Salida de General Salvadoreño de Seguridad Pública Pone en Entredicho la Tregua

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador falló el viernes, estableciendo que es inconstitucional el nombramiento de dos ex generales militares en importantes puestos de seguridad pública, lo cual plantea la pregunta sobre ¿qué pasará con la tregua entre pandillas del país?

El destituído Ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, era uno de los principales coordinadores de la tregua entre pandillas, a través de la cual, se logró la reducción de aproximadamente el 41 por ciento de los homicidios, durante los 13 meses que ésta lleva vigente. Adicionalmente, también se encuentra destituído el general Francisco Ramón Salinas, jefe de la Policía Nacional. 

La Corte determinó que el nombramiento de los militares en los puestos de seguridad pública, va en contra de los artículos 159 y 169 de la Constitución salvadoreña; ambos revisados cuando el gobierno firmó los Acuerdos de Paz en 1992 con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente un partido político. La sección de los Acuerdos que trata el tema de la seguridad pública establece que debe ser “independiente” de las fuerzas armadas. 

La salida de Munguía, el viernes, estuvo acompañada por especulaciones en torno a cómo esto podría impactar la tregua. Una de las primeras declaraciones públicas que el general Munguía Payés dio a la prensa salvadoreña poco después de jurar en el cargo, en noviembre de 2011, fue que tenía un plan para reducir los homicidios un 30%. Los asesores de Funes se pusieron nerviosos: ¿30%? Ningún gabinete de seguridad había logrado siquiera rozar el 10% en la última década. Lo que los asesores no sabían, ni la prensa en ese momento, es que el general tenía un plan.

Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2012 el periódico electrónico El Faro reveló buena parte de ese plan. Los hombres de inteligencia del general encabezados por el coronel Simón Alberto Molina Montoya, a quien Munguía había puesto como segundo en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), y Raúl Mijango, un ex guerrillero al que el nuevo ministro de Seguridad había contratado como asesor cuando era ministro de Defensa, tenían a punto un pacto que posibilitaría una tregua entre las pandillas Mara Salvatruch (MS13) y Barrio 18. El pacto, en corto, consistía en que el estado facilitaría mejores condiciones carcelarias a los líderes de ambas pandillas para que estos pasaran a la calle la orden de disminuir los asesinatos.

Fueron esos días difíciles para los periodistas que revelaron el plan. El director de El Faro, Carlos Dada, incluso denunció en la televisión salvadoreña que sus reporteros eran objeto de seguimiento. También hubo, según cuatro fuentes diferentes de la inteligencia estatal y la policía salvadoreñas, purgas internas en la PNC y la OIE, que incluyeron el uso de polígrafos, en busca de informantes.

Hubo, al principio, mucha especulación sobre cuáles eran las condiciones reales del pacto inicial y cuáles las cesiones reales del Estado, las cuales se vieron alimentadas por declaraciones encontradas del ministro, e incluso del mismo presidente, quien pasó casi un año negando la participación del gobierno en el pacto hasta que, en abril de 2013, lo hizo suyo y le dio status de política pública incluso ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos cuando vino a Washington en busca de financiamiento para programas de prevención.

Muchas de las dudas nunca se resolvieron, pero lo cierto es que el plan del general funcionó en el tema de homicidios. Con creces. En su correo institucional de despedida de la PNC, enviado el sábado 18 de mayo, el general Salinas escribió: “En cuanto a la baja del delito, el del homicidio cerró el año 2012 con un descenso del 41% en relación con la cifra del 2011”. Nadie ha podido, hasta ahora, disputar esa cifra.

También es cierto, sin embargo, que ni el general Munguía ni el presidente Funes en el último tramo pudieron explicar con convicción cuál era el camino para dar sostenibilidad a una tregua que empezó desde la oscuridad. Y también es cierto que las autoridades terminaron por conceder que los líderes de las pandillas no incluyeron en el pacto las extorsiones, uno de los delitos que más afecta a quienes viven en zonas de alta influencia pandillera.

“Uno de los efectos más claros en la calle es que ahora los líderes son autoridades más asentadas, que en algunos casos han sustituido a cualquier otra autoridad”, explicaba hace unas semanas un periodista que ha cubierto la tregua y sus efectos en El Salvador.

Uno de los primeros en reaccionar a la salida de Munguía fue Mijango, el principal mediador de la tregua. El ex guerrillero dijo que la resolución de la Corte estaba influenciada por enemigos del “proceso de paz”, como él siempre le llamó; que Munguía y Salinas eran “héroes” de la patria; y que esperaba que Funes nombrara rápido a sucesores que dieran continuidad a la tregua.

El sábado, en una conferencia convocada en la cárcel y a través de un comunicado de prensa, las pandillas lamentaron la decisión de la corte y dijeron que mantendrían la tregua siempre y cuando las nuevas autoridades de seguridad renovaran los compromisos adquiridos por el general saliente. En un tono desafiante agregaron que la decisión de los magistrados “pone en riesgo la seguridad de los salvadoreños”.

Funes, en un programa radial que transmite todos los sábados, dijo que no comparte la decisión de la Corte, pero que está obligado a respetarla. Dijo también que le extraña el “tiempo” de la resolución y que nombrará a los sustitutos de Munguía y Salinas en los próximos días. Por el momento, en forma interina, el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, asumirá el despacho de ministro, y el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, actual subdirector de la Policía, asumirá como director general.

Los 30 días previos a la salida de los generales habían sido críticos para la tregua. El 11 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador, que reúne a todos los obispos católicos del país, hizo público un comunicado en el que cuestiona la tregua y condena los ataques de las pandillas a la población, además de distanciarse del proceso. El documento está firmado por el obispo castrense Fabio Colindres, el mediador católico al que Munguía acudió para dar credibilidad luego que otros tres obispos lo habían rechazado. En el último mes, además, los homicidios habían subido.

(Vea la investigación de InSight Crime sobre el papel de la Iglesia en la tregua entre pandillas de El Salvador)

Análisis de InSight Crime

El Presidente Funes se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su presidencia. Aunque se resistió al principio en dar a la tregua estatura de política pública, terminó por hacerlo. El pacto pandillero es hoy, de hecho, parte central de su discurso y de su acción pública.

Hoy, con la salida del ministro que gestó, planificó y ejecutó la tregua, el presidente deberá, si quiere mantener la baja en los homicidios, nombrar funcionarios que comulguen con los planes de Munguía y que tengan, como el general, las líneas de interlocución directas con el liderazgo pandillero. En pocas palabras: la tregua dio a los líderes de las maras status de interlocutores del estado y quien llegue al despacho de seguridad deberá estar de acuerdo con mantenerles para garantizar la baja de homicidios. En ese sentido, tienen razón quienes aseguran que la tregua depende de las pandillas.

El plan de Munguía nunca incluyó la sostenibilidad, y a estas alturas parece demasiado tarde para pensar en eso, aunque si Funes decide dejar a Moreno en el cargo, el actual viceministro es el funcionario que mejor conoce las pocas líneas de financiamiento para prevención que existen en la actual administración. Solo con un plan agresivo, y financiado, que permita intervención del estado para la reconstrucción de tejidos sociales en esos barrios donde las pandillas ya sustituyeron a la autoridad pública, la tregua pasaría a depender de alguien más que los líderes en las cárceles. Lo dicho, parece muy tarde para eso, sobre todo hoy que esos líderes adoptaron ya una pose más agresiva ante la salida de su interlocutor.

Hay, además, otros dos elementos a tomar en cuenta. El primero es el ruido electoral: ante la elección presidencial del próximo año, ya la derecha política — en la oposición — empieza a aprovechar la inestabilidad para tratar de sacar raja.

Si la clase política decide enfrascarse desde sus puestos de poder, como suele, en la discusión estéril antes que en la proposición de salidas viables, si el presidente insiste en defender esa tregua que en principio no reconoció, y por lo mismo no desarrolló en política de estado viable, y si la oposición se enfrasca en su cómoda trinchera solo a esperar que la tregua se desmorone, entonces sí serán “El Diablito de Hollywood”, “El Sirra”, “El Viejo Lin”, “El Trece” y “El Chino” quienes decidirán quién vive y quién no.

El segundo elemento es el silencio que la tregua y el enfoque casi exclusivo de la discusión sobre seguridad pública en el tema pandillero han creado alrededor del crimen organizado y el narcotráfico. Todo indica que, como en los dos periodos presidenciales anteriores, los homicidios y la violencia homicida que ha generado la batalla entre la MS13 y el Barrio 18 ocuparán por completo la atención de este presidente mientras los operadores del narcotráfico y sus agentes en el estado salvadoreño operan a sus anchas. Y para el narco, está visto, el color partidario es lo de menos.

El polémico cambio

El nombramiento del general David Munguía Payés ocurrió luego que, tras meses de presión por parte de Estados Unidos, Funes aceptó la renuncia de su primer ministro de Seguridad, el ex guerrillero Manuel Melgar, a quien Washington acusa de haber participado en el asesinato de marines en la zona rosa de San Salvador en 1984.

Al aceptar el cargo, Munguía planteó a Funes el nombramiento del general Francisco Salinas al frente de la Policía y del abogado Manuel Chacón como viceministro de Justicia y Seguridad. El general también pidió la cabeza de Eduardo Linares, también ex guerrillero y director del OIE, y de Rubén Alvarado, del FMLN y director general de Migración. Chacón fue desechado por su pasado como defensor de un policía que había asaltado una agencia bancaria a plena luz del día en 1994, pero se mantuvo como asesor del despacho de Munguía. Linares y Alvarado fueron destituidos.

El abogado Henry Campos, hasta entonces viceministro, renunció al poco tiempo. En su lugar, Funes nombró a Douglas Moreno, hasta entonces director de cárceles.

Tras tres meses de especulación, marcados por protestas provenientes de la izquierda y de sectores liberales en Washington que veían en el nombramiento de Munguía una violación a los Acuerdos de Paz, Funes nombró a Salinas director de la Policía. Con él regresaron a puestos claves de la PNC oficiales provenientes del ejército, la mayoría de ellos investigados por diferentes delitos y faltas por la inspectora general de la Policía, quien también renunció.

Al final, el gabinete de seguridad de la administración Funes quedó, en efecto, dominada por militares y el FMLN quedó marginado de esa parte del estado – una dinámica que cambió con el reciente fallo de la Corte Suprema y, posiblemente, no para lo mejor -.

 Publicado con autorización de *Héctor Silva Ávalos. Vea otras historias de Silva en su blogCLALS, de donde Silva es miembro, es un patrocinador del trabajo de InSight Crime.

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