Se agota el tiempo para que el gobierno colombiano establezca el marco legal para implementar un acuerdo de paz con los ahora exinsurgentes de la guerrilla de las FARC. No hacerlo sería un grave golpe al acuerdo de paz que corre el riesgo de desestabilizar un hampa ya volátil en el posconflicto.
El 2 de noviembre, el ministro del interior Guillermo Rivera hizo público un llamado a los líderes del congreso para que sostuvieran sesiones plenarias los cinco días de la semana en lugar de los dos habituales en lo que resta de noviembre en un último esfuerzo por implementar el marco legal para los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El motivo de la urgencia es la inminencia del cierre de un régimen especial de "tratamiento acelerado", que buscaba adelantarse al tedioso proceso del congreso en Colombia para implementar con mayor eficiencia las cimientos legales para la implementación del acuerdo de paz. Si el senado y la cámara de representantes no aprueban la legislación relacionada con el acuerdo de paz antes de que termine noviembre, es posible que se retrase por meses la aprobación de medidas importantes.
Nueve leyes y reformas constitucionales relacionadas con el proceso de paz se encuentran en trámite en el congreso. Sin embargo, aun con el fast track, el avance ha sido desesperadamente lento. Ni una ley se ha aprobado desde el inicio de las actuales sesiones, en julio pasado, y ni siquiera se han debatido cuatro proyectos, según El Tiempo.
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La legislación en trámite incluye leyes fundamentales para implementar el sistema de justicia transicional, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más una reforma diseñada para facilitar la participación formal de las FARC en la política.
Los opositores al proceso de paz han intentado obstaculizar el avance de la legislación relacionada con el acuerdo por numerosas vías, entre ellas el no llegar a las votaciones. Sin embargo, los políticos afines al acuerdo de paz también han recibido fuertes críticas por la falta de liderazgo en el proceso legislativo.
El gobierno mantiene la esperanza de prorrogar la fecha de cierre del fast track hasta finales de diciembre, y espera la decisión de la Corte constitucional sobre el tema, según informó Semana. Pero aun con una prórroga, parece improbable que se aprueben todas las leyes del proceso de paz para finales del año.
El gobierno ha estado librando una ardua batalla por aprobar la legislación relacionada con el proceso de paz, desde que la Corte Constitucional suavizó los procedimientos del fast track en mayo, lo que creó una oportunidad para que miembros de la oposición en el congreso usaran tácticas dilatorias para frenar el proceso.
Análisis de InSight Crime
El aspecto legal del proceso de paz ha llegado a un punto crítico. La no implementación del marco legislativo para los acuerdos de paz antes de que termine el fast track y las actuales sesiones del congreso pueden representas el mayor revés político a los acuerdos de paz desde que los votantes rechazaran inesperadamente una versión anterior del acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016.
Las leyes que no se aprueben dentro del fast track se someterán al proceso legislativo normal, que puede quedar en un punto de muerto virtual por acción de ciertos opositores. También es posible que en los debates en el congreso puedan cambiar las promesas hechas por el gobierno a las FARC hasta el punto en que pierdan su esencia.
Además, el congreso debe suspender sus sesiones desde mediados de diciembre hasta marzo de 2018, apenas unos meses antes de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, lo que significa que es casi seguro que los acuerdos de paz se convertirán en un tema político insoluble que los candidatos discutirán buscando su beneficio electoral. Incluso, por lo menos dos de los favoritos en las elecciones han mostrado una oposición frontal a los acuerdos. Si cualquiera de ellos gana, podría aprovechar la falta de un marco legal propicio para sabotear el acuerdo.
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Dicha situación conduciría a un fracaso del gobierno para cumplir lo pactado en el acuerdo de paz, y el impacto de ese fracaso en el hampa colombiano podría ser dramático y peligroso.
Las FARC quedarían en un limbo que los haría muy vulnerables, sin confianza en las garantías sobre su situación judicial, su seguridad, su reinserción a la vida civil y la participación política. En esas circunstancias, aumentaría peligrosamente la probabilidad de formación de grupos disidentes o de retorno de excombatientes a la ilegalidad.
Además, el incumplimiento de las promesas de ayuda para el desarrollo de zonas rurales abandonadas aumentará la probabilidad de que esas regiones sigan dependiendo de las economías ilegales; principalmente, el cultivo de coca. Esto implicaría que muchas de ellas seguirían siendo feudos criminales asolados por la violencia y ajenos al control estatal.
La desintegración del proceso de paz por la falta de legislación que lo respalde también podría tener un efecto devastador en el frágil proceso de paz con el mayor grupo insurgente que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Si el secretariado del ELN o los jefes de las diferentes facciones en riesgo de dejar el proceso, ven que el gobierno ha fracasado por completo en la ejecución de sus promesas con las FARC, sufrirá la credibilidad de cualquier promesa hecha al ELN. Esto podría llevar al secretariado del ELN a revaluar si es un momento propicio para buscar la paz.
Si el gobierno y su frágil coalición en el congreso pueden hacer un último esfuerzo, aún podrían aprobarse por lo menos las leyes más críticas, como la justicia transicional y el proyecto de reforma política. Sin embargo, parece cada vez más probable que el proceso de paz prometido será diferente al que se implemente eventualmente.
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