El camino de violencia y corrupción que ardió a través del sistema penitenciario de Colombia a causa de un narcotraficante, que ahora ha sido extraditado, revela las debilidades de una institución que está atrapada entre las balas y los sobornos, y que ahora podría enfrentarse a la disolución.
La odisea de Camilo Torres Martínez, alias "Fritanga", a través del sistema penitenciario colombiano comenzó con su espectacular arresto durante su boda llena de celebridades de segunda, en una isla del Caribe. Luego de que la policía estableciera que, de hecho, no estaba muerto, según lo declarado por un certificado de defunción expedido por un médico corrupto, fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá; una de las instituciones de Colombia de más alta seguridad.
No obstante, su estancia fue corta. Un mes después de su llegada, Fritanga, junto con otro presunto narcotraficante, Andrés Arroyave, alias "La Maquina", fue transferido a la cárcel de Girón en Santander después de que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), descubrieran que ambos sobornaban a los guardias para asegurar privilegios y llevar a cabo la fabricación de un plan de escape.
Pocos meses más tarde, estaban trasladando a la pareja nuevamente. Primero, los guardias descubrieron y detuvieron los planes de Fritanga de hacer una fiesta de cumpleaños, que incluía llevar a la cárcel a familiares, amigos, suficiente pastel para 30 personas y un sistema de sonido profesional. Luego, se supo que Fritanga y La Maquina habían ofrecido sobornos a seis guardias para ayudarlos a escapar. Uno de los guardias rechazó la oferta e informó a sus jefes, y Fritanga fue trasladado a una cárcel de Valledupar, esta vez sin su amigo conspirador, La Maquina.
La estadía de Fritanga en su nueva casa no fue menos tumultuosa. Cuando los guardias lo encontraron en posesión de un teléfono celular y una llave inglesa, él amenazó con matarlos a todos.
Culpando a la jerarquía del INPEC por frustrar sus ambiciones, Fritanga emprendió una campaña para destruirlos.
En primer lugar, acusó públicamente a Gustavo Adolfo Ricaurte, director del INPEC, de tráfico de influencias, luego de que aparentemente Fritanga supiera de una carta en la que Ricaurte pidió al Ministro de Justicia acelerar el proceso de extradición de varios narcotraficantes de alto nivel que han provocado problemas en las prisiones –entre ellos él mismo y La Maquina–.
Fritanga también enfocó su mirada en el subdirector del sistema penitenciario, Pompy Pinzón Barón, a quien Fritanga presuntamente culpa de llevar a cabo sus múltiples transferencias. Incluso después de que Fritanga fuera extraditado en abril, Pinzón siguió recibiendo información a través del sistema penitenciario de que permanecía en una lista negra, recibiendo mensajes aparentemente enviados como saludos de despedida diciendo que "[Fritanga] le mandaba decir que siempre lo iba a extrañar [a Pinzón] y que lo iba a llevar en el corazón". A principios de julio, Pinzón renunció a su puesto temiendo por su vida.
Después de la extradición de Torres, RCN Radio obtuvo un informe del INPEC que contiene detalles sobre su comportamiento como reo, lo que incluía el acceso a un flujo interminable de mujeres –y viagra para estas visitas– alimento de lujo, alcohol e incluso un colchón ortopédico.
Análisis de InSight Crime
Las llamativas excentricidades de Fritanga y su obstinada determinación para escapar de las penurias de la vida en prisión ofrecen una visión dramática de los problemas cotidianos que enfrenta el INPEC, una institución maniatada por la violencia y la corrupción.
Son endémicas las amenazas como aquellas emitidas en contra de los guardias de Fritanga y Pinzón. A principios de junio, Gustavo Ricaurte, Director del INPEC, dijo que había recibido 400 amenazas de muerte durante las semanas anteriores.
Y las amenazas no son vacías. Los funcionarios del INPEC han sido, en repetidas ocasiones, blanco de ataques y han sido asesinados. El caso más reciente registró una emboscada de presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a un convoy que transportaba a varios prisioneros, matando a cuatro guardias y un prisionero, e hiriendo a cuatro más. Si bien el motivo del ataque sigue siendo desconocido, en los últimos años ha habido numerosos casos relacionados directamente a enfrentamientos de los guardias con narcos encarcelados y otros criminales poderosos.
No obstante, en el INPEC no es endémica únicamente la violencia sino también la corrupción. Los ejemplos más infames provienen del ala de la para-política en La Picota. Allí, los políticos encarcelados, la mayoría condenados por vínculos con paramilitares, disfrutan de habitaciones propias, equipadas con baño privado, agua caliente, muebles, TV por cable, computadora y acceso a Internet. En las zonas comunes hay un gimnasio bien equipado, sala de juegos, jardín, zona de masajes y una cocina donde los prisioneros pueden preparar su propia comida traída de afuera. Sin embargo, además de estos beneficios autorizados por el INPEC, por un módico soborno adicional, los prisioneros también pueden traer cualquier cosa que deseen, por lo general siendo el alcohol y las mujeres lo que encabeza la lista.
En junio Anselmo Escobar, director de La Picota, fue suspendido a la espera de una investigación, a raíz de un escándalo causado por la fiesta ilícita de cumpleaños de un congresista detenido. No era la primera vez. El infame para-político Juan Carlos Martínez fue trasladado de La Picota luego de que se filtrara la noticia de su elaborada fiesta de cumpleaños, donde unos 34 invitados festejaron durante todo el día y la noche. La fiesta fue sólo el último de una serie de escándalos contra la prisión que involucran a Martínez, incluyendo una ocasión en que se contrató a un equipo de construcción para tumbar una pared y así ampliar su celda.
Casi al mismo tiempo que la renuncia de Escobar, la revista Semana obtuvo un informe del INPEC que revelaba cómo varios reclusos, entre ellos Martínez, también han asegurado reducciones a sus condenas al afirmar fraudulentamente de haber participado en programas de trabajo. Los políticos caídos en desgracia, que reciben un día libre de su condena por cada dos días de trabajo o de estudio, se registraron como si hubieran trabajado turnos de ocho horas, cuando en realidad habían estado fuera de la cárcel en visitas médicas o audiencias judiciales.
Afuera del ala de la para-política, las condiciones en La Picota son horrendas y recientemente han incitado protestas por parte de los prisioneros. La población carcelaria es 232 por ciento más grande que la capacidad de la prisión y los reclusos no caben en las hacinadas celdas y se ven obligados a dormir en los pasillos y baños insalubres. El agua, los alimentos y la atención médica son escasos y se han convertido en un privilegio y no un derecho.
La corrupción también es rampante. Según las quejas presentadas contra el INPEC, los presos tienen que pagar para asegurar un lugar para dormir, o para obtener uno de los escasos trabajos o puestos para estudiar.
Las acusaciones de corrupción han sido el centro de una campaña política para desmantelar el INPEC. Durante los debates sobre las reformas al Código Penitenciario de Colombia, los miembros del Congreso sugirieron una propuesta para reemplazar al INPEC con un nuevo instituto de guardias de prisión que depende directamente del Ministerio de Defensa o de la policía.
Es difícil ver cómo reemplazar el INPEC con otra institución –seguramente contando con gran parte del mismo personal– pueda poner fin a los profundos problemas que están cerca de socavar fatalmente a la institución. No obstante, es claro que el INPEC en su forma actual no es conveniente para su propósito.
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