Retrasos en ley de marihuana en Uruguay dejan puertas abiertas al narcotráfico

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Siete de cada diez consumidores de marihuana en Uruguay siguen abasteciéndose en el mercado ilegal, tres años después de que este país sudamericano se convirtió en el primero que reguló el acceso al cannabis en todo su territorio. El atraso en la ejecución de la ley de legalización ha dejado abiertas las puertas al narcotráfico y todo parece indicar que la venta de yerba continuará siendo un negocio rentable, por un tiempo.

El expendio legal en farmacias, supervisado por el Estado, estaba previsto para julio de 2016, pero la renuencia de los pequeños empresarios y otros imprevistos en la implementación llevaron al gobierno del centro-izquierdista Tabaré Vázquez a postergarlo hasta una fecha imprecisa en 2017.

La iniciativa de regulación del mercado de la marihuana con la que en 2012 sorprendió al mundo el entonces presidente de Uruguay, José Mujica, tuvo una triple intención: quitar a las organizaciones delictivas un negocio de entre US$30 y US$40 millones anuales; alejar a los consumidores regulares de los puntos ilegales de venta directa al consumidor, lo que en Uruguay se conoce como “bocas del narcotráfico”; y poner a disposición de los usuarios flores de cannabis sin sustancias nocivas para su salud, a través de la venta en farmacias.

A pesar de los inconvenientes, una parte relevante de la producción y consumo de marihuana está en marcha. Los consumidores frecuentes o crónicos ya tienen acceso a la planta mediante el autocultivo y los llamados clubes de membresía, donde acceden cómodamente a la mercancía, a precios menores que en el mercado negro. El único requisito para entrar en el mundo de la legalidad es ser ciudadano o residente de Uruguay, lo que deja a los turistas canábicos fuera del acceso lícito.

El mercado de marihuana en Uruguay

Existen diversas versiones sobre el monto de la demanda anual de marihuana en Uruguay, sobre los precios del gramo en “las bocas” y sobre el valor global del mercado negro, pero en realidad son acertijos para los que solo hay respuestas aproximadas.

Un dato básico para analizar este fenómeno lo dio en 2013 el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien siendo miembro del gabinete de Mujica afirmó que la venta de marihuana genera al crimen organizado en Uruguay “entre los US$30 y US$40 millones anuales”. 

En junio de 2012, el entonces ministro de la Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, había llevado la cifra a casi el doble, al asegurar que el tráfico de la yerba representaba US$75 millones anuales, pero el dato ofrecido por Bonomi se ha convertido en el punto de referencia de los analistas. 

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Tampoco hay un cálculo oficial de cuánta yerba se importa y vende ilegalmente en este país, cada año, pero diferentes fuentes ubican el monto entre 20 y 40 toneladas.

Según el diputado Sebastián Sabini, uno de los coautores de la Ley 19.172, el récord de incautación de marihuana en 2011, de casi 2 toneladas, representó el 5 por ciento de la demanda total anual, es decir, 40 toneladas.

En 2015 se batió nuevamente la marca de decomisos con 2,5 toneladas y en 2016 se dirigía hacia un nuevo pico, rebasando las dos y media toneladas en los primeros seis meses del año, según información del Ministerio del Interior, que reconoce que “las bocas de venta de droga se multiplicaron en los últimos años y con ellas los delitos asociados al narcomenudeo”. 

Los consumidores y los precios

Las versiones sobre la cantidad de consumidores uruguayos de marihuana son múltiples, situándolos entre 135.000 y 200.000, en un país de tres millones 300 mil habitantes.

El dato más confiable al respecto fue publicado en la Sexta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas, divulgada el 17 de septiembre de 2016 por la Junta Nacional de Drogas (JND), que calcula un total de 161.000 usuarios, incluyendo a los habituales del núcleo duro, a los regulares y a los esporádicos.

El informe incluye por primera vez un capítulo dedicado a analizar “el mercado de la marihuana actual y la nueva regulación” vigente desde diciembre de 2013. Ahí se indica que la mayoría de los usuarios, el 66 por ciento, sigue accediendo a la sustancia a través del comercio ilegal. Esta yerba de mala calidad, bañada de fertilizantes químicos y sin flores, proviene de plantaciones del este de Paraguay y es conocida como “prensado paraguayo”, porque es comprimida para su manejo y venta ilegal en los otros tres países de la cuenca del río de la Plata, Argentina, Brasil y Uruguay.

En el mercado negro, el precio del prensado paraguayo es muy variable. Un gramo o “palanca” se sitúa en una base de 15 a 50 pesos uruguayos (US$0,50 a US$1,60). Pero igualmente se encuentra a 200 pesos (US$7) los 10 gramos. Marihuana de mayor calidad puede costar hasta 600 pesos uruguayos (US$20) el gramo.

Los comunicados de prensa del Ministerio del Interior y su Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas son ambiguos y carecen de una información uniforme y precisa. Refieren al valor comercial en el mercado negro en una escala que va de US$1 por gramo a US$1.000 la tonelada, pasando por US$200 por kilogramo (US$0,4 por gramo).

Los que a todas luces han ganado en reducción de costos son los 5.000 autocultivadores y el millar de miembros de clubes canábicos registrados ante el Instituto de Regulación del Cannabis (IRCCA), la entidad estatal supervisora, creada por la Ley 19.172 de diciembre de 2013.

“Con menos de 1.000 pesos [US$33] te haces tu propia producción en casa. Un paquete de tres semillas te sale en 680 pesos. Y estamos hablando de que cada planta medianamente cultivada te da 30, 40, 50 ó 70 gramos”, dijo en entrevista Marcelo Cabrera, un pequeño empresario dedicado a la venta de insumos canábicos en Montevideo. En los clubes, las cuotas mensuales por la membresía están entre 300 y 600 pesos (US$10 y US$20 mensuales), con acceso variable, pero generalmente limitado a 50 gramos mensuales.

La puerta abierta

Analistas independientes y fuentes oficiales suponen que aún tomará algún tiempo acabar con el tráfico de marihuana.

“En la medida en que tenemos un mercado de 55.000 consumidores habituales, que te explican aproximadamente el 80 por ciento de la marihuana consumida en el país y que hoy en día tenemos solo al 10 por ciento (los 6.000 registrados ante el IRCCA ) consumiendo en el mercado legal, la consecuencia es que el resto compra en el mercado ilícito. Sigue existiendo el narcotráfico y la marihuana es todavía un negocio rentable”, afirmó en entrevista Marcos Baudeán, un académico de la Universidad ORT de Montevideo, que forma parte del grupo de estudio Monitor Cannabis Uruguay.

“El mercado legal se va a ir armando poco a poco, pero mientras sea pequeño, la demanda sigue existiendo y en la medida que el mercado legal no la pueda satisfacer, esa demanda se va a cubrir en el mercado ilícito”, agregó.

Para terminar de cerrar la puerta al narcotráfico, la expectativa está puesta en el demorado mecanismo de venta en farmacias.

“No todos los consumidores cultivan en su casa, no todos pueden participar en un club de membresía y recoger su dotación mensual. Entonces el fuerte va a estar en las farmacias y es ahí cuando el Estado va a empezar a competir con el mercado negro”, dijo en entrevista Daniel Collazo, autor de Uruguay se planta, un libro de introducción al autocultivo.

El IRCCA fijó en US$1,17 el precio de un gramo de marihuana para la venta en las farmacias, que pagarán US$0,90 a los productores supervisados por el Estado, es decir, un margen de ganancia de 30 por ciento. El monto ha sido cuestionado porque no parece tomar en cuenta los gastos en que incurrirán los empresarios, obligados a cumplir con estrictas medidas de seguridad en el transporte y almacenamiento, que se suman a los costos de producción.

Las autoridades uruguayas argumentan que la calidad del cannabis, la disponibilidad de dos kilos en cada punto de venta, la legalidad y la seguridad en el proceso de compra tirarán el precio del mercado negro hacia abajo, eliminando los incentivos del negocio ilegal.

La marihuana que ofertarán las farmacias será de un tipo genérico y de una misma cepa, han dicho funcionarios del IRCCA. La producción fue concesionada en 2015 por el Estado a dos empresas de capitales nacionales y extranjeros llamadas Symbiosis e Iccorp, que en junio levantaron la primera cosecha de dos toneladas por compañía, la cantidad determinada oficialmente para la primera ronda de distribución.

El hecho de que el cannabis de las farmacias provenga de una sola cepa, apuntó Sabini, permitirá la trazabilidad de la sustancia y facilitará el combate al tráfico ilegal, porque los mecanismos de control están fijados por el IRCCA.

“Quien establezca parámetros no será más el narcotráfico; tampoco va a ser una empresa transnacional o un empresario. Lo va a hacer el Estado en función de un criterio sanitario y de acceso a la sustancia y de una política de regulación de drogas”, afirmó Sabini en entrevista.

La demora

Una de las razones del retraso de la venta en farmacias se debe al temor de los empresarios de ser objeto de ataques de individuos o grupos delictivos organizados.

“Está bien la ley, ¿pero todo lo hemos hecho solo por combatir al narcotráfico? Si es para eso, creo que están bien el autocultivo y los clubes de membresía, pero el tercero está exponiendo a un sector que es atendido en 90 por ciento por mujeres”, afirmó a en entrevista Alejandro Antalif, vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay, quien cuestiona además la idea de que la comercialización de cannabis resulte lucrativa con los precios fijados oficialmente y obligando al registro de usuarios ante el IRCCA.

Las autoridades no han revelado con exactitud la cantidad de establecimientos que se registraron entre marzo y mayo de 2016 para vender marihuana, pero el presidente de la JND, Juan Andrés Roballo, ha dicho que son unas 50 y que están en las capitales de los 19 departamentos o jurisdicciones de la geografía política uruguaya. La cobertura regional es importante porque es una forma de garantizar el acceso a los consumidores distribuidos en todo el país, principalmente en la capital, cerrando espacios al mercado negro.

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La demora ha llevado a especulaciones en la opinión pública sobre la supuesta oposición del actual presidente de la República, el oncólogo y activista contra el tabaco, Tabaré Vázquez. Pero desde el 30 de octubre de 2015 el mandatario definió su posición al afirmar que la Ley 19.172 es un instrumento para combatir el narcotráfico y no ha detenido el proceso administrativo de la legislación, aunque avance lentamente. “La política prohibicionista sobre el consumo de drogas en el mundo ha fracasado como sucedió con la ley seca en Estados Unidos”, dijo.

Uruguay tiene razones para el optimismo, no obstante los retrasos. Baudeán calcula que la venta en farmacias ampliará la cobertura legal a 25 por ciento de los 55.000 consumidores habituales, contra el actual 10 por ciento que cubren los 6.000 autocultivadores y miembros de clubes.

“El negocio de la marihuana es una pata muy importante del narcotráfico, simplemente porque es la droga ilícita que tiene más consumidores en el mundo. Según datos de la agencia de Naciones Unidas para el Control de Drogas, en 2005, el mercado de marihuana era de 4.200 millones al año en Sudamérica y se estimaba que el total en el mundo era de 141.000 millones. Hay muchos cuestionamientos a estas cifras, pero muestran que es un mercado importante, porque hay millones de usuarios. Acá se vio que una manera de debilitar al narcotráfico era haciendo legal el mercado. Y se hizo de una forma muy particular: el Estado regula todo el proceso, producción, distribución y consumo. Se apoya en particulares pero regula todo el proceso”, señaló Baudeán.

“El problema que tenemos en Uruguay es que la Ley 19.172 se pensó en 2012 y se escribió en 2013, cuando el problema de las disputas entre narcos estaba comenzando a ser notorio. Tres años después, en la medida en que no hemos logrado implementar la política, la evolución del mercado ilícito y la evolución de las disputas entre narcotraficantes ha seguido su curso, porque sigue habiendo una demanda de marihuana y han aumentado las incautaciones, lo que quiere decir que el mercado negro está muy activo porque está satisfaciendo una demanda”, explicó Baudean. 

La fórmula uruguaya, entonces, está todavía por probar su total efectividad, pero los avances en la implementación podrían allanar el camino hacia nuevos escenarios.

“Cuando el usuario vaya ganando terreno con el autocultivo o la compra en las farmacias, esto dejará de ser negocio”, consideró Juan Baz, de la Asociación de Estudios sobre Cannabis del Uruguay. “Ya se sabe que los que están vendiendo marihuana ilegalmente vendieron menos que en 2015. Esto ya empezó y va por etapas. Desde hace tres años hemos venido dando pasos y el tema es no darlos hacia atrás”.

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