Las autoridades de Guatemala detuvieron al director del instituto de seguridad social del país, quien tiene vínculos estrechos con el presidente Otto Pérez Molina, como parte del más reciente escándalo de corrupción que amenaza a la presidencia.
El 20 de mayo, las autoridades de Guatemala detuvieron al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, por cargos de fraude, informó elPeriodico. Otros quince sospechosos, entre los que se encuentra Julio Roberto Suárez Guerra, vicepresidente del IGSS y presidente del Banco Central de Guatemala, habían sido capturados ese mismo día por supuestos vínculos con un contrato irregular que el IGSS adjudicó a la empresa farmacéutica Pisa en octubre de 2014.
Tras la primera ola de arrestos, Rodríguez, exmilitar y secretario privado del presidente Pérez Molina, huyó de su casa en ciudad de Guatemala. Más tarde fue capturado en un hospital.
El IGSS aprobó un contrato con la compañía farmacéutica por un valor de más de US$15 millones, aunque la empresa no cumplía con las normas básicas exigidas por el gobierno y no logró proporcionar tratamiento de diálisis a pacientes con problemas renales, informó La Hora. Según los fiscales, los presuntos participantes en el caso se apoderaron del 15 o 16 por ciento de ese dinero, unos US$2,27 millones. Se cree que las deficiencias en los tratamientos causaron la muerte de al menos 13 pacientes, informó Prensa Libre.
Entre los capturados también se encuentra el exasesor financiero de la subgerencia del IGSS, Otto Molina Stalling, hijo de la jueza del Tribunal Supremo Blanca Stalling, informó elPeriodico.
El día después de los arrestos, Mauricio López Bonilla renunció como ministro del Interior de Guatemala.
El presidente de nuevo en la mira
Durante años, Rodríguez fue una figura poderosa cuya influencia alcanzó las altas esferas de la política guatemalteca. “Durante toda la gestión [de Pérez Molina, Rodríguez] ha sido un hombre de mucha confianza, del círculo más cercano del presidente”, le dijo a InSight Crime Manfredo Marroquín, director del grupo de la sociedad civil guatemalteca Acción Ciudadana.
En abril de 2013, Pérez Molina nombró a Rodríguez como director del IGSS, el cual, según Marroquín, es “uno de los puestos más importantes del Estado”, porque es “una de las pocas instituciones que cuenta con gran cantidad de recursos financieros”.
Se sospecha que el IGSS ha utilizado su enorme presupuesto (casi US$2 mil millones en 2014) para otorgar contratos falsos a turbios proveedores de servicios médicos elegidos sin licitación previa. Pero los analistas dicen que el control que los operadores políticos ejercen sobre el sistema judicial de Guatemala ha logrado en gran parte mantener en secreto las fechorías de los funcionarios del IGSS... hasta ahora.
Teniendo en cuenta las buenas conexiones de Rodríguez, su arresto indica que ningún funcionario gubernamental tiene inmunidad política suficiente para evadir las más recientes investigaciones sobre corrupción —incluso el exjefe de Rodríguez, Pérez Molina—. La actual administración ya está involucrada en un gran escándalo de corrupción, conocido como “La Línea”, que llevó a la dimisión de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Como resultado de masivas manifestaciones en las que se pide la renuncia de Pérez Molina, sus vínculos con Rodríguez pueden significar un final prematuro para su mandato presidencial, que debería terminar en enero de 2016.
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“Dado que otra vez hay más protestas en las calles, no me sorprendería si [Pérez Molina] se ve obligado a renunciar,” le dijo a Insight Crime Mike Allison, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de University of Scranton.
Marroquín hizo un comentario similar: “La verdad es que no entendería para qué quiere seguir en la presidencia si ya prácticamente no goza de ninguna credibilidad”, dijo. “Yo creo que no tiene otra opción que renunciar en el corto plazo”.
¿Una primavera guatemalteca?
La corrupción en los más altos niveles del gobierno no es un fenómeno nuevo en Guatemala. Por mencionar sólo un ejemplo, el expresidente Alfonso Portillo fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2013, donde cumplió una pena de prisión por lavado de dinero.
Sin embargo, los recientes escándalos han generado niveles de indignación pública sin precedentes. Se estima que 60.000 personas salieron a las calles durante un reciente mitin contra la corrupción, exigiendo la renuncia de Pérez Molina.
Miles de guatemaltecos se aglomeraron en la Plaza Constitución para exigir la renuncia de Pérez Molina
“Están pasando cosas que nunca habían ocurrido en Guatemala [...] nunca ha habido protestas tan masivas”, le dijo a InSight Crime Daniel Haering, director del Centro Internacional de Investigación Ibn Khaldun de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala.
Hay muchos factores que pueden contribuir a la fuerte reacción del pueblo ante los recientes escándalos en el gobierno. Pero el trabajo investigativo de la Procuraduría y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue seguramente el detonante. “Obviamente, todo comenzó con la CICIG. Ese fue el catalizador”, dijo Haering.
Según Marroquín, los manifestantes también se pudieron organizar mediante redes sociales como Twitter, usando el hashtag #RenunciaYa para incrementar el apoyo a su causa.
Dado que habrá elecciones presidenciales en septiembre, también es probable que el momento en el que se presentan estos escándalos cumpla un papel importante. La posibilidad de que más políticos corruptos sean elegidos puede estimular el descontento popular. “La gente ve las próximas elecciones como más de lo mismo... [Ven las elecciones] como una condena de cuatro años más de corrupción continua”, señaló Marroquín.
De hecho, Haering cree que las protestas actuales tienen que ver tanto con la corrupción sistémica y la impunidad como con los políticos mismos. “No todo este descontento se está canalizando a Pérez Molina [...] Se debe más bien al entendimiento de que La Linea es un ejemplo más de la manera como funciona el sistema en que los políticos son básicamente predadores del presupuesto [del Estado]”, dijo Haering.
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Es difícil predecir si esta masiva protesta pública dará lugar a reformas políticas duraderas. Atacar la impunidad estructural es una tarea mucho más compleja y difícil que el solo hecho de desenmascarar funcionarios que flagrantemente realizan fraudes gubernamentales a gran escala. No obstante, los grandes golpes contra la impunidad en el mes pasado son esperanzadores.
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