El Salvador está en una encrucijada. Las fuerzas de seguridad y las sofisticadas pandillas callejeras están enfrascadas en lo que parece cada vez más una guerra civil, aunque sin el evidente componente político. En este contexto, el analista político Damien Wolff* analiza la urgencia de una reforma policial en ese país.
Cambiar el paradigma de intervención policial en El Salvador debe ser su prioridad número uno. Años de fuertes confrontaciones y enfoques represivos han afectado la moral de la policía y han disminuido el apoyo popular a la institución. A pesar de los considerables poderes de los que disfruta la policía como resultado de las reformas anteriores —a menudo aprobadas en detrimento de los derechos humanos—, las estrategias de mano dura han demostrado ser incapaces de detener la creciente ola de violencia en El Salvador.
Parece que la opinión general de la población es que la policía se rige por actitudes agresivas y vengativas más que por la ética profesional. La reforma policial debe buscar infundir un nuevo espíritu en la institución, donde sean centrales el respeto por el Estado de derecho y la disminución de los enfoques represivos.
Este artículo es parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la reforma policial en El Salvador y fue traducido y publicado con permiso. Vea el documento completo aquí (pdf).
El fortalecimiento de la policía comunitaria se ha propuesto como una forma de lograr este cambio de paradigma. Desde junio de 2014 se han desplegado unidades de policía comunitaria en todo El Salvador, y el plan de seguridad del gobierno actual incluye “el despliegue de la policía comunitaria en los territorios recuperados” dentro de su plan de prevención de la violencia. Sin embargo, la respuesta represiva del Estado a la reciente ola de violencia indica que se ha dejado de prestar atención a las iniciativas de reforzar la policía comunitaria. Por el contrario, parece que las autoridades tienden a ser más agresivas cada vez que atacan.
Otro componente crucial de la reforma policial en El Salvador debe consistir en poner mayor énfasis en la recolección de evidencias para probar los delitos en las cortes. Los arrestos de presuntos criminales ya no deben basarse en suposiciones acerca de la pertenencia a las pandillas con base en la edad, la vestimenta o el lugar de residencia de las personas, como ocurre actualmente. Esto requerirá fortalecer las capacidades de la policía para investigar los delitos, particularmente en lo que se refiere a la vigilancia y a la parte técnica de recolección de evidencias. Idealmente, esto debería permitir que la policía no dependa tanto de la recolección de testimonios para elaborar los casos penales.
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La policía debe además intensificar su lucha contra los abusos internos. Este es un tema particularmente relevante en El Salvador, donde la policía cometió innumerables atrocidades durante la guerra civil (1980-1992). La brutalidad policial ha vuelto a generar gran preocupación entre la sociedad civil. Se cree que las ejecuciones extrajudiciales motivadas por el odio y la venganza van en aumento, aunque no se cuenta con datos oficiales sobre el tema.
Se teme que la policía esté tras un buen número de desapariciones en El Salvador, así como de otros delitos, como las ejecuciones extrajudiciales. En 2014, un total de 900 miembros de la policía fueron sancionados por mala conducta. De éstos, 200 fueron despedidos, mientras que los 700 restantes fueron suspendidos temporalmente. Este es un ejemplo de que el gobierno tiene la voluntad política necesaria para sanear a la policía, aunque los oficiales sancionados quizá representan sólo una parte de los que han cometido abusos. El plan "El Salvador Seguro” aborda tímidamente el tema, al solicitar la creación de una comisión experta que investigue los casos de mala conducta en la policía.
Por otra parte, la reforma policial debe procurar otorgarle al organismo plena potestad sobre la seguridad pública. La militarización de la seguridad interna de El Salvador es en esencia una estrategia miope e ineficaz que no ha podido atacar debidamente la impunidad ni abordar las causas de la violencia. Aunque el partido del presidente Salvador Sánchez Cerén se opuso inicialmente a la participación del ejército, el mandatario no ha eludido la militarización, especialmente porque el ejército goza de gran confianza entre la población (según las encuestas más recientes[1]); en efecto, entre 69 y 72 por ciento de los salvadoreños están a favor de los militares. Un total de 3.000 soldados (o 40 por ciento del personal del ejército) están actualmente desplegados como apoyo a la policía en zonas donde la delincuencia es más generalizada.
Cabe recordar que la desmilitarización figuraba entre los principios que sustentan la creación de la policía salvadoreña en 1992. Estados Unidos, preocupado por la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos, se ha convertido en un fuerte defensor de la desmilitarización[2], a tal punto que el Congreso ha destinado fondos de cooperación dirigidos a adoptar compromisos concretos en este sentido.
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Sacar al ejército del juego podría crear un vacío inicialmente. Sin embargo, ello debe ir de la mano de un profundo rediseño y revisión de la policía. Muchos aspectos, que van desde la estructura interna de la policía a la planificación estratégica, pasando por la formación y la gestión profesional, deben mejorarse considerablemente, antes de esperar mejoras en la deteriorada situación de seguridad de El Salvador.
* Damien Wolff es analista político especializado en asuntos latinoamericanos. Vive en El Salvador, donde ha estado trabajando con la Delegación de la Unión Europea en temas de seguridad ciudadana. El contenido de este artículo y las opiniones expresadas por el autor son estrictamente personales y no reflejan la posición de la Unión Europea. Este artículo es parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la reforma policial en El Salvador y fue traducido y publicado con permiso. Vea el artículo completo aquí (pdf).
[1] Encuesta de percepción de la seguridad y de confianza en las instituciones públicas, AGUILAR Jeannette, Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Mazo de 2013. Encuesta nacional con una muestra de 2.400 adultos. https://photos.state.gov/libraries/elsavador/92891/Mayo2013/Encuesta%20Percepcion%20Linea%20Base%202012%20Espanol.pdf (p. 49 del documento)
[2] Como consta en el proyecto de ley Preliminary State and Foreign Operations Appropriations, aprobado por el Senado de Estados Unidos el 10 de julio de 2015: https://www.appropriations.senate.gov/hearings-and-testimony/full-committee-markup-fy16-state-foreign-operations-related-programs. Información incluida en el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica en su edición del 11 de julio de 2015 (página 4): https://www.laprensagrafica.com/2015/07/11/senado-de-eua-asigna-6735-mill-para-el-triangulo-norte
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