Retirada la inmunidad del presidente de Guatemala, ahora en terreno incierto

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El Congreso de Guatemala ha decidido levantar la inmunidad política del presidente Otto Pérez Molina, lo cual abre la puerta para que los fiscales levanten cargos criminales contra el presidente por su presunto papel en una red de enormes fraudes aduaneros, dejándolo en un territorio incierto.

El 1 de septiembre, todos los 132 parlamentarios presentes en el Congreso votaron a favor de retirar la inmunidad de Pérez Molina, informó Reuters, incluyendo numerosos miembros del propio partido de Pérez Molina, el Partido Patriota, así como de su aliado político, Líder.

La decisión fue celebrada en las calles de Ciudad de Guatemala a pesar de la lluvia, y miles de personas se reunieron frente al Congreso para ver cómo el proceso llegaba a su dramática conclusión después de semanas de protestas contra el presidente.

Esta decisión se presenta poco más de una semana después de que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG, entidad contra la impunidad respaldada por la ONU, acusaran a Pérez Molina de dirigir una red, conocida como La Línea, que cometió enormes fraudes en la Aduana del país. El 29 de agosto, un comité del Congreso había recomendado despojar al presidente de su inmunidad.

La investigación sobre La línea ya ha conducido a la renuncia y el arresto de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Tanto ella como Pérez Molina han negado los cargos en su contra.

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Cuando el escándalo estalló en abril, los fiscales señalaron al entonces secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, como el jefe de La Línea. Sin embargo, en agosto informaron que conversaciones telefónicas interceptadas entre los miembros de La Línea, en las que se referían al “número uno” y el “número dos”, muy probablemente aludían al presidente y la vicepresidenta.

Un anterior intento de eliminar la inmunidad del presidente a mediados de agosto fue en vano, pues el Congreso no logró reunir los votos suficientes para ello.

El período de Pérez Molina termina oficialmente en enero de 2016, pero él podría estar en la cárcel a finales de esta semana. La fiscal general Thelma Aldana dijo que el presidente no puede salir del país, y un juez decidirá si será encarcelado mientras se adelanta la investigación.

Aldana puede estar tratando de prevenir una situación similar a la que se presentó en Panamá, cuyo expresidente Ricardo Martinelli abandonó el país en enero, poco antes de la que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a una investigación contra él por cargos de corrupción.

Análisis de InSight Crime

El panorama es ahora incierto en Guatemala. Pérez Molina ha sido el primer presidente guatemalteco al que se le ha despojado de su inmunidad. Si es arrestado, el vicepresidente Alejandro Maldonado asumirá la presidencia. Maldonado ha sido vicepresidente desde mayo, cuando Baldetti renunció.

La decisión también deja a las elecciones generales del 6 de septiembre en la cuerda floja. Dependiendo de qué tan pronto los fiscales levanten cargos contra Pérez Molina, las elecciones se pueden aplazar.

Por esta razón había temores de que miembros del partido Líder votaran en contra de despojar a Pérez Molina de su inmunidad, ya que su candidato presidencial, Manuel Baldizón, es actualmente el favorito. Posponer las elecciones podría poner en peligro la ventaja de Baldizón, en una reñida competencia en la que se espera que ningún candidato gane suficientes votos para evitar una segunda vuelta a finales de octubre.

Pero parece que el miedo de la reacción de los votantes no logró opacar ninguna posibilidad de que Líder pierda si se posponen las elecciones de este fin de semana. Pérez Molina ha estado enfrentando presiones para dimitir durante meses. El 27 de agosto, unos 100.000 manifestantes se agolparon en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala para exigir la renuncia del Presidente. Es evidente que esta indignación pública ha sido expresada por todos los sectores de la sociedad guatemalteca.

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No está claro cómo esta movilización pública afectará las elecciones. El evidente favorito del Partido Líder parece estar a favor de que las elecciones se lleven a cabo, y seguramente esperará que la aprobación de los votantes aumente tras las recientes acciones contra el presidente y tras los votos de representantes de Líder en el Congreso contra el presidente este 1 de septiembre.

Sin embargo, la agitación también puede llevar a una sorprendente participación de votantes que apenas hace unas semanas eran indiferentes. Su voto puede determinar el resultado.

En medio de todo esto está la dramática caída de quien era considerado un presidente de “ley y orden”. Desde que los fiscales implicaron al presidente en el escándalo de fraude aduanero, el exgeneral militar se ha quedado cada vez más solo. Poco después de los anuncios, varios ministros del gabinete de Pérez Molina dimitieron y la más poderosa asociación empresarial de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se unió al creciente coro de voces que pedían la renuncia del presidente.

Como respuesta, el 22 de agosto Pérez Molina al parecer se reunió con Baldizón con el fin de fortalecer la alianza entre Líder y el Partido Patriota. Al parecer el presidente también se reunió con Mario López, director del gigante operador de telefonía móvil Tigo, y nombró a dos allegados de López en cargos influyentes en el gobierno.

Los esfuerzos desesperados de Pérez Molina por reunir aliados no lograron salvarlo de lo que parecen ser inminentes acciones penales. Dado el alto nivel de influencia que ejercen los políticos sobre los tribunales de Guatemala, no hay ninguna garantía de que una investigación sobre Pérez Molina dé lugar a una condena. Pero ciertamente parece que la forma como tradicionalmente se ha construido la impunidad en Guatemala, mediante negociaciones ocultas y conexiones con las élites empresariales, está empezando a desmoronarse.

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