Razones por las cuales América Latina domina el ranking mundial de homicidios

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Año tras año, América Latina y el Caribe dominan los rankings globales de homicidios por ciudad y por país. ¿Qué es lo que distingue a este rincón del planeta del resto del mundo? ¿Y qué es lo que lo hace tan violento, que lleva a los expertos a describir la situación como una “epidemia de homicidios”?

Con la excepción de algunos pocos centros urbanos de Estados Unidos y Sudáfrica, el más reciente ranking anual de las 50 ciudades más violentas del mundo publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) está conformada enteramente por sitios de América Latina y el Caribe. La lista incluye 43 ciudades de la región con tasas de homicidios que van desde un poco menos de 35 por cada 100.000 habitantes hasta más de 111 por cada 100.000.

Por noveno año consecutivo, la organización no gubernamental mexicana compiló datos de homicidios voluntarios (excepto los cometidos en guerra abierta) en ciudades de más de 300.000 habitantes, usando fuentes oficiales o alternativas, “cuyos métodos de estimación y cálculo pueden ser verificados”.

Solo tres países —Brasil, México y Venezuela— concentran más de dos tercios de las ciudades de la lista. (Dos centros urbanos venezolanos presentes en la lista del año pasado fueron sacados de la clasificación este año debido a falta de datos confiables).

InSight Crime hace un análisis de los hechos detrás de las cifras y de las razones de este fenómeno.

El crimen organizado como un factor clave

El crimen organizado y las economías ilegales relacionadas con este son uno de los principales generadores de violencia en América Latina y el Caribe.

Los Cabos, la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo, y una de las cinco dentro de las 10 primeras de la lista del CCSPJP, experimentó un aumento de casi el 300 por ciento en los asesinatos debido a enfrentamientos entre facciones del Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta confrontación ha llevado a que el estado de Baja California Sur sea el segundo más violento de México. La capital del estado, La Paz, ocupó el sexto lugar en el estudio del CCSPJP. A nivel nacional, los grupos criminales de México pueden haber sido responsables de hasta el 75 por ciento de los niveles récord de homicidios en 2017.

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Los gobiernos suelen atribuir una cantidad desproporcionada de la violencia a los grupos criminales. Pero si bien los conflictos criminales sin lugar a dudas suben los niveles de homicidios, el crimen organizado es solo una parte del problema.

En el año 2016, por ejemplo, menos del 60 por ciento de los homicidios de México fueron atribuidos a grupos criminales, lo que significa que otros actores fueron responsables de unos 10.000 homicidios. Y la presencia de una fuerte ilegalidad no se traduce automáticamente en mayores tasas de homicidio: Medellín, Colombia, tuvo una de las disminuciones más destacadas de la región en las tasas de homicidio durante dos décadas, gracias en parte a una larga tregua entre los actores criminales más poderosos de la ciudad, que en realidad pudo haber fortalecido a los grupos criminales.

Deficientes respuestas estatales

Al tratar de enfrentar los altos niveles de violencia, los gobiernos de América Latina y el Caribe suelen adoptar políticas que atizan el fuego.

El uso excesivo de fuerzas militarizadas para tareas de seguridad interna ha contribuido al incremento de los niveles de violencia en general. De hecho, los países con la mayor presencia en el ranking, Brasil, México y Venezuela, han optado por la militarización y las políticas de uso de la fuerza como parte de sus estrategias de seguridad.

En Venezuela, por ejemplo, las fuerzas de seguridad fueron responsables de un impresionante 20% de los asesinatos el año pasado —más de 5.500 del total neto del país, que fue de 26.000—. En Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo, según el ranking del CCSPJP, Runrun.es informó que esta cifra podría superar 40 por ciento.

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El uso excesivo de la violencia se encuentra enraizado en los organismos de seguridad latinoamericanos, muchos de los cuales todavía están lidiando con la herencia de los gobiernos dictatoriales. Como resultado, a los países de la región se les dificulta mejorar la calidad de sus investigaciones policiales y criminales, y recomponer las relaciones entre las instituciones policiales y las comunidades que pretenden proteger. Algunos estudios han establecido una correlación entre la pérdida de confianza de las comunidades en la policía —un patrón que se repite en toda la región— y los niveles de criminalidad, así como la “propensión” de las comunidades hacia el crimen organizado.

Las políticas de militarización también contribuyen al desarrollo de sociedades con acceso a armas, y la amplia disponibilidad de armas de fuego se cita a menudo como un importante factor que contribuye a las altas tasas de asesinato en América Latina y el Caribe.

Sigue siendo poco clara la relación exacta entre la fácil disponibilidad de armas y las altas tasas de homicidio. Pero un flujo de armas legales e ilegales no es por cierto positivo en una región en donde aproximadamente tres de cada cuatro asesinatos se cometen con armas de fuego.

La sociedad como víctima y victimario

Los altos niveles de violencia tienen efectos claramente negativos en las sociedades urbanas. Un estudio multidisciplinario, publicado el año pasado por el Centro Woodrow Wilson, señaló que la exposición de manera intensa y crónica a la violencia afecta el desarrollo de los niños en etapas cruciales, eventualmente deteriorando su capacidad para sentir empatía, y por lo tanto derribando una de las principales barreras de los individuos para cometer asesinatos.

Al tiempo que la violencia destruye el tejido social, las sociedades también tienen una gran parte de la responsabilidad en la generación de delitos violentos. Por ejemplo, las sociedades con altos niveles de desigualdad socioeconómica tienden a tener mayores tasas de homicidios y violencia en general, mientras que factores como altos niveles de desempleo juvenil también tienden a elevar las tasas de homicidio.

El año pasado, un informe que examinó este fenómeno en El Salvador, descubrió que la vinculación a pandillas violentas como la MS13 era percibida cada vez más como una opción laboral por los jóvenes de comunidades pobres que buscaban obtener ingresos para sostener a sus familias.

Además de la desigualdad, hay muchos otros factores sociales que pueden contribuir a la violencia. Un estudio de agosto de 2016 realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó cuatro factores generadores de violencia en ciudades de América Latina: “penurias económicas, desintegración familiar, inestabilidad residencial y consumo de alcohol”.

El asesinato como resolución de conflictos

David Weisburd, profesor de George Mason University, le dijo a InSight Crime que existen razones de sentido común por las que la violencia tiende a concentrarse en ciertos sectores de la sociedad, especialmente los más marginados.

“Las personas más pobres viven en situaciones de presión. Los recursos son limitados y hay demasiada competencia”, dice Weisburd. “El gobierno está ausente en esos lugares, y por eso las comunidades son más propensas a tomarse la justicia por sus propias manos”.

Weisburd explica que las falencias del gobierno para garantizarles la justicia a las víctimas pueden contribuir a los ciclos de violencia.

“La violencia y los homicidios suelen ser medios de control social; son medios por los cuales la gente ejerce lo que entiende por justicia”, señaló. “Cuando las relaciones de vecindad normales no están funcionando, la gente acude al control formal del gobierno, y después acuden a los agentes no gubernamentales. Y sospecho que hay mucha más violencia cuando todos estos grupos fallan al mismo tiempo.”

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La impunidad y la corrupción son factores que se suman a las deficientes respuestas de los estados ante la delincuencia y los homicidios, y a su vez pueden enviar el mensaje de que los asesinatos están en efecto permitidos.

El director del CCSPJP, José Antonio Ortega, le dijo a InSight Crime que los principales factores que conducen a la violencia en la región son “una larga tradición de violencia y un débil estado de derecho”.

“El tráfico de drogas no es el problema central, es más bien uno de sus generadores”, dijo Ortega, quien se refirió a una de las experiencias de la región con más logros en la reducción de los homicidios: São Paulo, la ciudad más grande Brasil, logró reducir la violencia adoptando medidas para asegurar que los autores fueran llevados ante la justicia.

Esto coincide con estudios previos que han establecido una correlación entre los niveles de impunidad y la frecuencia de los linchamientos —un fenómeno que al parecer va en aumento en algunos países—.

Los medios informales comunitarios como mecanismos de resolución de conflictos pueden compensar las falencias del Estado, señala Weisburd. Pero en el caso de América Latina y el Caribe, el desarrollo de estos mecanismos comunitarios pacíficos se pudo haber visto impedido por el surgimiento de milicias y grupos paramilitares que impusieron sus propias formas de control social.

El tema del aumento de las tasas de homicidios es una prioridad en la agenda de muchos líderes de la región. Las autoridades deben considerar cómo interactúan estos factores y cómo abordarlos, tanto individualmente como en su conjunto, con el fin de combatir este perenne problema.

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