Aunque se ha descrito por muchos como un importante paso hacia adelante en la reducción de la violencia, la ley para el control de armas aprobada en junio fue objeto de críticas y escrutinio por miembros de la oposición, partidarios del gobierno, e incluso agentes de policía, apenas fue publicada. Mientras que la crítica de la oposición ha tendido a centrarse en la falta de voluntad política en la aplicación de la ley por parte del gobierno, a otros les preocupa que la ley no "cabe dentro" del contexto venezolano actual, donde el anterior flujo de armas sin restricción hace que la autodefensa parezca una necesidad desafortunada.
En un artículo de opinión de El Universal, Luis Izquiel –coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana– dijo que para que la ley tenga un impacto, el gobierno debe "(…) cesar el doble discurso (…)". Con esto se refería al apoyo del gobierno para el desarme junto a sus complicadas relaciones con los colectivos radicales, y a veces armados, en los sectores populares de Caracas (ver *Ciccariello-Maher, 2013 y **Velasco, 2011). Para Izquiel: "Es contradictorio que en la mañana se hable de desarme y en la tarde se proponga crear milicias obreras". También hizo un llamado a poner fin a los colectivos y su uso de las armas, así como el "(…) discurso violento emitido desde el poder (…)". Varios otros comentaristas han señalado la postura contradictoria del gobierno de Chávez y del ahora gobierno de Maduro en la cuestión de los ciudadanos o grupos armados “parapoliciales” revolucionarios.
Este artículo apareció originalmente en el blog Política en Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
Chávez, como se mencionó en el artículo anterior, personalmente abogó por la versión más estricta de la ley de desarme que fue propuesta por el comité presidencial que él ayudó a organizar. No obstante, también mantuvo relaciones frágiles con los colectivos armados que proporcionan una base importante de apoyo para él en algunos sectores pobres. Su discurso sobre el asunto vaciló, como cuando hizo un llamado por un "pueblo organizado armado" para defender a la nación en 2010 y luego se refirió a los grupos de civiles armados como contrarrevolucionarios en 2012. Asimismo, en el lapso de unos pocos meses, Maduro propuso la creación de las milicias obreras armadas, a las que Izquiel se refiere en sus comentarios anteriores, y luego firmó el proyecto de ley de desarme convirtiéndolo en ley.
Fermín Mármol García, criminólogo venezolano, ha dicho que, si bien las normas establecidas por la ley son importantes, la ley se centra demasiado en los que venden armas legalmente en lugar de las pandillas armadas en los sectores populares. Como se señaló en el artículo anterior, Pablo Fernández, jefe de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, abogó por el cierre de todas las armerias, con el argumento de que "el mercado ilegal se nutre de armas legales". Por el contrario, para Mármol García el verdadero problema son las bandas criminales que comercian drogas, armas y municiones ilegales.
En un documento titulado "Manifiesto por el desarme y el derecho a la vida", firmado por organizaciones como el Centro Gumilla y Fe y Alegría, varias organizaciones no gubernamentales reconocen la ley como un "instrumento jurídico" esencial en la regulación del flujo de armas. Sin embargo, se enumeran una serie de preocupaciones y recomendaciones en el manifiesto, como hacer un llamado a la participación ciudadana en la supervisión del control de las Fuerzas Armadas sobre las armas, las municiones y el desarme, y la necesidad de distribuir información clara con respecto a los incentivos y regulaciones para entregar las armas al gobierno y a las organizaciones sociales.
Ambos lados de la división política también han señalado que las leyes solas no sirven para desarmar a nadie. Desde la perspectiva de la oposición, la ley tiene poco efecto si no hay voluntad política para hacerla cumplir. Otros, que hablan desde la posición chavista, han criticado la ley por quitar la atención de las causas subyacentes de la violencia –las drogas, el desempleo y el acceso limitado a la educación–. Por ejemplo, ya en 2010, cuando la ley estaba en las etapas iniciales de la discusión, Eduardo Samán, presidente del Instituto para la Defensa de las Personas para el Acceso a los Bienes y Servicios, criticó todo el debate como un producto de la atención electoral de la oposición sobre la delincuencia y el desarme, que él vio como una forma de desviar la atención de "(…) desigualdad social, la cultura capitalista del consumo y los efectos emocionales de la violencia mediática en los niños(…)”.
También hay algunos que creen que la ley sólo va a lograr el desarme de los ciudadanos respetuosos de la ley que viven en sectores populares de la ciudad, dejando a las clases media y alta con sus armas legales, y a los narcotraficantes y policías armados para "proteger su mercancía", es decir, drogas o armas ilegales.
Este punto de vista fue expresado en una reunión de la comunidad a la que asistí el año pasado en un barrio de clase trabajadora, donde un vocero de un consejo comunitario dio la bienvenida a la policía comunitaria, pero dijo que el colectivo en su barrio necesitaba permanecer armado para proteger a los residentes cuando la fuerza comunitaria se encontrara fuera de servicio por la noche.
Por otra parte, los agentes de policía que he entrevistado ven la ley y las resoluciones ya dictadas como restrictivas únicamente para funcionarios y ciudadanos que respetan las leyes. También ven estas "restricciones" como una forma de poner sus vidas en peligro. Por ejemplo, la resolución aprobada el año pasado que prohibió la venta de armas, ha hecho que los agentes de policía sientan que están en peligro constante, ya que atribuyen el aumento en las muertes de oficiales en Caracas a los criminales que los cazan y matan por sus armas.
Hablando sobre la prohibición de las armas de fuego en lugares públicos, un oficial me preguntó sobre qué se supone que un funcionario debe hacer cuando sale con su familia a un centro comercial.
"¿A quién desarma esta ley?" Me preguntó en una entrevista. "Usted tiene que dejar su arma en casa, así que sale con su familia con una mayor probabilidad de que usted y su familia serán asesinados. El problema es que los que escriben las leyes no son policías. [Políticos] salen con sus 25 guardaespaldas y nada les va a pasar. Pero, ¿qué pasa con un oficial que ha puesto a 20 delincuentes en la cárcel y se ha olvidado de todas sus caras? Esos criminales nunca olvidarán la cara del oficial que los arrestó. Así que voy a un centro comercial con mi familia desarmando y ellos llegan y me matan. Así que ¿quién está desarmado? [La ley] desarma a la policía".
*Este artículo apareció originalmente en el blog Política en Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso del autor. Vea el artículo original aquí.
SUSCRIBIRME