¿Se avecina guerra entre disidentes de las Farc en el Naya?

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La desaparición y el posterior asesinato de cuatro nayeros, sumados a varios desplazamientos masivos y confinamientos, pusieron los ojos de la institucionalidad en la abandonada región de Naya, Colombia, ubicada entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Un grupo disidente del Frente 30 de las Farc se atribuyó las muertes y se teme que entre en confrontación con otro que está arribando a la zona.

Tras varias semanas de incertidumbre, el 3 de junio salió a luz pública el nombre del grupo que está causando estragos en el Naya: “Fuerza Unida del Pacífico”. Mediante un video de casi dos minutos de duración, un hombre moreno, vestido con camuflado, pasamontañas e insignias alusivas a las Farc y rodeado por tres hombres más armados con fusiles, leyó un escueto comunicado en el que se atribuyó la “retención” y la “ejecución” de los hermanos Hermen, Obdulio e Iber Angulo Zamora, además de la de Simeón Zamora.

*Este artículo se publicó originalmente en Verdad Abierta. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. Puede leer el original aquí 

Los hechos se remontan al pasado 17 de abril, cuando un hombre conocido en la zona con el alias “Cachetes” contrató los servicios de Hermen, quien construía lanchas con fibra de vidrio, para que le recogiera un encargo en el río Micay, a la altura de la vereda Taparal. Antes de partir, Obdulio, quien era docente de la región, se ofreció a acompañar a su hermano, y Cachetes dispuso que llevaran a Simeón.

Se suponía que ese sería un viaje de ida y vuelta, que finalizaría el mismo día. Sin embargo, desde que partieron de la vereda Juan Santo y hasta el pasado domingo, no se volvió a saber nada de ellos. Esa desaparición originó que Iber, un activo líder de la comunidad y quien promovía la sustitución de cultivos de coca como miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), indagara por ellos y contactara a los jefes de esa disidencia de las Farc, que al parecer está bajo el mando de dos hombres a los que se refieren en la región con los alias de “Jair” o “El Loco” y “Chumbi”.

En reacción a esas indagaciones, el 2 de mayo Jair llegó con 15 hombres con fusilas a la vereda Juan Santo y empezó a buscar desesperadamente a Iber, saqueando varias viviendas. Y no lo encontraron porque antes de que desembarcaran, el líder social había escapado por la parte de atrás de su casa. Desde ese momento estuvo en la selva y tres días después fue recogido por una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, que partió de Buenaventura en una lancha facilitada por el SENA.

Tras navegar por varios minutos, se confirmó el peor de los temores de Iber, que fueran detenidos en alguno de los retenes de la disidencia. Así denunció los hechos la Defensoría del Pueblo: “A las 2:28 pm se recibe llamada de la misión informando que la lancha fue interceptada en el río Naya, a la altura de la vereda Santa María, por otra lancha con personas dotadas de armas de largo alcance quienes, con agresividad, procedieron a arrebatar a la misión humanitaria a Iber Angulo Zamora”.

Asimismo, señaló que “cuando los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se pararon a pedir una explicación y respeto por la misión humanitaria, fueron apuntados de manera amenazante con las armas de fuego, en una grave violación a los principios del Derecho Internacional Humanitario”.

Fuentes que han trabajado en la región consultadas por este portal aún no se explican por qué ocurrió ese ataque a la misión humanitaria en una zona en la que hace presencia la Armada Nacional: “La noche anterior se hizo un consejo de seguridad en Buenaventura y las autoridades sabían que al día siguiente la comisión iba a entrar. La pregunta es, ¿por qué no la protegieron?”.

Desde el momento de su captura, Iber pasó a integrar la lista de retenidos por la disidencia de las Farc que se conformó en el Naya tras la dejación de armas de las Farc y sobre la cual las autoridades no tenían información alguna. Ese silencio se rompió cuando la “Fuerza Unida del Pacífico” reconoció la “ejecución” de los cuatro hombres, pero su ‘justificación’ produjo gran indignación en el Naya, porque los señalaron de ser delincuentes y tener nexos con grupos paramilitares, incluso cuestionaron la labor de la Defensoría del Pueblo, de la Personería Municipal y de organizaciones internacionales, porque los reconocían como líderes de derechos humanos.

Ese señalamiento produjo gran dolor e indignación. Una persona que conoce a profundidad la situación de la región le contó a este portal que esos señalamientos son falsos porque los cuatro retenidos se dedicaban a trabajar por su comunidad y señala que en la región nadie tendría nexos con grupos paramilitares. Una de las razones por las cuales es improbable que hagan parte de esas supuestas estructuras ilegales es el pasado: en la Semana Santa de 2001 el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cometió una de las peores masacres de la historia del conflicto armado y produjo un dramático desplazamiento masivo.

Entre disidencias

Dicha fuente también señala que la justificación que dio la “Fuerza Unida del Pacífico” sobre los supuestos nexos con grupos paramilitares, podría ser un mensaje dirigido a otra disidencia de las Farc que está arribando a la región desde su parte alta, para que no los confronten.

De hecho, desde mediados de mayo empezó a circular un panfleto de un grupo que se hace llamar “Columna Móvil Jaime Martínes”, en el que se presenta como una organización político-militar que no es narcotraficante ni delincuencia común, a diferencia de otros grupos que actúan bajo la fachada de ser guerrilla. En los cinco puntos de ese comunicado se desmarcan del grupo que se autodenomina como “los defensores del Pacífico” y los señala de estar causando muertes y desapariciones como las de los hermanos Angulo. Por esa razón, informaron que “ese grupo será combatido por parte de nuestra organización, ya que no se han acogido al lineamiento político-militar ideológico, y sólo han venido causando gran desprestigio a las Farc-Ep”.

En la región cuentan que hace un par de semanas se dio un combate en El Saltillo entre los hombres de Jair y una disidencia que está incursionando desde la parte alta. Las versiones varían, pero indican que en esa confrontación murieron hombres de la hoy conocida Fuerza Unida del Pacífico: algunas señalan que los muertos fueron dos, otras que cuatro e, incluso, se habla de hasta ocho caídos en combate.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por la Fundación Ideas para la Paz, que el 15 de abril publicó una detallada investigación sobre el estado de las disidencias de las Farc, desde octubre del año pasado se escuchaban versiones de que la disidencia del Frente 30 asentada en Jamundí, Valle del Cuaca, tenía proyectado expandirse hacia los municipios caucanos de Suárez y Buenos Aires. Ese traslado podría estar confirmado por un combate que se dio entre disidencias de las Farc en jurisdicción de un resguardo indígena que dejó varias bajas y provocó el desplazamiento de decenas de nativos.

Por otro lado, Fabio Cardozo, secretario de Paz y Reconciliación de la Gobernación de Valle del Cauca, quien entre el miércoles y viernes de la semana pasada estuvo en la región en una comisión interinstitucional para conocer de primera mano la situación y atender a los desplazados, le dijo a este portal que no conoce sobre la versión de una segunda disidencia y posibles combates en la parte alta del Naya porque la misión llegó hasta la parte media, pero aclaró que a esa zona se puede llegar desde Jamundí a lomo de mulas o por el litoral: “Es un lugar agreste y distante, allí es donde se concentra buena parte de los cultivos de uso ilícito”.

Sobre esta situación también se ha pronunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a diferentes comunidades a lo largo del Pacífico. En un comunicado publicado el 22 de mayo, señala que el día anterior “en horas de la mañana pobladores del sector de La Concepción escucharon disparos se estima producidos en el sitio conocido como El Saltillo, sobre la vía que conduce del Bajo Naya al Alto Naya”.

Y agregó que “la militarización existente desde la bocana hasta San Francisco, la operación del grupo criminal en la parte baja -a la que entonces le atribuye la presunta desaparición de los Angulo y Simeón- y la disidencia de la guerrilla de las FARC que estaría controlando la región del alto Naya, está dejando en alto riesgo a la población. El Consejo Comunitario reabrió dos Espacios de Refugio en San Francisco y La Concepción”.

Si se concretan los rumores de la región, la situación se podría agravar mucho más porque las 64 comunidades del Naya podrían quedar atrapadas en una disputa a sangre y fuego por el control de rentas ilícitas. Fuentes que conocen la dinámica de la región señalan que el grupo de Jair, quien se concentró en una de las zonas veredales en donde las Farc dejaron las armas, está conformado por 30 hombres, tiene informantes a sueldo en casi todos los poblados de la región y le cobra impuesto a quienes sacan narcóticos hacia el océano Pacífico.

A raíz de las cuatro desapariciones que finalmente reconoció la Fuerza Unida del Pacífico como ejecuciones, en la región han ocurrido cuatro desplazamientos masivos de 232 familias que llegaron a Buenaventura y Cali, además algunos internos de habitantes de La Concepción y Juan Santo, que se refugiaron en comunidades aledañas como Las Pavas, San Lorenzo, San Bartolo, San Francisco y La Y.

Además, “se han dado confinamientos y la gente no puede salir a cosechar ni cazar por temor de quedar en una balacera porque los maleantes y la Fuerza Pública están regados en todo el monte”, explica una fuente que pidió la reserva de su identidad y quien sustenta que esa situación es “el resultado del incumplimiento de los acuerdos de paz porque por allá no ha llegado la institucionalidad y producto de ello se generan esas situaciones”.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, tras estar dos días en la región, señaló que las poblaciones más afectadas son Concepción, Las Pavas, San Francisco y Joaquincito: “La comunidad nos ha comentado que algunas familias se fueron a Buenaventura por los hechos ocurridos el 5 de mayo. Hay confinamiento en sectores donde los grupos irregulares no dejan que las comunidades salgan a pescar y cosechar sus productos, razón por la cual necesitamos mayor seguridad y presencia de la Armada en estas zonas”.

Sobre la atención de las víctimas, el secretario Cardozo señala que el próximo domingo realizarán una reunión en el corregimiento de Puerto Merizalde con el consejo comunitario para hacer una valoración sobre lo que está aconteciendo desde el punto de vista humanitario y de seguridad de la región: “Desde luego, teniendo en cuenta las demandas que nos presentaron las comunidades en nuestra visita para darles respuesta”. Y agrega que todas las instituciones que estuvieron la semana pasada en la región, le presentarán un informe conjunto a los gobernadores de Cauca y Valle del Cauca, para que tomen cartas en el asunto.

Esas reuniones pueden ser clave para evitar, como lo advierte un líder de la región, que se agudice la situación y se incremente el nivel de riesgo de los pobladores. Una vez más, como en 2001, la comunidad del Naya se encuentra sumida en la zozobra que producen los fusiles y el control de rentas ilícitas. La no repetición de la violencia no le llegó tras la desaparición de las Farc como grupo alzado en armas y, por ahora, el Estado tampoco.

*Este artículo se publicó originalmente en Verdad Abierta. Fue editado y publicado por InSight Crime con permiso. Puede leer el original aquí 

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