Cinco magistrados, un tercio de los integrantes de la Corte Suprema de El Salvador, terminaron su período de nueve años el pasado 15 de julio. Sin embargo, el proceso de sustitución no se ha concretado, en parte porque diputados vinculados a casos de corrupción y con posibles nexos con el crimen organizado en el país han pujado por colocar en los puestos a jueces afines.
En El Salvador, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos por la mayoría calificada de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, es decir, 56 de 84 votos. Ninguna de las fuerzas políticas con representación en el congreso puede lograr mayoría por sí sola, y las posibles coaliciones se han caído por exigencias de algunos diputados de que se incluya entre los elegidos a abogados con credenciales cuestionables en materia anticorrupción, de acuerdo con dos diputados de Arena (Alianza Republicana Nacionalista), el principal partido de oposición, y un colaborador de la Corte Suprema de Justicia que han seguido de cerca las negociaciones y hablaron bajo condición de anonimato para poder hacerlo con libertad.
Las fuentes legislativas consultadas por InSight Crime en San Salvador aseguraron que entre los diputados que insisten en nombrar a candidatos cuestionados hay quienes en el pasado fueron investigados por dudosos incrementos patrimoniales y posible enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad de la Corte Suprema, que es la oficina encargada de analizar las declaraciones que los servidores públicos hacen de sus bienes al entrar y salir de sus cargos.
Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, es uno de los cuestionados por Probidad y ha sido, de acuerdo con tres fuentes del mismo partido que no están de acuerdo con las posiciones de este diputado, uno de los principales impulsores de candidaturas cuestionadas por posibles conflictos de interés.
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Sobre Reyes también pesa un reciente cuestionamiento por haber ido a un partido del mundial de fútbol en Rusia sin explicar el origen de los fondos que utilizó para hacerlo. De acuerdo con Probidad, la fortuna de Reyes pasó de US$850.000 a US$1,6 millones entre 2012 y 2015, uno de los períodos en que ha sido diputado.
No obstante, Probidad, bajo el mando del abogado Carlos Pineda, no concluyó el examen patrimonial de Reyes y se abstuvo de recomendar a la Fiscalía General el enjuiciamiento civil por posible enriquecimiento ilícito, algo que sí hizo en otros casos en donde los crecimientos patrimoniales de los funcionarios fueron menores.
Reyes sigue siendo un político poderoso en El Salvador: no solo fue reelegido como diputado, sino que su partido lo nombró jefe de bancada, con lo que su palabra en la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema tiene suficiente peso.
El asunto toma especial relevancia porque Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad de la Corte, que dejó sin concluir los exámenes patrimoniales de Carlos Reyes y otros diputados y funcionarios, es uno de los candidatos a ser magistrado a la Corte Suprema. Pineda es además uno de los aspirantes que estos congresistas están impulsando con más ahínco.
Uno de los que más ha impulsado candidaturas como las de Carlos Pineda es Guillermo Gallegos, el jefe de bancada del partido Gran Alianza Nacional (GANA), producto de una escisión en ARENA, y ahijado político del expresidente Antonio Saca, preso y procesado judicialmente por posible desvío de unos US$300 millones del erario.
Gallegos también estuvo ligado a Herber Saca, uno de los principales operadores políticos durante los gobiernos de Saca y Mauricio Funes, vinculado a grupos de narcotráfico como Los Perrones y el Cartel de Texis.
Tres diputados consultados por InSight Crime --quienes han estado al tanto de las negociaciones por la nueva Corte y que hablaron en condición de anonimato-- aseguraron que la primera vez que la elección de nuevos magistrados se paralizó fue el viernes 13 de julio debido a que Gallegos, su partido y otros diputados exigieron que se incluyera el nombre de Carlos Pineda. Una fuente de la Corte Suprema que ha conocido de los procesos anticorrupción en el máximo tribunal explica así el afán: En la investigación por enriquecimiento ilícito contra Gallegos, quien fue presidente de la Asamblea hasta mayo de 2018, “hay una inclinación de resolver a favor de él… Operadores de GANA dentro de la corte maniobraron para influir en el resultado de esa investigación”.
A Gallegos la Corte le encontró, en un examen inicial, un crecimiento patrimonial injustificado por más de US$3 millones. Sin embargo, al igual que en el caso del diputado Carlos Reyes, la Sección de Probidad habría intentado suavizar los hallazgos y magistrados afines a los políticos estarían demorando la decisión de enviarlos a juicios civiles o de recomendar a la Fiscalía procesos penales.
Tanto Gallegos como voceros del partido Arena han dicho que el atraso en la selección de nuevos magistrados se debe a negociaciones políticas en el Congreso que son normales.
Estas negociaciones de última hora han dado al traste con los procesos formales de selección de candidatos a magistrados y de entrevistas previas a los aspirantes, a partir de los cuales la mayoría de los diputados habían confeccionado listas encabezadas por abogados jóvenes sin antecedentes negativos en temas anticorrupción.
Norman Quijano, diputado del partido Arena y presidente del Congreso salvadoreño, ha dejado abierta una sesión especial de la comisión política del Legislativo, formada por los jefes de las bancadas parlamentarias y los directivos, para intentar escoger a los nuevos magistrados. Sin embargo, El Salvador comienza el periodo vacacional el miércoles 1 de agosto, con lo que es posible que la elección de la nueva Corte Suprema se atrase aún más.
Análisis de InSight Crime
La corrupción en El Salvador es un mal endémico, como en Guatemala y Honduras, según han reconocido instancias internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos y Transparencia Internacional. Sin embargo, en el país más pequeño de los tres que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, la lucha anticorrupción se ve minimizada por la importancia que el tema ha adquirido en los dos países vecinos debido, en parte, a la atención que genera ahí la existencia de organismos internacionales de investigación, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Pero la corrupción no es un mal menor en El Salvador. Solo en los últimos tres años, dos expresidentes --Mauricio Funes y Antonio Saca-- han sido procesados por el supuesto desvío de unos US$700 millones del erario, lo cual es casi igual al déficit fiscal del país.
A falta del tipo de veeduría y de asistencia técnica que en Guatemala y Honduras proveen las comisiones internacionales, en El Salvador son las instituciones nacionales las que llevan, por sí solas, la lucha anticorrupción.
Una de ellas es la Fiscalía General, bajo cuya tutela se abrieron los casos contra Funes y Saca con base, precisamente, en los casos que la oficina de Prioridad de la Corte Suprema llevó adelante contra los expresidentes, esta vez sí, con asesoría de investigadores estadounidenses. La Fiscalía, no obstante, ha sido cuestionada por la falta de triunfos contundentes en las cortes, y porque el fiscal general no ha tenido un rol decisivo en procesos contra diputados ante quienes hoy busca su reelección.
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La otra institución clave en la lucha anticorrupción ha sido Probidad, a la cual los magistrados salientes dieron un rol renovado a partir de 2009, cuando le devolvieron la potestad legal de pedir información bancaria de los funcionarios investigados. A pesar de que Probidad inició con pie firme, sobre todo en los casos de los expresidentes, desde el año pasado perdió fuelle y las investigaciones empezaron a estancarse.
Hoy, los juegos de las redes de corrupción que en El Salvador permean al Congreso y al Poder Judicial, y mantienen estancada la elección de una nueva Corte. Según parece, es un punto de honor de los diputados que representan a esas redes que quienes entren al máximo tribunal suavicen las investigaciones.
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