Recientes decomisos denotan floreciente comercio de armas en Latinoamérica

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Una serie de redadas e informes recientes ponen de relieve el floreciente negocio de armas en toda Latinoamérica, lo que sirve tanto para beneficio de los grupos ilícitos como para facilitar la violencia criminal en la región.

En una reciente conferencia sobre violencia armada en Centroamérica, Ana Yancy Espinoza, directora académica de la organización costarricense Fundación Arias, presentó los resultados de una investigación sobre tráfico de armas en la región.

Según un comunicado de prensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), una de las organizadoras del congreso, Espinoza destacó la manera como el tráfico de armas en Centroamérica contribuye a la “desestabilizar países y regiones enteras”.

Espinoza indicó que eso es resultado de la respuesta del negocio armamentista a “la ley de oferta y demanda”, que reúne a varios grupos criminales en tratos susceptibles de exacerbar la violencia criminal.  

En particular, un informe de Prensa Libre halló que las pistolas de 9 mm han sido el arma más decomisada por la Policía Nacional Civil (PNC), en especial a pandilleros. Prensa Libre señala que esto se debe en parte a la facilidad con la que se desarma la 9 mm en cinco partes, que así pueden usarse de manera intercambiable con componentes de otras armas de la misma factura y calibre.

Por ejemplo, en un intento por confundir la evidencia forense de balística, los criminales muchas veces intercambian los cañones después de haber usado un arma para cometer un crimen. La capacidad de desarmar la pistola de 9 mm en sus componentes también facilita ocultarla, lo que a su vez ayuda en su tráfico de contrabando entre fronteras.

Además de la 9 mm, el revólver calibre 0,38 también circula bastante en Guatemala, pues ofrece la ventaja para los criminales de que no descarga los casquillos de bala que pueden usarse como evidencia cuando se dispara.

Sin embargo, los bajos precios han sido tal vez el factor más importante para hacer de la 9 mm y del revólver calibre 0,38 las dos armas de fuego más traficadas en Guatemala.

Según Prensa Libre, una 9 mm adquirida en el mercado legal puede costar entre US$930 y US$2.400, según la marca. En el mercado negro, sin embargo, una 9 mm usada solo cuesta entre US$130 y US$200, y se vende por mucho menos si se usó el arma en un crimen, y se dice que una caja de 50 balas puede costar alrededor de US$20.

De manera similar, la compra legal de un revólver calibre 0,38 cuesta entre US$530 y US$670, pero puede adquirirse el arma a menor precio en el mercado negro de Guatemala.

En general, la Dirección de Control de Armas y Municiones (Digecam) de Guatemala informa que tiene acumuladas 55.000 armas de diferentes calibres incautadas en los últimos años, informó Prensa Libre. En lo corrido de 2016, la PNC ha confiscado presuntamente más de 3.500 armas de fuego.

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En otros lugares de la región, República Dominicana tuvo una serie de recientes decomisos de cargamentos ilícitos de armas. El 16 de septiembre, agentes aduaneros en Puerto de Haina se incautaron de un alijo de armas en dos contenedores de barcos, que incluían 18 pistolas, un rifle de dos cañones con mira telescópica y 55 cajas de cartuchos, informó EFE.

El cargamento se sumó a otros decomisos recientes de armas en los que los agentes de aduanas confiscaron un cargamento de armas de asalto, entre ellas un AR-15, un M4 y un M16 —cada uno con una gran cantidad de munición—, además de una escopeta calibre 12. Los agentes dominicanos notificaron que las armas se habían enviado desde diferentes ciudades de Estados Unidos.

Más al sur, la Fundación Arias de Costa Rica también encontró que la Triple Frontera (donde se unen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay) tiene el mayor número de cargamentos ilegales de armas en Suramérica. Esto ha hecho del tráfico de armas una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado en la zona, junto con el narcotráfico y el contrabando, según Misiones Cuatro.

Paraguay es una de las principales fuentes de armas para la región, y el ministro del interior paraguayo calcula que hay 700.000 sin registrar en el país. Por ejemplo, la Fundación Arias estimó que en 2014 30.000 armas cruzaron de Ciudad del Este, en Paraguay, a Foz de Iguazú, en Brasil —la mayoría destinadas para organizaciones criminales brasileñas, como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV). Las armas traficadas incluyen pistolas de 9 mm, escopetas de calibre 12, revólveres, armas automáticas, como AK-47 y M16, e incluso cañones antiaéreos robados al ejército paraguayo o vendidos por agentes corruptos.

Los traficantes de armas también se aprovechan del escaso cubrimiento con radares a lo largo de la frontera sur de Paraguay para el aterrizaje de avionetas cargas de armas en pistas de aterrizaje clandestinas en zonas remotas del noreste argentino. Las armas también se ingresan ilegalmente a Argentina por tierra y por barco, en los ríos Iguazú y Paraná. 

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En el esfuerzo por combatir las redes regionales de tráfico de armas, Colombia —que puede ser el país con la gama más diversa de grupos ilegales armados del hemisferio— se ha anotado una de las mayores victorias de los últimos tiempos.

Un reciente operativo realizado por las autoridades colombianas contra una red transnacional de armamento en Villavicencio, al sureste de la capital Bogotá, arrojó un balance de 40 detenidos, informó El Espectador. Entre los capturados se encontraba Alejandro Camacho Cortés, alias “El Señor”, a quien las autoridades describieron como el traficante de armas más conocido en Colombia por sus contactos con diferentes organizaciones.

La red de Cortés traficaba supuestamente con armas para grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y la banda criminal Los Urabeños.

La red de armamento habría transportado armas procedentes de Estados Unidos, México y Panamá, las escondía en lugares seguros en Bogotá antes de venderlas en el mercado negro. En las redadas, las autoridades colombianas se incautaron de dos rifles de francotirador, cinco ametralladoras, 30 rifles, 50 pistolas, 50.000 cartuchos de bala y granadas de fragmentación, así como partes de armas variadas y US$16.700 en efectivo.

También se sospecha que miembros de las fuerzas de seguridad colombianas ayudan a la red a obtener armas de las reservas del gobierno. Había cuatro oficiales subalternos del ejército entre los detenidos.

Análisis de InSight Crime

Latinoamérica es una región inundada de armas ilícitas, pese a que ciertos países de la región tienen una legislación de control de armas relativamente estricta. La demanda de armas, bien sea para fines criminales o exclusivamente para defensa personal, ha creado zonas como la Triple Frontera, que son verdaderos “supermercados” de armamento. De hecho, videos tomados con cámaras encubiertas tomados por periodistas muestran lo fácil que es comprar un arma a lo largo de la frontera entre Argentina y Brasil.

La gran concentración de armas de fuego en Latinoamérica guarda correlación con los elevados índices de violencia con armas, en particular en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. En este último, las armas de fuego se usan en más del 80 por ciento de los homicidios, una dinámica instigada por el fácil acceso a armas no costosas en el mercado negro. Y una investigación reciente de El Faro indica que las pandillas de El Salvador están buscando cada vez más armamento militar, como M16 y AK-47, para enfrentar a las fuerzas de seguridad del estado.

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Muchas armas en la región, especialmente en México y Centroamérica, pueden tener su origen en Estados Unidos. De hecho, en repetidas ocasiones el gobierno estadounidense ha sido objeto de críticas por no lograr contener las grandes cantidades de armas que salen de ese país. En agosto, la secretaria de relaciones exteriores de México Claudia Ruiz Massieu hizo una crítica condenando la política interna de armas en Estados Unidos, alegando que las autoridades mexicanas han rastreado hasta Estados Unidos el origen del 70 por ciento de las armas confiscadas en el país. (Según estadísticas del gobierno de Estados Unidos, cerca del 70 por ciento de las armas de fuego decomisadas por las autoridades mexicanas, que se enviaron para determinar su origen, resultaron ser de Estados Unidos: una importante diferencia estadística, ya que no todas las armas fueron rastreadas).

Sin embargo, no todas las armas en la región vienen de Norteamérica. Muchos agentes corruptos de la policía y el ejército, así como empresas privadas de seguridad, participan en el tráfico de armas, en ocasiones robando armas de las reservas del gobierno o importando armas por vías legales para venderlas a grupos criminales para beneficio personal. Indicios de estas conductas se han denunciado en toda la región, desde República Dominicana y hacia el sur hasta Uruguay. 

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