó a la familia del gobernador de tener vínculos con el crimen organizado. Añadió que él negoció con grupos de narcotraficantes antes de ganar las elecciones.

Ciertamente, existen ejemplos pasados en los que una crisis de seguridad se transforma en un escándalo político. Por ejemplo, en un video publicado poco después del desastre de Casino Royale, salió al aire un video en el que el hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, parecía estar aceptando sobornos de los casinos locales. Esto condujo a una falta de confianza generalizada y una oleada de llamados para que él se hiciera a un lado, aunque Larrazabal permanece en su cargo.

No obstante, estos casos son raros. En general, hay un grado de separación entre la seguridad pública y la legitimidad política. Los funcionarios políticos, sólo ocasionalmente han sido blanco en investigaciones de corrupción relacionadas con el crimen organizado, y la clase política (especialmente en Ciudad de México) a menudo ha sido acusada de no prestar suficiente atención a las cuestiones de seguridad. Por otra parte, en muchos de los lugares más famosos, graves deterioros en la seguridad ni siquiera han provocado cambios en el partido en el poder. En ese sentido, Michoacán es un caso atípico.

Esto es aún más el caso cuando se considera que, pese a su reputación, Michoacán no es un estado terriblemente violento. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado registró una tasa de homicidios de cerca de 19 por cada 100.000 habitantes en 2011 y 2012, la cual es inferior al promedio nacional. En los primeros nueve meses de 2013 el estado tuvo una tasa anual de 21, que es un poco por encima de la tasa nacional de este año, pero no está cerca de los estados más violentos.

Por desgracia, los dos principales ámbitos de actividad que afectan la seguridad pública -el gobierno y los grupos criminales- parecen destruirse por la inestabilidad. No está claro lo que la reciente agitación en Michoacán promete para el estado, pero hay pocas esperanzas de una mejora duradera en la seguridad y el fin de los molestos ataques de los Caballeros Templarios, sin cambios profundos en la dinámica imperante.

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