Reportes de los ‘Desaparecidos’ en Mexico Ponen a Estados Unidos en una Encrucijada

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Luego de una serie de informes sobre los “desaparecidos” de México, los mexicanos deben descifrar quiénes son las más de 26.000 víctimas, y el gobierno estadounidense tiene que preguntarse si la marina del país, su aliado más importante en la lucha contra las drogas, sigue siendo un socio digno de su confianza.

El último informe puede haber sido el más preocupante – tanto por lo que dice, como por lo que no dice-. La subsecretaría de asuntos jurídicos y derechos humanos de la secretaría de gobierno, Lia Limón, dijo en una concurrida conferencia de prensa el 26 de febrero, que la Procuraduría General de la República (PGR) había registrado 26.121 personas como desaparecidas durante el sexenio del presidente anterior, Felipe Calderón.

De ellos, Limón dijo que 20.915 habían tenido algún tipo de roce con la ley (“averiguación previa”). Esta es la forma no tan sutil del gobierno mexicano de decir que eran “culpables de algo”, y alimenta la creencia pública de que ellos debieron haber desaparecido por tener vínculos con actividades criminales.

(Es la misma posición que el gobierno de Calderón asumió, hasta que su equipo le recordó que estaba dejando vulnerable al gobierno para una serie de demandas civiles internacionales).

Limón no dio información adicional sobre los que desaparecieron, aunque partes de estas listas parecen haber sido filtradas a la prensa: primero en noviembre al Washington Post, que publicó una historia sobre las “más de 25.000 personas desaparecidas”, una cifra que Washington Post dijo que era de la Oficina del Procurador General.

Otra lista con una cifra de 20.851 terminó en manos de Los Angeles Times, quién se la pasó a la organización no gubernamental Propuesta Cívica, la cual publicó la lista en su totalidad, luego de redactar los nombres de las presuntas víctimas (Descargue la lista y el excelente análisis de Propuesta Cívica aquí).

Por último, está Human Rights Watch, que en un reporte del 20 de febrero dijo que había obtenido dos listas del gobierno, así como la documentación propia de 251 casos de desapariciones, algunos de los cuales estaban conectados a la armada de México, el socio más importante del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada.

Análisis de InSight Crime

Para los observadores de Colombia, esto se siente un poco como un déjà vu: un gobierno asediado obtiene grandes cantidades de ayuda de Estados Unidos, y las mismas unidades beneficiadas con la asistencia están conectadas a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

En Colombia, una de esas unidades fue la Brigada XXIV en Putumayo, la cual, después de recibir asistencia, dio paso regular y encubrimiento a los grupos paramilitares que luchaban contra las guerrillas de izquierda y masacraban a la población civil que creían que trabajaba con los guerrilleros. La unidad fue finalmente excluida del beneficio de la ayuda en virtud de la Ley Leahy, una disposición que prohíbe dar ayuda a las unidades conectadas a abusos contra los derechos humanos.

En México, la unidad en cuestión es la armada, posiblemente el órgano más capaz, y menos corrupto, de las fuerzas de seguridad mexicanas luchando contra el crimen organizado, y la opción principal del gobierno estadounidense. Para citar sólo un ejemplo, cuando Estados Unidos dio información, a finales de 2009, que Arturo Beltrán Leyva, uno de los capos mexicanos más temidos, estaba arrinconado en un edificio de apartamentos en Cuernavaca, la información fue directamente a la armada, la cual se preparó, organizó una redada, y mató a Beltrán Leyva.

No obstante, en su informe, Human Rights Watch dijo que documentó más de 20 casos en los que la armada había participado en lo que calificó como “desapariciones forzadas“:

La concentración de estas desapariciones en un período breve, la similitud de las tácticas descritas por familiares de las víctimas u otros testigos, las cuales fueron corroboradas por registros fotográficos y de video, y que tales desapariciones se hayan producido en distintos lugares de los estados al norte del país, claramente sugieren que no se trató de casos aislados, sino de un modus operandi de la Marina. Dada la cantidad de miembros de la Marina que presuntamente participaron en estos operativos —según relatos de testigos, se habrían identificado al menos una decena de vehículos oficiales— y el reconocimiento de la Marina de que detuvo a las víctimas, es poco probable que estos operativos se hayan producido sin conocimiento de oficiales de alto rango.

Sin duda, en el noreste, la armada tiene una reputación de ser a la vez brutal y arbitraria en el trato con los civiles, habitualmente rompiendo puertas y usando excesivamente la fuerza física. Incluso cuando termina su trabajo, tiene la costumbre de dejar atrás un rastro de suciedad: por ejemplo, después de matar al capo en 2009, emergieron fotos con billetes de pesos mexicanos repartidos alrededor del cadáver ensangrentado.

Esa falta de respeto no se olvida fácilmente. Los aliados de los Beltrán Leyva, los Zetas, encontraron y mataron a tres miembros de la familia de un oficial de la armada que participó en la redada.

Como señala Human Rights Watch, una de las zonas más afectadas por las desapariciones es el noreste. Y las organizaciones locales dicen que las cifras nacionales apenas tocan la superficie. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dice que sólo en el estado de Tamaulipas, donde los Zetas y el Cartel del Golfo están luchando por el control, hay más de 10.000 desaparecidos.

El estado también está haciendo frente a numerosos reportes de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados en los que “agresores” anónimos están muriendo en “combate” en cantidades salvajemente desproporcionadas.

Estados Unidos se enfrenta a un dilema: aplicar la Ley Leahy y arriesgarse a eliminar su aliado más importante (y empantanar aún más las relaciones con la administración del recientemente electo Enrique Peña Nieto), o ignorarla y correr el riesgo de enfurecer a la comunidad de derechos humanos que mantiene su mirada cada vez más atenta en México.

Por su parte, el gobierno mexicano parece estar dispuesto a barrer las “desapariciones” bajo la alfombra. El gobierno anunció que estaría trabajando con la Cruz Roja para el esclarecimiento de los casos. Sin embargo, en lo que parece ser una estrategia diseñada por el caos, no está claro qué entidad gubernamental está liderando esta investigación. Lo que es más, evitar la responsabilidad es una especie de pasatiempo para las élites del país.

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