Elreciente estudio de una académica mexicana busca establecer bajo qué circunstancias el electorado mexicano castiga a los políticos por la situación de inseguridad, y ofrece valiosa información sobre un importante obstáculo para el control democrático en el país.
El nuevo artículo de Sandra Ley, "Responsabilidad electoral en medio de la violencia criminal: evidencias de México" (Electoral Accountability in the Midst of Criminal Violence: Evidence from Mexico), parte de una premisa real pero lamentable: que los políticos mexicanos raramente son responsabilizados por el deterioro de la seguridad en sus jurisdicciones. Esto parece ser contrario a la reacción natural de cualquier electorado democrático, especialmente en México, donde los políticos no sólo son incapaces de enfrentar los problemas de seguridad, sino que además son agentes activos de la inseguridad.
Mediante un análisis de las elecciones para gobernadores y alcaldes durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), y utilizando los conteos oficiales sobre la violencia relacionada con el crimen organizado, Ley concluye que los votantes estaban dispuestos a revocar el mandato del partido gobernante sólo si se cumplían dos condiciones: cuando el partido en el poder era el Partido de Acción Nacional (PAN), al cual pertenece el expresidente Calderón, y cuando el aumento en la violencia estaba relacionado con el crimen organizado. Si alguno de esos dos factores estaba ausente, los electores no parecían dispuestos a votar por la revocatoria del mandato de los gobernantes.
Los efectos eran mayores cuando la violencia estaba dirigida a los funcionarios públicos, especialmente durante las campañas electorales. Según Ley, profesora de ciencias políticas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Ciudad de México, "Por cada evento violento perpetrado contra actores políticos durante el proceso electoral en un municipio determinado, la cuota de votos del PAN disminuye un 3,6 por ciento".
Según la autora, esta dinámica se produce porque los votantes intentan encontrar "atajos cognitivos" para determinar a quién culpar. Un problema tan complicado como el crimen organizado tiene múltiples actores relevantes (por ejemplo, el ejército, tres niveles de la policía, tres niveles de políticos electos, el poder judicial y los grupos criminales mismos) y, por supuesto, los votantes buscan determinar quién es el culpable.
El asunto se complica aún más cuando la creciente inseguridad se convierte en una papa caliente política. Los funcionarios municipales buscan el apoyo del nivel estatal cuando no pueden manejar los asuntos, y los funcionarios estatales hacen lo mismo con el gobierno federal, por lo que cada nivel tiene un posible chivo expiatorio para sus propias insuficiencias.
Pero sólo cuando las circunstancias establecen la causalidad más simple —cuando hay una gran cantidad de violencia relacionada con el crimen organizado, y solamente hay un partido al que se puede culpar—, el electorado en su conjunto logra canalizar la responsabilidad hacia los políticos.
Análisis de InSight Crime
De alguna manera, las dos condiciones necesarias para la responsabilidad electoral son totalmente lógicas. A diferencia de la delincuencia común, el crimen organizado suele tener un componente político activo, en el cual los grupos más poderosos encuentran protección. Por lo tanto, es lógico que los votantes se muestren más dispuestos a castigar a los políticos cuando se disparan los niveles de violencia relacionada con el crimen organizado.
En cuanto a la necesidad del alineamiento político como condición previa, Calderón basó su presidencia sobre una plataforma contra el crimen organizado, por lo que no es sorprendente que él y sus compañeros panistas se hayan visto afectados cuando las deficiencias de su estrategia se hicieron evidentes. Según Ley:
En general, los resultados sugieren que cuando un partido intenta “controlar” el crimen pero no logra proveer seguridad, los votantes castigan a sus candidatos en las urnas, incluso más cuando la alineación política facilita la atribución de responsabilidad por los deficientes resultados en materia de seguridad.
El problema es que delimitar la culpa a los políticos del PAN resultaba insuficiente en el período de Calderón. El Partido Revolucionario Institucional, o PRI, tenía más de la mitad de las gobernaciones del país, y la mayor parte de las alcaldías, por lo que conservó una amplia influencia sobre el sistema político del país, a pesar de que se encontraba operando durante una presidencia del PAN. Responsabilizar solamente a los funcionarios del PAN lo que hizo fue darles carta blanca a los funcionarios del PRI, quienes en su conjunto ejercieron tanta o mayor influencia que aquellos sobre la estrategia del sistema político para hacer frente al crimen organizado.
No es casualidad que durante la administración Calderón se hubieran presentado algunos inquietantes casos de funcionarios del PRI que fueron recompensados en las urnas a pesar de que evidenciaron desastres de seguridad. En el año 2011, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue sucedido por otro miembro del PRI —nada menos que su propio hermano— a pesar de que Moreira se había visto involucrado en una amplia investigación por denuncias según las cuales él les permitió a Los Zetas tomar el control el estado.
En 2010, Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, durante el mandato de un alcalde del PRI y un gobernador de Chihuahua igualmente del PRI. Sin embargo, en los comicios en el verano de ese año, los votantes volvieron a elegir eligieron a un alcalde y a un gobernador priistas.
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Es posible que los cambios en la dinámica política (quizá no haya otro presidente que apueste su reputación por una estrategia de mano dura en cuestiones de seguridad) y en las reglas políticas (desde 2014 se permite la reelección a nivel municipal) debiliten las conclusiones de Ley. También es posible que los múltiples escándalos que involucran a gobernadores de todos los partidos incremente la disposición de la ciudadanía a considerar el tema más allá de la alineación política.
Pero aún hay poca evidencia de ello. Por el contrario, parece que la llegada de un presidente del PRI fue el impulso final para los candidatos priistas a las gobernaciones de Chihuahua, Durango, Veracruz y Tamaulipas. En cada uno de estos estados, el PRI obtuvo la gobernación durante el mandato de Calderón, a pesar de que se presentó un deterioro sustancial en materia de seguridad, así como permanentes y creíbles denuncias de que había funcionarios del PRI en connivencia con grupos criminales. En cada uno de estos estados, el candidato del PRI para gobernador perdió en 2016, cuando ya Peña Nieto era presidente.
Lamentablemente, la ausencia de rendición de cuentas electorales de manera coherente es una parte importante de la persistencia de la violencia en México. Los incentivos para los políticos, cuya motivación principal es una posible reelección, así como para sus partidos, no están relacionados con su desempeño en materia de seguridad. No parece haber castigo para los gobernadores que venden su estado a un grupo criminal, o que permiten que el jefe de la policía proteja a los criminales.
Mientras eso no cambie, mientras no desaparezcan las condiciones que Ley identifica, es difícil imaginar que los políticos mexicanos se sientan motivados por el interés público en materia de seguridad.
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