El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions visita El Salvador para discutir los operativos regionales contra las pandillas, en una presión de los políticos de ambos países por una estrategia de mano dura que puede resultar bienvenida entre gran parte del electorado, pero desvía la atención de problemas más profundos y complejos.
El 27 de julio, Sessions viajó a San Salvador para sostener reuniones con el presidente Salvador Sánchez Cerén, junto con el ministro de asuntos exteriores y el ministro de justicia y seguridad, y el secretario de gobierno del país, entre otros, según el cubrimiento de La Prensa Gráfica. Además, Sessions se reunió con su homólogo salvadoreño, con altos oficiales de policía y con un expandillero, según Associated Press.
El principal objetivo de su viaje es discutir la cooperación en materia de seguridad en la lucha contra el crimen transnacional, en particular la formación de una fuerza de tarea transnacional antipandillas contra la MS13, cuyas células tienen sendas operaciones en ambos países, según AP.
Al día siguiente, el presidente estadounidense Donald Trump se dirigió a una multitud cerca del lugar de varias matanzas recientes, presuntamente relacionadas con la MS13 en la ciudad de Nueva York, donde, aseguró, la MS13 han "transformado parques apacibles y hermosos vecindarios tranquilos en campos de la muerte teñidos de sangre".
Tras dar a entender que todos los pandilleros de la MS13 son inmigrantes —con estas palabras: "Los encontraremos, los arrestaremos, los llevaremos a la cárcel y los deportaremos"—, el presidente pidió mayores recursos a las autoridades de inmigración y apoyo para el muro fronterizo que tiene planeado con el fin de destruir "el infame cartel criminal de la MS13".
El enfoque de Estados Unidos y El Salvador en las pandillas coincide con la publicación de un nuevo informe que estudia las percepciones del público frente a la inseguridad y los organismos de seguridad en El Salvador, publicado por el Centro Kimberly Green para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Florida y la universidad centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
El estudio, titulado "Legitimidad de la Policía de El Salvador y confianza pública en la institución", contiene varias revelaciones sorprendentes sobre las percepciones de seguridad, la estrategia de mano dura contra las pandillas en el país, y la manera como el público la percibe.
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Cuando se preguntó a los 1.200 participantes salvadoreños cuál era el principal problema que enfrentaban su comunidad, la respuesta más común fue el delito, la inseguridad y la violencia de pandillas. Sin embargo, el 68,1 por ciento respondió que su barrio no se veía afectado por las pandillas o solo se afectaba ligeramente.
Con la inseguridad como una de las mayores preocupaciones del público, los resultados indican que una parte significativa de salvadoreños está a favor de un tratamiento agresivo, incluso si pasa por encima de la ley.
De los encuestados, el 40 por ciento aprueba la tortura de miembros del crimen organizado, mientras que el 39,7 por ciento señala que la entendería, aun cuando no la aprueba. Además, el 34,6 por ciento aprobó las ejecuciones extrajudiciales, mientras que otro 39 por ciento afirma que entiende la práctica, y el 17,2 por ciento expresó aprobación frente a la "limpieza social" (asesinato de personas que se consideran socialmente indeseables) mientras que el 47 por ciento apunta que la entiende.
Los resultados también sugieren que el público tiene poca fe en la policía, y razones no les faltan. Del 13,2 por ciento que fue víctima directa del crimen en el último año, solo el 38,9 por ciento denunció el delito, y de esos, el 70,8 por ciento señala que las autoridades no hicieron nada al respecto.
Además, el 51,5 por ciento respondió que creían que la corrupción en la policía está extendida o muy extendida, mientras que solo el 11,6 por ciento pensaron que no es generalizada. Casi la mitad de los participantes tampoco creían que a la policía le interesaran las comunidades, sino que defendían a quienes tenían poder y dinero.
Análisis de InSight Crime
No cabe duda de que las pandillas y la MS13 representan un enorme problema de seguridad tanto en Estados Unidos como en El Salvador, y que reforzar la cooperación y la coordinación transnacionales es por lo general una medida bien recibida en la lucha contra esos problemas. Pero quedan grandes interrogantes sobre los motivos y la eficacia de los planes que tienen los gobiernos de ambos países.
Las políticas de seguridad centradas en tácticas de línea dura a expensas de todo lo demás han demostrado su ineficacia una y otra vez; en el mejor de los casos rindiendo resultados a corto plazo a costa del avance a largo plazo, y en el peor de los casos demostrando ser contraproducentes de inmediato. El Salvador es el mejor ejemplo de esto; sus anteriores políticas de "mano dura" terminaron reforzando la posición de la MS13 y de otras pandillas, mientras que su actual ofensiva de seguridad ha contribuido a una nueva ola de violencia.
La amplia evidencia de esta dinámica sugiere que la dirección que están tomando los gobiernos estadounidense y salvadoreño está más motivada por la conveniencia política que por una legislación cuidadosamente considerada.
Las respuestas en la encuesta de percepción hecha en El Salvador, que acaba de publicarse, dan algunas claves sobre porqué esta puede ser una táctica políticamente sólida, aunque cuando resulte ineficaz o contraproducente como política real.
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Cuando tres cuartas partes de la población aprueba o al menos comprende algo tan extremo como las ejecuciones extrajudiciales, es claro que la retórica dura en lo que respecta al crimen y la seguridad encontrará una audiencia receptiva. Y El Salvador no es un caso aparte de extremismo en este aspecto. Una encuesta realizada en 2015 mostró que un 36,3 por ciento de los ciudadanos estadounidenses apoyan la justicia de los vigilantes, mientras que una encuesta más reciente mostraba que el 48 por ciento considera aceptable la tortura.
Los comentarios de Trump en la ciudad de Nueva York, una combinación de retórica dura hacia las pandillas y la demanda de mayor control a la inmigración —pese a la falta de evidencia de que el control de la inmigración ayude a enfrentar el problema de las pandillas— dobla las apuestas sobre el discurso populista al combinar dos temores que se juntan fácilmente: el criminal y el inmigrante. Al hacerlo, oculta la insuficiencia de ideas nuevas o probadas en la base de sus políticas reales.
La encuesta sobre percepciones de seguridad también brinda algunas claves sobre lo arraigado de las fallas de la política pública y la dificultad de remediarlas en El Salvador, que el gobierno evita remediar al culpar de todo a la violencia pandillera. El problema de las pandillas en El Salvador se ha vuelto un chivo expiatorio conveniente que ha permitido a las élites protegerse y hacerse publicidad mientras desvían la responsabilidad de la corrupción que existe en su bando, lo que puede explicar porqué parecen tan incurables los problemas de seguridad en El Salvador.
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