Reformas institucionales propuestas en México no generarían cambios en seguridad

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El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado su período de transición antes de asumir el cargo en el mes de diciembre para poner en marcha una serie de propuestas de reforma a los organismos de seguridad del país. Pero la esencia de estos planes da cuenta de la vieja tendencia de México de recurrir a reorganizaciones innecesarias en lugar de mejorar las instituciones.

Dentro de las reformas propuestas por la nueva administración, la más llamativa es la reinstauración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Creada en el año 2000 durante la administración de Vicente Fox, la SSP expandió en gran medida sus funciones durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). La Secretaría, cuyo director Genaro García Luna la convirtió en un emblema de los errores y abusos de la administración Calderón, fue disuelta poco después de que el actual presidente Enrique Peña Nieto asumiera el cargo a finales de 2012.

López Obrador también ha prometido abolir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), según informó El Universal. Afirmó que, en su lugar, creará una Agencia Nacional de Inteligencia, que operará como parte de la nueva SSP.

Finalmente, el ministro de Seguridad Pública de López Obrador, Alfonso Durazo, dijo que el presidente entrante planea establecer una nueva policía fronteriza militarizada, según informó El Financiero.

La guardia fronteriza, que teóricamente sustituiría a las fuerzas armadas de México —miles de cuyos miembros han sido desplegados a nivel nacional desde 2006— parece ser una modificación de la Guardia Nacional que López Obrador propuso durante la campaña, pero de la que luego se retractó tras su victoria.

Análisis de InSight Crime

Faltan más de tres meses para que López Obrador se posesione en el cargo, y seguramente muchos detalles de sus propuestas de seguridad —o quizá de su propio diseño— cambiarán en el ínterin. Pero el presidente electo de México asumirá el mando no solo con un fuerte apoyo del Congreso, sino además con la buena voluntad con la que suelen llegar las nuevas administraciones. Dadas sus manifiestas inclinaciones, parece inevitable que se dé una reconfiguración sustancial de los organismos de seguridad de México.

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En cierto sentido, las ideas de López Obrador se remontan a varias décadas atrás. Desde principios del nuevo siglo, cada nuevo gobierno ha buscado una drástica reorganización de las instituciones de seguridad de México, desde la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por parte de Fox, hasta la abolición de la misma agencia por parte de Calderón y la cacareada Gendarmería de Peña Nieto.

Cada uno de estos cambios ha buscado revolucionar la estrategia del país frente a la seguridad pública. Pero en realidad no lo han hecho.

Las reformas han sido solo paños de agua tibia, y la seguridad de México ha ido constantemente en la dirección equivocada. La AFI fue desplazada por el Ejército como el principal agente de la política de Calderón mucho antes de ser abolida. La Gendarmería terminó siendo una pequeña fuerza con alcances limitados. A pesar de sus muchos esfuerzos, Calderón y Peña Nieto han dejado la situación de seguridad del país peor que como estaba cuando fueron elegidos.

Esto no significa que las reformas anteriores, o las propuestas por López Obrador, sean necesariamente malas ideas. Lo que ocurre es que tienen poco que ver con las causas de raíz de la incapacidad del Gobierno para responder a las crisis de seguridad. Cualquier esfuerzo por mejorar los resultados de las agencias de seguridad mexicanas debe centrarse en los aspectos más importantes de los agentes de policía: ¿qué incentivos los llevan a coludir con los criminales y a cometer violaciones contra los derechos humanos? ¿Qué requieren para rastrear de manera más eficiente las actividades de los grupos ilegales y ayudar a levantar casos jurídicos contra ellos?

Las propuestas de López Obrador, incluyendo la de reducir el papel de las fuerzas armadas de México y mejorar los sueldos de los policías, tienen el potencial de alterar la situación de seguridad del país. Pero en esta etapa, estas escuetas ideas están en una fase embrionaria y requieren mucho trabajo para convertirse en políticas viables y eficaces.

Las promesas de mayor profesionalización y desmilitarización deben ser incorporadas a una estrategia integral para mejorar el rendimiento general de los diferentes organismos de seguridad y disminuir sus abusos. En lugar de buscar reorganizaciones innecesarias, sería mejor que López Obrador y su equipo de seguridad dedicaran su tiempo a la hercúlea tarea de transformar sus frescos ímpetus en un programa realizable.

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