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ANÁLISIS

República Dominicana: Crónica de una muerte no denunciada

CARIBE / 17 SEP 2013 POR LILIAN BOBEA* ES

Aunque las tasas de homicidio en República Dominicana no son altas en comparación con el resto de la región, las muertes están muy concentradas y ocultas en los sectores pobres de la capital del país, lo que refleja el fracaso de años de la política de seguridad y de la naturaleza cada vez más organizada de la delincuencia en Santo Domingo.

“La noche que mataron a Tito Moya, fueron los mismos que hacía un rato habían sido detenidos y soltados por la policía. Ese día yo estaba sentada en la galería y veo que uno de ellos le puso la pistola en la boca a otro frente a mi casa y después oí un cartuchazo que pareció un “tumba- gobierno”. El destacamento esta cerca y se oye el tiroteo pero no pasa nada. Al rato me paro yo en la ventana y veo al muerto que se quedó sentado en la silla con el fogonazo” (Residente de Gualey)

Historias como ésta no aparecen en la primera plana de los matutinos; ella forma parte de una narrativa siniestra que circula en las esquinas de los barrios mas desabastecidos de servicios y bienes sociales; de seguridad. Allí, la violencia huele a cotidianidad, es múltiple, impuesta, asumida, justificada y contenida para que no se derrame mas allá de los linderos que ocupa la población social, económica y políticamente mas desventajada.

Con relación a esta violencia letal, Republica Dominicana ocupa un lugar intermedio respecto al resto de América Latina y el Caribe: muy por debajo de Honduras (82 homicidios por 100,000 habitantes, El Salvador (68/100,000), Jamaica (51/100,000), Trinidad y Tobago (36), Belice (41); pero por encima de México (19 ) Brasil (22 ) y Panamá (20.5) (UNODC, 2011).

VEA TAMBIÉN: Cobertura de República Dominicana

Sin embargo, como sucede en muchos de esos países, la violencia en Dominicana ha devenido en algo sistémico. De hecho, el año 2004 constituyó un parteaguas en materia de seguridad, que se reflejó primero en la escalada, y luego en el mantenimiento de tasas consistentemente altas de homicidios y criminalidad (a pesar de los flujos), especialmente en las zonas urbanas del país. También se produjeron cambios importantes en los patrones de lo que hasta entonces era considerada la “criminalidad común”, con la aparición de los secuestros, el auge del microtráfico de drogas, de los sicariatos y la emergencia de pandillas enfrentadas entre sí y con la policía. Los asesinatos cometidos por la policía mantuvieron un patrón constante, representando entre el 16 y el 18 por ciento de las muertes violentas del país.

Tomando en cuenta estas tendencias, no es de extrañar que para el 2010, la inseguridad ciudadana ocupara el primer lugar en la opinión de los residentes de Santo Domingo, la capital dominicana, sobre los problemas mas graves que enfrentaba el país (54%), seguido por la problemática de las drogas (40.4%) y las deficiencias del servicio eléctrico (32%), según una encuesta del gobierno. El deterioro progresivo de la seguridad ciudadana, percibido por los residentes del Distrito Nacional, se constata cuando se compara con el año 2006, cuando la problemática del desempleo (61% de los entrevistados) y el alto costo de la vida (53%) predominaban sobre las preocupaciones por la inseguridad (50%) (ADN, 2010).

Estas percepciones no son del todo desfasadas, cuando se mira la trayectoria de la violencia en el país en el cuadro siguiente.

Tendencias de la Violencia Criminal en Republica Dominicana (2008-2012) (Tasas, cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes)

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Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Procuraduría General de la Republica y el departamento de Cartografía y Estadísticas de la Policía Nacional

(*) Sin embargo, para Sto. Dgo. la tasa fue de 4.87 y para el DN 2.40 en el 2012

La Respuesta Gubernamental: “Aun queda mucho por (des) hacer”

En el año 2005, el entonces presidente Leonel Fernández puso en marcha la primera estrategia explicita de seguridad ciudadana, el Plan de Seguridad Democrático (PSD). Previo a esta iniciativa, el Presidente perredista, Hipólito Mejía encaminó la reforma de la ley orgánica de la policía y del Código Procesal Penal. Formulada en términos bastante comprehensivos, la estrategia de seguridad proponía “Contribuir a la reducción de la violencia y criminalidad en el territorio nacional, a través de intervenciones integrales, transversales y participativas.”

A pesar de registrarse una reducción considerable de las muertes violentas y de los delitos en áreas criticas de las zona metropolitanas en sus dos primeros años, el PSD no logró impactar consistentemente la criminalidad violenta, de suerte que las tasas se mantienen aun elevadas. De hecho, hay que ser cautos con celebrar pírricas victorias de reducción de puntos en las tasas de homicidios, criminalidad y violencia ya que estas no necesariamente constituyen un indicador infalible de éxito. Con frecuencia, la ausencia de violencia se debe al despliegue de una criminalidad mas vigorosa y mas enquistada y mejor organizada en vez de caótica.

VEA TAMBIÉN: Cómo el crimen organizado está reemplazando al Estado

Pese al énfasis puesto en la reforma policial, ésta nunca llegó a materializarse debido a la resistencia interna de los sujetos de reforma. La desorganización del estado, reflejada en la falta de coordinación inter-institucional constituyó otro escollo importante, aunado a la falta de compromiso político del partido gobernante (pírrica asignación presupuestal e inercia para limpiar el sector de la seguridad y de la justicia de sujetos corruptos y abusivos).

Cuando se examinan experiencias exitosas de políticas públicas de seguridad en América Latina un elemento común a todas es la voluntad política. Esta voluntad política no es una figura abstracta, ella se cristaliza en varios vectores muy concretos: 1) presupuesto adecuado y enfocado (Medellín y Bogotá); 2) capacidad de coordinación inter-institucional (todos los casos citados); 3) inclusión de actores estratégicos claves (Nicaragua); 4) visión estratégica de largo plazo (Chile); 5) Institucionalización de los procesos orientados a garantizar continuidad (los ejemplos mas consistentes son los de las alcaldías de Bogotá y Medellín); 6) flexibilidad para adaptar las estrategias operativas a los cambios de patrones de la criminalidad (Brasil, con las Unidades Pacificadoras de la Policía); 7) provisión de insumos críticos tales como inteligencia criminal, tecnología, formación constante del capital humano y técnico profesional (Chile y Nicaragua); y 8) entendimiento del entorno y aprendizaje rápido de lecciones pasadas (Jamaica).

Hace apenas unos meses, la administración del actual presidente Danilo Medina, del mismo partido que el saliente presidente Fernández puso en marcha por segunda vez, una Estrategia de Seguridad Ciudadana. La nueva estrategia, con un presupuesto asignado de 28 millones de dolares, enfatiza en el eslabón mas débil del sistema de seguridad, la precaria entelequia en la que se ha convertido la institución policial. Siendo este un factor fundamental en la restauración de la legitimidad estatal en la provisión de seguridad, el escenario de la inseguridad ciudadana esta desbordado por muchos otros factores a los que hay que prestarle igual atención: la permeabilidad del sector de la justicia; la instauración de un sistema robusto y riguroso de inteligencia criminal, la reducción de la impunidad con los corruptos en el ámbito de la seguridad, la justicia y los derechos humanos.

En resumidas cuentas, esta política nueva política actualmente en implementación debe aprender de los errores y aciertos pasados, pero sobretodo, lo que ella pone a prueba es la voluntad política del actual gobierno y de la sociedad civil dominicana para hacer que se cumplan sus preceptos. Aun hay mucho por hacer en el campo de la seguridad ciudadana, que implica deshacer viejas estructuras, culturas y prácticas institucionales, si es que se aspira a que algún día los dominicanos gocemos de una política estatal de seguridad que sea consistente, integral, creíble, efectiva y adecuada.

*Lilian Bobea tiene un doctorado de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y una maestría de la SUNY Binghamton, Nueva York. Es especialista de Seguridad del Caribe y profesora en la Universidad de Bentley, Massachusetts y FLACSO, República Dominicana. Vea más de su trabajo para InSight Crime aquí.

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