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ANÁLISIS

Reelección del fiscal general de Honduras, ¿una victoria pírrica para el status quo?

ÉLITES Y CRIMEN / 2 JUL 2018 POR FELIPE PUERTA ES

En una movida del gobierno de Honduras para ratificar al actual fiscal general, el Congreso rechazó la propuesta hecha por la comisión multidisciplinaria para remplazar la cúpula del Ministerio Público y esto podría significar un triunfo temporal en los intentos de la élite corrupta por mantenerse impune.

La reelección de Óscar Chinchilla como fiscal general y la designación de Daniel Sibrián como fiscal adjunto viene luego de que la propuesta presentada por una comisión especial, que evaluó los perfiles de una nómina final de cinco candidatos, no consiguiera el respaldo de los 86 votos que necesitaba en el Congreso.

El proceso de selección de fiscal general de Honduras comenzó en marzo con la conformación de una Junta Proponente, cuestionada por excluir sectores de la sociedad civil, por la falta de transparencia con que llevó el proceso y por el incumplimiento de estándares internacionales.

Según dijeron fuentes en Honduras a InSight Crime, el ritmo del proceso estuvo marcado por la injerencia de miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso, muchos de ellos bajo averiguación por casos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

A pesar de que el plazo máximo para la elección del fiscal general en Honduras estaba estipulado para septiembre, el Congreso Nacional tomó la decisión de citar a sesión en vacaciones. Según denunció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America – WOLA) la rapidez con la que fue desarrollado el proceso no permitió “un necesario escrutinio público suficiente respecto de los criterios que les llevaron a decantarse por los nombres anunciados”.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Honduras

Durante el proceso se presentaron claros conflictos de interés. Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señalaron en un comunicado que la participación de personas investigadas en “la elección de quienes van a dirigir esta institución (el MP) en el próximo quinquenio, restará credibilidad y legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras”.

La nómina final reflejaba parte de este caos. La comisión que evaluó los perfiles de los cinco finalistas también fue señalada por el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, por estar integrada por diputados que han sido cuestionados públicamente y están siendo procesados por corrupción.

En lo que podría ser interpretado como un intento del Congreso de dar una apariencia de legitimidad y transparencia al proceso, algunos diputados investigados no participaron en la votación.

Poco después de que la lista fue publicada, la directora de la Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos informó que tres de los cinco candidatos suman hasta 14 denuncias pendientes en el MP, aunque no mencionó sus nombres.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que Chinchilla representa al status quo, su reelección no necesariamente significa una victoria para las fuerzas de la corrupción. Durante su mandato anterior, el fiscal reelecto tuvo resultados positivos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país, en una gestión que estuvo marcada por una serie de obstáculos, interpuestos en gran medida por las mismas élites que investigaba.

Durante su período, y con el apoyo de la MACCIH, el MP fortaleció sus capacidades investigativas, en parte a través de la creación de nuevas unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que llevaron casos de alto impacto contra algunos miembros de las redes de corrupción y capturaron poderosos miembros de organizaciones criminales.

La tensa relación de la dupla con la cúpula política llegó a su punto más álgido hace algunos meses, luego de que estallaran algunos casos que amenazaban con cambiar las dinámicas del poder en el país; como la Red de Diputados, en el que inicialmente fueron acusados cinco diputados y actualmente se están investigando a casi 800 más, y la captura de la ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo, acusada de malversación de fondos, lavado de activos y asociación para delinquir.

Aunque se trata de algunos éxitos de Chinchilla desde el MP en la lucha contra el crimen organizado, muchos de los casos que llevó no resultaron en condenas para miembros de los grupos vinculados al poder.

Además Chinchilla deberá continuar con otros casos de alto nivel, relacionados con los abusos de las fuerzas estatales durante las manifestaciones por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, el homicidio de la activista ambiental Berta Cáceres y otras investigaciones que comprometen a miembros de la élite del país.

En medio de ese ajedrez, la MACCIH estuvo a punto de ser declarada inconstitucional. Las perspectivas no eran positivas para el futuro de la misión. El vocero de la MACCIH Juan  Jiménez Mayor renunció a su cargo y parecía casi seguro que las mafias de corrupción vinculadas al poder se iban a asegurar de elegir a un fiscal cercano a sus intereses.

Ese limbo duró unos meses. La misión finalmente fue declarada constitucional y el gobierno aprobó al nuevo vocero brasileño. A mediados de junio el MP y la MACCIH presentaron a la Corte Suprema del país el Caso Pandora, que vincula a 38 miembros del gobierno y a otras personas acusadas de malversación de aproximadamente US$12 millones de dinero público.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado

Chinchilla ahora deberá trabajar de la mano del exfiscal y exprocurador brasilero Luiz Antonio Marrey Guimarães, el nuevo vocero de la MACCIH, quien entrará en funciones esta semana y encontrará una MACCIH con mayores capacidades, más experiencia en los vaivenes de la política hondureña y al menos nueve casos de alto impacto en curso.

En estos casos Chinchilla deberá mostrarse capaz de tomar medidas independientes y  técnicas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que estén guiadas por decisiones de tipo jurídico y no político, a pesar del costo que esto pueda tener para las quienes lo reeligieron en su cargo.

A pesar de que miembros de los grupos de corrupción del país crean haberse anotado una victoria con la relección de Chinchilla, las investigaciones más recientes, que se han desarrollado con la ayuda de MACCIH, han comenzando a revelar las redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el gobierno y muchos de los casos que todavía están en curso tienen el potencial de seguir avanzando y cambiar el status quo en el país.

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