Ratifican condena a expresidente de Brasil, pero sistema sigue favoreciendo a las élites

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El pasado 24 de enero, un jurado de apelaciones conformado por tres jueces ratificó de manera unánime la condena al expresidente Lula, por acusaciones de haber aceptado coimas de la constructora OAS. Los fiscales señalaron que la firma dio a Lula un apartamento frente a la playa, y que a cambio del favor, el exmandatario ayudó a la firma a obtener lucrativos contratos de obras públicas.

Los cargos se formularon como parte de una histórica ola de procesos judiciales contra la corrupción dirigidos a las élites de Brasil, que en conjunto recibieron el nombre de investigaciones “Lava Jato” o “Autolavado exprés”. La monumental iniciativa anticorrupción puso al descubierto la sistematicidad de los sobornos y el tráfico de influencias entre importantes firmas brasileñas e importantes políticos.

Contrario a lo que insinúan algunas noticias de prensa, Lula no corre el riesgo de ir a prisión de inmediato tras la decisión de la corte de apelaciones. Según un comunicado divulgado por las cortes, el expresidente aún tiene otras posibilidades de interponer recursos legales, y solo podrá emitirse una orden de captura una vez estos se hayan agotado.

Pese al escándalo en el que está envuelto, Lula sigue a la cabeza en las encuestas de prevén el resultado de las elecciones presidenciales programadas para octubre. Pero los cargos penales en su contra, que irían más allá del caso relacionado con el apartamento, pueden afectar su elegibilidad como candidato.

Orden y progreso

Lula es apenas uno de un gran número de influyentes miembros de la élite brasileña que fueron blanco de las iniciativas de gran alcance contra la corrupción. Y aunque muchos acusados, como Lula, han alegado que se trata de una persecución política, sus casos han pasado por el sistema de justicia con relativa imparcialidad.

Las investigaciones de Lava Jato apuntaron a políticos de todos los partidos. El año que pasó, por ejemplo, expresidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, de la derecha, fue sentenciado a quince años de prisión por acusaciones de corrupción. Los fiscales también hicieron múltiples intentos por llevar a juicio al presidente en funciones Michel Temer, aunque esos esfuerzos se vieron frustrados por el congreso.

Existe la opinión generalizada de que el Lava Jato ha permitido llevar ante la justicia a una variedad de poderosos actores políticos y económicos que participan de un sistema de corrupción generalizada, tanto en Brasil como en el resto del continente americano. Sergio Moro, uno de los jueces claves en el manejo de esos casos señaló que la experiencia de los últimos años demuestra que “puede hacerse mucho aun en el actual sistema, siempre y cuando se enfrente y se trate el problema con seriedad”.

Sin embargo, en el intrincado sistema judicial de Brasil, hay varios problemas con la manera como se procesan los casos de corrupción de la élite en lo que respecta a los privilegios especiales que se conceden a los políticos.

Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, los políticos brasileños gozan de inmunidad especial frente a procesos judiciales durante el ejercicio de sus cargos. Como resultado de ello, el congreso brasileño —una tercera parte de cuyos miembros han sido acusados de delitos— debe votar si permite o no el avance de procesos penales cuando el acusado es un funcionario con investidura. Este proceso ha librado a Temer dos veces de ir a juicio.

Las investigaciones de Lava Jato también han dependido bastante del uso del principio de oportunidad, el cual, como lo describió recientemente el exfiscal general Rodrigo Janot, es un instrumento “que ha resultado exitoso” en investigaciones contra la corrupción. Según Janot, el principio de oportunidad permite abrir fisuras y desmantelar organizaciones criminales dando a los investigadores una mirada dentro de lo que de otro modo serían grupos “herméticamente cerrados”.

Pero como InSight Crime ha relatado en anteriores oportunidades, la reducción y en ocasiones eliminación de las sentencias en prisión que logran los imputados de alto perfil pueden “crear la impresión de que la información puede comprar impunidad en delitos graves”, y puede no satisfacer la demanda de justicia de los ciudadanos.

Los imputados en casos de corrupción de alto nivel también tienen muchas más vías de apelación en el sistema judicial del país que el brasileño promedio. Mientras que acusados en casos de narcotráfico de poco monto suelen pasar más tiempo en prisión en espera de un juicio que lo que pasarían si llegaran a ser condenados, a miembros de la élite, como Lula, por lo general se les permite conservar su libertar mientras montan prolongadas defensas legales.

Batallas políticas

Los casos recientes de corrupción entre la élite han pasado con relativa imparcialidad por el sistema judicial de Brasil y se han dirigido contra funcionarios de todos los principales partidos políticos, pero aún así poderosas fuerzas políticas han intentado manipular, obstruir y politizar dichos esfuerzos.

El escándalo que rodea a Lula ha sido especialmente propenso a la politización. Funcionarios y seguidores del partido de Lula, el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores – PT), han usado el caso para argumentar su opinión de que el sistema judicial ha emprendido una cacería de brujas política contra el PT y sus aliados.

“Claramente busca perseguir a los gobernadores del PT, los diputados del PT”, comentó a InSight Crime Leila Tavares, una de las organizadoras de una manifestación los días previos al juicio. “Hay una dimensión irreal en este proceso que está dando lugar a la criminalización del PT y de la izquierda en general”.

Hay poca evidencia de que los fiscales hayan perseguido injustamente al PT en relación con otras facciones políticas, pero es innegable que los rivales políticos han aprovechado la oportunidad para enlodar la imagen de Lula y de paso limpiar su propia imagen.

Matthew Taylor, profesor de la American University quien ha seguido de cerca los casos del Lava Jato, comentó luego del reciente veredicto que no había visto señales de sesgo partidista en la actuación de las cortes. Pero, señaló, el PT ha recibido un golpe importante a su reputación.

“El PT era el partido gobernante en el momento del escándalo, de manera que es lógico que el PT y sus aliados lleven la peor parte en esto”, puntualizó Taylor. “Esta es una batalla a la vez legal y política. El PT ha capoteado ambos lados con mucha habilidad. Lo cierto es que jueces y fiscales solo pueden hundir uno de ellos”.

Puede que la investigación y el enjuiciamiento de los casos del Lava Jato se haya realizado de manera imparcial, pero eso no significa que las élites hayan respaldado el proceso. A lo largo de las investigaciones del Lava Jato, muchos miembros de la élite brasileña han tratado de protegerse intentando obstruir la iniciativa anticorrupción.

El ejemplo más notable de esa dinámica fue la maniobra que logró derrocar a la presidenta Dilma Rousseff de su cargo. Aunque el proceso de juicio político que eventualmente llevó a la destitución de Rousseff estuvo basado en denuncias que no tenían relación con el escándalo de corrupción, algunos miembros de la élite implicados en las investigaciones de Lava Jato creía que su salida de la presidencia “detendría el desangramiento” de la cruzada contra la corrupción.

Temer, por ejemplo, fue acusado de pedir a un empresario que pagara un soborno al expresidente de la cámara Cunha, para evitar que entregara más evidencia en los casos de corrupción. La administración de Temer también recortó el presupuesto para la fuerza de tarea policial responsable de las investigaciones del Lava Jato.

Panorama sombrío

Pese a los escándalos que rodean a Lula, encuestas recientes lo muestran como el candidato presidencial más popular. Esto indica que la ciudadanía brasileña experimenta cierto grado de “cansancio de la corrupción”. Desde 2015, los brasileños perciben la corrupción como el principal o uno de los principales problemas que enfrenta el país. Pero, solo la mitad de los brasileños encuestados el año pasado creían que las investigaciones del Lava Jato llevaran a una reducción real de la corrupción.

Sin duda, si Lula llegara a la presidencia, el futuro de la operación Lava Jato podría ponerse en discusión. El expresidente ha atribuido la culpa a las investigaciones de corrupción por sumir la economía brasileño en un caos, y ha propuesto la implementación de restricciones a los medios, a los que describe como cómplices en un complot político mayor contra el PT. Más aún, gran parte de su base cree que las investigaciones por corrupción han sido injustas con Lula y el PT, y enfrentaría poca oposición de otras élites implicadas en el escándalo si llega a poner fin a las investigaciones.

El candidato que más se acerca a Lula en las encuestas, el congresista de extrema derecha y exoficial del ejército Jair Bolsonaro, ha desatado controversias por sus comentarios racistassexistashomofóbicos. Pero al contrario de otros aspirantes presidenciales, ha logrado mantenerse incólume en las investigaciones del Lava Jato. Aun si se permitiera a Lula participar en las elecciones, muchos votantes brasileños pueden estar dispuestos a ponerse del lado de Bolsonaro y no de un candidato cuya reputación se ha visto mancillada por su asociación con el mayor escándalo de corrupción de la historia del país.

Sin embargo, el compromiso de Bolsonaro de continuar las investigaciones del Lava Jato puede no estar blindado. Ha expresado un firme respaldo a la iniciativa anticorrupción, e incluso calificó de “histórica” la decisión sobre la condena de Lula. Pero los informes de prensa indican que el mismo Bolsonaro puede estar implicado en actividades sospechosas que les ayudaron a él y a sus hijos a adquirir millones de dólares, lo que puede motivarlo a sumarse a mucha parte del resto de la clase política brasileña en su oposición a que continúe el esfuerzo del Lava Jato.

Como InSight Crime informó recientemente, el flujo al parecer interminable de los escándalos de corrupción ha contribuido al estancamiento de la economía brasileña, con la reducción de los recursos disponibles para el gasto en seguridad, y ha desviado la atención del gobierno brasileño de problemas de seguridad apremiantes, incluyendo una guerra entre las dos mayores pandillas del país que está atizando la violencia en todo el país.

Con las crisis de seguridad en Brasil llegando al punto más álgido de su historia y la expansión de las organizaciones criminales locales al exterior, lo más probable es que la polarización de escenario político motivado por la continuación del movimiento anticorrupción siga entorpeciendo los esfuerzos por dar solución a otros problemas importantes relacionados con el crimen.

 

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