Reforma a la seguridad ciudadana en Venezuela: control de armas

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El mes pasado, el presidente Nicolás Maduro firmó un proyecto de ley de desarme que ha pasado por varias revisiones en la Asamblea Nacional (AN) desde 2010. La ley representa un importante intento por parte del gobierno venezolano y la Asamblea para controlar el flujo de armas en el país. En esta publicación nos fijamos en la evolución de la ley, los conflictos que la ley ha producido (tanto entre la oposición y el gobierno como dentro de las filas chavistas) y ofrecemos un resumen de los principales puntos de la ley.

Aunque no hay cifras confiables sobre el número de armas en circulación en Venezuela (las estimaciones van desde un millón hasta seis millones); su circulación, en gran medida, no estuvo regulada hasta el año pasado.

Este artículo apareció originalmente en el blog Política en Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Vea el artículo original aquí.

Desde 2010, tres comisiones diferentes se han creado para combatir el problema. La primera comisión se organizó dentro de la Asamblea Nacional en enero de 2011. Estuvo dirigida por Freddy Bernal (miembro de la Asamblea Nacional por el PSUV y anterior alcalde de Caracas) y estuvo dominada por diputados del PSUV, pero también incluyó algunos miembros de la oposición, como Juan Carlos Caldera. Fue conocida como la Comisión Mixta porque tenía miembros de dos subcomisiones diferentes de la Asamblea Nacional (Interior y Defensa). La propuesta de la Comisión Mixta sufrió varias postergaciones y diferencias internas entre Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, y Freddy Bernal.

En mayo de 2011, el difunto presidente Hugo Chávez decretó la creación de la segunda comisión: la Comisión Presidencial para el Desarme (CPD). La CPD estuvo encabezada por el activista de derechos humanos Pablo Fernández y el entonces ministro de Justicia, Tareck El Aissami, e incluía a 20 miembros del gobierno, la academia y la sociedad civil.

Aunque en un principio los dos grupos trabajaron juntos, hubo serias diferencias: la CPD fue dominada por civiles como Fernández, mientras que la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional contó con una fuerte presencia de ex oficiales militares, incluyendo a Rafael Gil Barrios y Pedro Carreño, miembros de la Asamblea.

La CPD respaldó una serie de medidas que la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional consideró que eran demasiado restrictivas y no quería incluir en el proyecto de ley. Por lo tanto, la Comisión Mixta eventualmente cortó comunicación con la CPD debido a disputas sobre qué tipo de proyecto se presentaría en la Asamblea.

La CPD y la Comisión Mixta difieren principalmente sobre la cuestión de la restricción a la venta y el porte de armas legales. Según Pablo Fernández, “el mercado ilegal se nutre de armas legales”. En contrste, la facción militar argumentó que las dos cuestiones eran distintas y que, con el año electoral (2012) en camino, no podían darse el lujo de tomar medidas enérgicas contra las armas legales y alienar a la clase media o a las fuerzas armadas.

En junio de 2012 la CPD presentó su propuesta a la Comisión Mixta, que a su vez presentó su versión final a la plenaria de la AN para su discusión. La versión final de la Comisión Mixta, no obstante, excluyó una serie de cuestiones clave. La propuesta de la CPD abogó por un registro combinado de armas; medidas más restrictivas para la renovación de licencias (por ejemplo, un examen psicológico reciente); la extensión de la regulación de las armas para cubrir cuchillos y explosivos; la eliminación del porte de armas para la defensa personal; y un mayor control sobre la producción de municiones. Todas estas medidas quedaron fuera de la propuesta de la Comisión Mixta.

La CPD, por su parte, evadió a la AN y se dirigió directamente al presidente Chávez, quien puso fin a la discusión sobre el proyecto de ley de la Comisión Mixta en la AN. Como resultado, en julio de 2012 se formó una tercera comisión para conciliar las diferencias entre la propuesta de la CPD y la apoyada por la Comisión Mixta. Este grupo estuvo encabezado por Diosdado Cabello e incluyó la participaron de miembros del parlamento del PSUV, así como dos miembros de la oposición de la Asamblea, Eduardo Gómez Sigala y William Ojeda.

La propuesta que surgió de esta tercera comisión mantuvo intacta alrededor del 80% de la versión de la CPD. Fue aprobada por la Asamblea el 11 de junio y firmada por Maduro el 15 de junio de este año.

Sin embargo, también suaviza algunas sanciones y regulaciones clave. Por ejemplo, mientras que la versión final requiere que las licencias de armas sean divididas en varias categorías (deportiva, caza, transporte de mercancías, etc) permite licencias para la defensa personal que la CPD quería eliminar. La ley ha creado un sistema automatizado de registro de armas, partes y municiones que estará bajo el control de las Fuerzas Armadas. No obstante, se descarta el registro común de armas que permitiría a todos los organismos del Estado, compartir y acceder a la información.

Además, la ley dice que no habrá controles sobre la CAVIM (la empresa estatal que produce armas y municiones para las Fuerzas Armadas), que Pablo Fernández consideró ser un aspecto fundamental de la reforma del control de armas. Aunque la mayoría de las armas se importan, la mayoría de la munición en Venezuela es producida por la CAVIM. Y, según un estudio realizado por el CICPC y la Policía Nacional, el 80% de las municiones encontradas en escenas de homicidios fueron fabricadas en el país por la CAVIM.

Aunque el Ministerio de Justicia emitió una resolución para cerrar las armerías, en mayo del año pasado, y las dos propuestas de la CPD y la Comisión Mixta designaban al Estado venezolano como el único órgano legalmente competente para vender armas, la ley final permite la eventual reapertura de las armerías y la futura comercialización privada de armas de fuego (aunque está prohibido que las personas vendan armas a otras personas, y sólo se les permite vender sus armas al estado). Las licencias de armas no estarán disponibles hasta dentro de dos años, lo que significa que nadie podrá comprar legalmente un arma de fuego hasta el 2015.

La edad legal para portar un arma se elevó a 25 años y se establecieron penas más estrictas para el porte y tenencia de armas de fuego ilegales: de 4 a 6 años de cárcel por posesión ilegal de un arma de fuego, 4 a 8 por el porte de un arma ilegal y de 6 a 10 años por posesión y portación de armas de fuego hechas para la guerra. También penaliza la alteración de los números de serie de un arma con entre 3 y 5 años de cárcel, la introducción de armas a las cárceles con entre 8 y 10 años y el disparo de armas de fuego en lugares públicos con 1 a 3 años. Además, a las personas no se les da propiedad personal de las armas, sino que se les permite la posesión condicional, lo que significa que el Estado puede “recuperar” el arma de una persona en cualquier momento. La ley final también prohíbe la fabricación, venta y transporte de cuchillos que incluía la propuesta de la CPD.

La munición debe ser marcada con el nombre del productor, el año de producción, así como el lugar a donde se va a enviar la munición. La munición de la policía actualmente está marcada para identificar el cuerpo policial que la va a utilizar. Los ciudadanos autorizados sólo pueden comprar 50 cartuchos cada año. Esta misma cantidad será asignada anualmente a todos los agentes de la policía, de la cual se podrá solicitar más con la debida justificación.

Además de las nuevas restricciones, la ley también incluye medidas como un fondo nacional para proporcionar cuidado y atención a las víctimas de tiroteos, así como el establecimiento de un impuesto del 5% sobre los ingresos netos de las empresas que venden, importan y producen armas, que se pondrán en este fondo. Adicionalmente, permite la entrega voluntaria y anónima de armas al Plan nacional de canje de armas y municiones a cambio de oportunidades de educación, becas universitarias, oportunidades de empleo, materiales de construcción, etc Ambas medidas eran parte integral de la campaña de la CPD del año anterior.

*Este artículo apareció originalmente en el blog Política en Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Vea el artículo original aquí.

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