Un reciente informe publicado por un panel de figuras políticas de alto perfil ha señalado que el tabú en torno a la discusión de nuevos enfoques para regular las drogas “se ha roto”. Pero, aunque durante los últimos años los defensores de las políticas de drogas alternativas han disfrutado importantes victorias, también se ha abierto espacio para algunos retrocesos.
El 9 de septiembre la Comisión Global de Políticas de Drogas -un panel de 21 miembros que incluye a cuatro expresidentes de países de Latinoamérica y al ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan, entre otros- publicó un nuevo llamado para reformar la política de drogas. El llamado hace seguimiento a un informe publicado por la Comisión en 2011, en el cual recomendó un cambio de paradigma en la forma en que la ONU y Estados Unidos han abordado este tema tradicionalmente.
Desde entonces, Latinoamérica y el Caribe han visto algunos avances importantes en la política de drogas. La Comisión señala los siguientes acontecimientos como los más destacables:
-Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en establecer un mercado legal y regulado para la marihuana.
-La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe al cual la Comisión se refirió como “el primer informe de una organización multilateral que considera seriamente cuestiones de la reforma de políticas de drogas”.
-Bolivia se retiró de una importante convención de drogas de la ONU, rechazando la clasificación de la coca como una sustancia ilícita -el país fue readmitido posteriormente, pero la controversia sigue sin ser resuelta.
-Jamaica está en proceso de cambiar sus leyes de posesión de drogas y está a punto de permitir el porte de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal.
Todo esto da credibilidad a la afirmación del informe de este año de que el tabú en torno a hablar sobre los nuevos enfoques de la regulación de las drogas “se ha roto". Ya no se trata de comenzar a debatir, sino de tomar acciones.
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En el nuevo informe, la Comisión propone y amplía las recomendaciones dadas hace tres años. Si bien el informe de 2011 recomendó a los gobiernos que exploraran penas alternativas para las personas involucrados en crímenes de drogas de bajo nivel, la Comisión ahora insta a que el mundo ponga fin al encarcelamiento y a la criminalización de aquellos que son descubiertos consumiendo o en posesión de drogas.
Este nuevo informe también es más específico en la condena de las prácticas abusivas relacionadas con la rehabilitación, descartando la imposición de "tratamientos obligatorios" para “las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión”.
Además, mientras que el informe de 2011 alentó a los gobiernos para que experimentaran con nuevos modelos de regulación de drogas para el caso de la marihuana, la Comisión ha ampliado la recomendación a "la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas".
Todavía existen coincidencias significativa entre los dos informes, como lo ilustra el diagrama de arriba. Ambos documentos hacen un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que se centren en reducir el poder de las organizaciones criminales violentas de gran tamaño -pero no ofrecen más detalles al respecto. También, ambos discuten la necesidad de implementar mejores índices en la medición y evaluación de las políticas de drogas "exitosas".
El último informe de la Comisión hace un llamado para que la Sesión Especial de la Asamblea General de las ONU que será celebrada en 2016, sea utilizada como plataforma para diseñar un nuevo marco para abordar la política de drogas.
Análisis de InSight Crime
Por audaces que sean las más recientes recomendaciones de la Comisión, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que la región latinoamericana esté lista para un debate serio sobre la legalización de otras drogas además de la marihuana. Incluso en países como Uruguay -donde se legalizó la producción, venta y consumo de la marihuana- es necesario que el gobierno tome una postura más firme frente a las demás sustancias. Además, cuando los líderes de la región han afirmado que están "abiertos" a debatir la política de drogas, esta postura casi siempre se presenta en el contexto de la legislación de la marihuana, y no frente a drogas como la cocaína y la heroína.
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Aunque hay pocas señales de que los gobiernos de Latinoamérica están dispuestos a experimentar con la legalización de las drogas además de la marihuana en un futuro próximo, la afirmación de la Comisión de que "el tabú se ha roto" parece ser cierta. Y bien podría deberse a que la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 2016 contará con más naciones que están listas para tomar acciones históricas, y no solamente para debatir una reforma a la política de drogas, sino para realmente hacer algo al respecto.
De aquí a entonces, existen varias acciones con las que Latinoamérica podría seguir buscando implementar políticas de drogas más abiertas, aunque, en su mayoría, éstas están relacionadas con la regulación de la marihuana. Por ejemplo, es posible que el Distrito Federal de México, pueda, finalmente, llevar a votación la propuesta sobre la regulación de la marihuana. Mientras tanto, la Comunidad del Caribe (CARICOM) ha hecho un llamado para que una comisión revise las leyes sobre la marihuana en la región.
También vale la pena señalar que si más de los estados que hacen parte de Estados Unidos siguen los ejemplos de Colorado y Washington, y votan para legalizar el uso recreativo o medicinal de la marihuana, esto tendrá repercusiones importantes en toda Latinoamérica.
Sin embargo, es posible que la voluntad para unirse a estas nuevas propuestas políticas dependa en gran medida del éxito o fracaso de los experimentos en otros países. Y actualmente en Uruguay -el único país en el mundo con un mercado legal para la marihuana- hay un interrogante inminente sobre si la ley de regulación conseguirá sobrevivir a un posible cambio de gobierno. En una encuesta reciente, la mayoría de los encuestados -el 64 por ciento- dijo que quería que la ley fuera revocada, y algunos han cuestionado el futuro de la ley en el caso de que la coalición gobernante Frente Amplio pierda la mayoría absoluta en las elecciones generales de este octubre.
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