Los riesgos de trasladar a la policía de Colombia a un nuevo ministerio

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Aunque los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC continúan moviéndose en la dirección correcta, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de distanciar a la policía de los militares podría resultar tanto prematura como arriesgada.

El presidente anunció la propuesta el 28 de abril, mientras presentaba su programa político para los próximos cuatro años. El plan consiste en reubicar a la Policía Nacional, que actualmente responde al Ministerio de Defensa, a un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana enfocado en las amenazas posconflicto.

Dijo que el nuevo ministerio se centrará en el crimen organizado y en la delincuencia común, como el robo de celulares y los secuestros “express”. Además de albergar a la Policía Nacional, esta institución probablemente supervisará algunos otros organismos, entre ellos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la autoridad de migración, Migración Colombia, aunque la composición del ministerio todavía no ha sido finalizada.

La propuesta del presidente está diseñada para mejorar la capacidad que tiene la policía de combatir los problemas de seguridad pública, lo que requiere un conjunto de habilidades y un grado de coordinación con otras agencias del gobierno, que Santos considera, se desarrollarían mejor por fuera del Ministerio de Defensa.

La propuesta se presenta al tiempo que las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan ganando impulso, y mientras Santos está en pleno modo de campaña presidencial. El 16 de mayo el gobierno y las FARC anunciaron el tercer acuerdo de una agenda de seis puntos. Las elecciones presidenciales, por su parte, tomarán lugar el 25 de mayo.

Análisis de InSight Crime

La creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana ha sido objeto de un intenso debate desde que Santos mencionó por primera vez la idea en julio de 2013. Aunque trasladar a la policía a un nuevo ministerio refleja una tendencia regional hacia la priorización de la seguridad ciudadana, los críticos cuestionan si éste es el mejor curso de acción para Colombia.

La policía colombiana es la única fuerza policial en Latinoamérica que responde a un ministerio de defensa, un sistema de organización que refleja la naturaleza de las amenazas de seguridad del país.

Durante los últimos 60 años la proximidad institucional de la policía y las fuerzas armadas ha demostrado ser útil en la lucha contra los grupos guerrilleros y las organizaciones de tráfico de drogas. En 2002, por ejemplo, la policía trabajó junto con los militares para expulsar a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Medellín.

Fuerzas policiales militarizadas como el Comando JUNGLA también han colaborado con otros organismos de seguridad en la captura de narcotraficantes, como fue el caso de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. A medida que las FARC recurren cada vez más a las milicias urbanas, que en la actualidad son responsables por más ataques que sus contrapartes rurales, la intervención policial en el conflicto armado sigue siendo crítica.

Si bien la policía, sin duda, necesitará adaptarse a un panorama de seguridad diferente en caso de que se alcance un acuerdo de paz, la era posconflicto sigue siendo una situación hipotética. Después de un año y medio de negociaciones, las FARC y el gobierno colombiano han llegado a acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda. Incluso si firman un tratado de paz, algunos elementos de las FARC probablemente se criminalizarán y se continuarán beneficiando de las actividades ilegales que actualmente financian su insurgencia.

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Además de ser prematuro, trasladar la policía a un nuevo ministerio también podría ser riesgoso en el futuro inmediato, pues el período de reajuste dentro de las instituciones de Colombia coincidiría con un posible aumento del crimen y con la aparición de nuevas amenazas a la seguridad. Por ejemplo, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2006, muchos antiguos paramilitares se convirtieron a grupos criminales que el gobierno denominó BACRIM (bandas criminales).

Jairo Delgado, un general retirado de la policía y exdirector de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL ) dice que al trasladar a la policía a un nuevo ministerio se creará un clima de incertidumbre y confusión logística inoportuno para un período posconflicto. Él piensa que el gobierno debe esperar para ver qué tipo de problemas surgen una vez las FARC se desmovilicen, pues es probable que las fuerzas de seguridad sigan enfrentándose a las amenazas actuales de narcotráfico y crimen organizado en los próximos cinco años -amenazas, que según él, la policía ya está bien entrenada para combatir.

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Sin embargo, otros están a favor de la reubicación. María Victoria Llorente, directora del centro de pensamiento con sede en Bogotá, La Fundación Ideas para la Paz (FIP), que cuenta con numerosos proyectos que estudian atentamente la acción de la policía, considera que esta fuerza no puede abordar adecuadamente los problemas de seguridad ciudadana desde el Ministerio de Defensa.

“[En este ministerio] no están abriendo un espacio para gestionar una política de seguridad ciudadana, porque lo que están gestionando es un plan de guerra”, explicó.

Para Llorente, la seguridad ciudadana requiere de una mentalidad diferente, así como de diferentes habilidades y herramientas. Pero si un enfoque en la seguridad ciudadana es el objetivo final, sacar a la policía del Ministerio de Defensa podría no ser necesario para realizar estas reformas -al menos no en el corto plazo.

La policía ha logrado desarrollar una gran variedad de iniciativas de seguridad ciudadana durante los últimos veinte años desde el Ministerio de Defensa, incluyendo programas que fomentan la colaboración entre la policía y los gobiernos locales, y el “Plan Cuadrantes” en las zonas urbanas, que establece presencia policial en cada sector de las principales ciudades del país.

Trasladar a la policía a un nuevo ministerio también expone a esta fuerza a un tipo diferente de politización, lo que requeriría de cierto ajuste. En El Salvador, un país que también se enfrenta con altos niveles de narcotráfico y de crimen organizado, las autoridades transfirieron a la policía nacional a un recién creado Ministerio de Interior y Seguridad Pública, después de que el gobierno firmó un acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1992. Según una investigación (pdf) realizada quince años después de la transición, la nueva estructura resultó ser un impedimento para la lucha contra el crimen, pues el ministerio dirigía a la policía, en gran medida según sus objetivos políticos y no en relación con las dinámicas de seguridad.

Tanto si se mantiene bajo el poder de las fuerzas armadas como si se trasladada a el ámbito civil, la policía tendrá que aumentar su eficiencia y establecer una mayor confianza con la población. Según la Organización de Estados Americanos, los colombianos reportan menos del 30 por ciento de los robos a mano armada a la policía, lo que indica una creencia de que denunciar los crímenes es inútil.

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