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ANÁLISIS

Ataque a altas cortes amenaza con desatar crisis constitucional en Guatemala

ÉLITES Y CRIMEN / 7 JUL 2020 POR ALEX PAPADOVASSILAKIS Y HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

Diputados y operadores políticos, dos de ellos con cargos criminales, están supuestamente tratando de debilitar la Corte Suprema de Guatemala, lo que llevó a un senador estadounidense a alertar sobre una crisis constitucional y sobre sus posibles repercusiones en la ayuda a ese país.

En una declaración del 30 de junio, el senador estadounidense Patrick Leahy por el partido demócrata afirmó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo órgano judicial del país, está “siendo atacado una vez más por legisladores y organizaciones criminales que tratan de ignorar sus resoluciones y expulsar a los jueces que han defendido el estado de derecho”. Leahy instó al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general, María Consuelo Porras, a hacerle frente a ese “esquema de corrupción”, el cual, en caso de progresar, podría afectar la ayuda ofrecida por Estados Unidos.

El llamado de atención del congresista se produjo después de un intento de levantar la inmunidad a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, eventualmente poniendo en peligro la independencia de la Corte.

     VEA TAMBIÉN: Cortes de Guatemala en riesgo de nueva infiltración criminal

La interferencia en la Corte de Constitucionalidad se produjo luego de una serie de fallos sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de jueces de dos altas cortes guatemaltecas: la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, y de una investigación a ese proceso.

Los hallazgos de la investigación de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI) se anunciaron el 29 de mayo. Los fiscales revelaron que hubo intentos soterrados de operadores políticos, jueces y legisladores de influir en el proceso de selección de nuevos magistrados, una táctica acostumbrada de los operadores políticos de Guatemala para posicionar aliados dentro del poder judicial.

A comienzos de mayo, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso que excluyera a ciertos candidatos con trayectorias profesionales cuestionables del proceso de elección a los tribunales superiores. La misma Corte había suspendido la elección de nuevos magistrados de las altas cortes en septiembre de 2019.

Uno de los investigados por tráfico de influencias es Gustavo Alejos Cámbara, un curtido operador político actualmente en prisión por cargos de corrupción. Las investigaciones de la FECI sobre los nombramientos de la Corte Suprema revelaron que Alejos Cámbara sostuvo reuniones y conversaciones telefónicas con miembros del Congreso, posibles candidatos judiciales y otros funcionarios, con el objetivo de influir en el proceso de selección.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha ignorado las acusaciones de tráfico de influencias en el proceso de selección de los magistrados de la Corte y la posterior confrontación judicial, alegando que la confrontación legal “no es problema del ejecutivo”, según el Diario La Hora.

Análisis de InSight Crime

El intento de levantar la inmunidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la embestida más reciente de las élites guatemaltecas y sus aliados políticos contra los organismos independientes que han asumido las investigaciones asociadas con corrupción.

Sin inmunidad, los magistrados son vulnerables a demandas insustanciales cuyo objetivo es socavar las facultades del organismo.

Los ataques contra el ya frágil sistema de justicia de Guatemala se han intensificado desde el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que durante más de una década ayudó a las autoridades jurídicas del país a investigar y enjuiciar complejos esquemas de corrupción.

     VEA TAMBIÉN: “Guatemala sofisticó sus mecanismos para asegurar impunidad”: Juan Francisco Sandoval

En ausencia de la CICIG, las poderosas élites criminales están intentando controlar el poder judicial del país, con el objetivo de garantizar protección legal para sí mismas.

Eso incluye a Felipe Alejos Lorenzana, influyente diputado y reconocido operador político que actualmente enfrenta cargos criminales por su presunta participación en una red de sobornos, según explicó Juan Francisco Sandoval, director de la FECI.

“Felipe Alejos tiene un papel fundamental en los ataques contra la Corte de Constitucionalidad”, afirmó Sandoval en comunicación con InSight Crime.

Alejos Lorenzana se ha beneficiado de las decisiones de la Corte Suprema que lo han blindado de cualquier acción judicial en cuatro ocasiones, la más reciente el 29 de junio. Después de cada dictamen a favor de Alejos Lorenzana, la Corte de Constitucionalidad ha exigido a la Corte Suprema que reconduzca sus actuaciones, explicó Sandoval.

El más reciente intento de socavar la Corte Constitucional es particularmente preocupante para los defensores del estado de derecho.

Elvyn Díaz, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo a InSight Crime que los grupos que realizan estos ataques son los mismos que “siguen insistiendo en querer acabar con la poca institucionalidad que tenemos en Guatemala”.

Un grupo de legisladores preocupados pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitoree la situación debido a la “posible alteración del orden constitucional” y al hostigamiento del que son objeto los magistrados.

El senador Leahy no fue el único de los legisladores estadounidenses que advirtió sobre las repercusiones para los actores corruptos empeñados en afectar a la Corte Constitucional. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita en su cuenta de Twitter las palabras del representante demócrata Eliot Engel, quien dice que el Congreso y el Departamento de Estado “deben asegurar que haya consecuencias para quienes socavan la democracia guatemalteca”.

Engel puso como ejemplo la negación de visas a Gustavo Alejos, el convicto operador político acusado de recibir sobornos hasta por US$7 millones mediante una red que exigía pagos a las empresas a cambio de contratos de obras públicas.

Esa prohibición “debería ser un ejemplo para todos”, concluyó Engel.

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