Un reciente brote de violencia en Juárez tiene a los analistas de seguridad buscando explicaciones y preguntándose cómo puede evitarse otra guerra de carteles.
Como ya lo habían informado InSight Crime y otros medios de prensa, 2016 va rumbo a ser el año más mortífero en Juárez desde 2012, que marcó el fin de un conflicto de años de duración entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez. Según las autoridades del estado de Chihuahua, hubo 96 homicidios solo en octubre, más de una quinta parte del total anual de 454 muertes violentas. El número total de matanzas de este año ya ha superado el de los dos años anteriores.
El recrudecimiento de la violencia en Juárez ha provocado un repunte mayor en todo el estado norteño de Chihuahua. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), octubre fue el mes más violento del año en todo el estado. Chihuahua ya dejó atrás su total de asesinatos de 2015, y también se encamina a registrar el número más alto de homicidios desde 2013.
2016 también trajo un retorno de los espectaculares ataques estilo comando a la ciudad fronteriza, que se sitúa al lado de El Paso, Texas. La masacre de siete personas dentro de un hotel en octubre, al que las autoridades luego relacionaron con una disputa entre dos grupos criminales, trajo a la memoria muchos incidentes similares de años anteriores. El caso más notorio fue el homicidio de 15 estudiantes que fueron tomados por narcotraficantes en enero de 2010, que desató un repudio masivo, pero esos asesinatos en masa eran frecuentes en esa época.
Análisis de InSight Crime
Existen varios factores en común que pueden estar motivando el reciente brote de violencia. En la cima de la lista está el reciente cambio de poder en Chihuahua y Juárez: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno, perdió la gobernación y la alcaldía en las elecciones de junio, derrotado por el Partido de Acción Nacional (PAN) en el nivel estatal y por un candidato independiente en Juárez.
Como resultado, se han trastornado las relaciones entre el gobierno y los criminales, que se habían mantenido durante los últimos seis años, ya sea por la colusión ilícita entre ambas partes o por patrones más benignos de interacción y entendimiento mutuo. Según esta teoría, las recientes rachas de violencia son evidencia de los intentos de diferentes grupos que por todos los medios buscan hacerse a una posición en un nuevo orden político.
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Como lo informó Sin Embargo, otro factor derivado de las elecciones fue la fractura de la sociedad civil que había servido como fuerza pacificadora como parte de Todos Somos Juárez, el programa federal implementado después de la masacre de los estudiantes en enero de 2010. Los miembros de la Mesa de Seguridad de Juárez, diálogo en temas de seguridad liderado por figuras empresariales y lanzado como parte de Todos Somos Juárez, se fraccionó ante la perspectiva de respaldar al gobernador electo Javier Corral Jurado, así como en su reacción ante el nuevo jefe de seguridad pública, Jorge González Nicolás.
Los acontecimientos en el mundo del crimen organizado también tienen su parte. La anterior guerra en Juárez terminó con la victoria del Cartel de Sinaloa, encabezado por "El Chapo" Guzmán, que a su vez allanó el camino para el radical descenso de la violencia. El arresto y las expectativas de extradición del famoso capo han creado un vacío que rivales y herederos están ansiosos por llenar. De manera similar, funcionarios mexicanos informaron recientemente que Rafael Caro Quintero, el veterano capo liberado en 2013 después de décadas en la cárcel, se ha trasladado a Juárez con la intención de tomar control de la ciudad.
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Aunque el mejoramiento de las condiciones en la ciudad sigue siendo un éxito, las dificultades recientes en Juárez son una muestra de los riesgos de alcanzar seguridad con base en la hegemonía de un grupo criminal. Si los factores subyacentes básicos se mantienen inalterados —la demanda estadounidense de drogas suministradas por México, la proximidad de la ciudad con la frontera y la mala calidad de las instituciones de seguridad pública— no habrá nada que pueda evitar una ola de violencia renovada una vez se debilite la hegemonía criminal, efecto inevitable en el mutable mundo del crimen organizado.
En otras palabras, si la paz de Juárez dependiera totalmente del dominio de Guzmán sobre el negocio nacional de la droga, su durabilidad siempre estaría en entredicho.
La Mesa de Seguridad fue una forma innovadora y efectiva para asegurar la participación de la sociedad civil en el bienestar de la ciudad, y la policía local parece haber mejorado su desempeño en varios aspectos, pero no es claro que los burgomaestres de Juárez hicieran lo suficiente para construir instituciones que mantuvieran su capacidad de reducir el impacto de una nueva guerra para la ciudad.
Aunque el último periodo es preocupante y apunta a la posibilidad de un incremento sostenido de la violencia, es muy improbable que se regrese totalmente al desangramiento del 2010 en Juárez. No es la primera vez que la violencia apunta al alza en Juárez después de la guerra, y en el pasado ha amainado poco después. Más aún, las batallas de desgaste prolongadas entre dos organizaciones importantes son relativamente raras en México.
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