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Un juez de un tribunal estadounidense redujo la condena de una narcotraficante de Guatemala este 22 de febrero, pocas semanas después de que las autoridades federales de Estados Unidos liberaran a otro traficante guatemalteco que se encontraba en prisión—dos indicios de la extraordinaria utilidad que representaron estos traficantes para las autoridades como testigos cooperantes, y de la larga lista de acusaciones, arrestos y otras investigaciones que ayudaron a adelantar—.

Después de lo que se conoce como una audiencia de Norma 35 (Rule 35) —según la cual los abogados defensores pueden presentar pruebas de que ha habido cooperación por parte de un criminal convicto con el fin de reducir su condena—, un juez de Miami redujo la sentencia por tráfico de drogas de Marllory Chacón Rossell de 12 a 5 años, una reducción significativa que, según sus abogados, refleja el grado de cooperación de su clienta.

“Estamos agradecidos de que la corte reconociera la extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón y de que por tanto hiciera un reajuste a su sentencia”, le dijo a InSight Crime uno de sus abogados, William Barzee.

La decisión se tomó unas pocas semanas después de que la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos señalara que el 28 de enero había liberado a Hayron Borrayo Lasmibat, otro narcotraficante guatemalteco que se encontraba encarcelado. Su abogado, Peter Raben, fue consultado por teléfono, pero no hizo comentarios sobre la situación de su cliente.

Análisis de InSight Crime

Tanto Chacón como Borrayo desempeñaron papeles importantes en el narcotráfico en el istmo y fuera de él, trabajando con numerosas organizaciones criminales de Colombia, México y casi todos los países de en medio, luego de lo cual fueron capturados y se convirtieron en testigos cooperantes —y, en el caso de Chacón, en colaboradora encubierta—.

No hay dudas de que la ayuda que ofreció Chacón durante las investigaciones de Estados Unidos en torno al narcotráfico ha sido amplia y ha tenido abundantes consecuencias, como el hecho de haber servido de carnada para la detención de Borrayo. Un agente antidrogas le dijo a InSight Crime que Chacón “ha sido quizá el mayor recurso con el que hemos contado”.

Chacón, quien solía ser llamada “La Reina del Sur”, ayudó a adelantar una larga lista de casos. Ello incluye elementos clave del Cartel de Sinaloa que operaban en Centroamérica, como César Gastélum Serrano, alias “La Señora”, un importante miembro del cartel que durante una década o más utilizó a San Pedro Sula, Honduras, como base de operaciones, ejerciendo influencia no solo en el hampa sino también en las élites políticas de la región.

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Gastélum Serrano fue capturado en Cancún en 2015 y extraditado a Estados Unidos. El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exdirigente encarcelado del Cartel de Sinaloa, dijo luego en un tribunal de Estados Unidos que Gastélum Serrano había pagado “coimas” a políticos de Honduras y Guatemala, algo que InSight Crime había señalado en un informe sobre las elecciones presidenciales de Guatemala en 2007.

Chacón también trabajó en casos menos sonados en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con Yaneth del Carmen Vergara Hernández, alias “La Tía”, quien trabajó, entre otros, con La Oficina de Envigado en Medellín y uno de sus principales líderes en ese entonces, Carlos Arturo Arredondo Ortíz, alias “Mateo”. La Tía y Mateo fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos; más adelante, Mateo pidió perdón a los colombianos en una comparecencia ante una corte de Estados Unidos.

Según un reciente informe de Univisión, fue otro traficante colombiano el que inicialmente se infiltró en la organización de Chacón. Ese mismo traficante dijo que la mano derecha de Chacón era Carlos Enrique Luna, también conocido como”Cash Luna”, director de una poderosa Iglesia Evangélica en Guatemala. Luna está siendo investigado por las autoridades guatemaltecas.

Chacón también desempeñó un importante papel en la acusación contra Mauricio López Bonilla, el exmilitar guatemalteco que llegó a ser ministro del Interior y quien le proporcionó a la narcotraficante un cuadro de seguridad especializado, financiado por el gobierno. Como lo señaló InSight Crime, para entonces ella se había convertido en una informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), la cual había instalado cámaras y micrófonos en su casa en Guatemala, la misma casa donde el entonces ministro supuestamente aceptó un soborno para mantenerse alejado de otro traficante que Chacón ayudó a acorralar, Jairo Orellana, alias “El Pelón”.

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El Pelón estaba casado con Marta Julia Lorenzana, y Chacón participó en la detención de su padre, Waldemar, y de sus hermanos, Eliú y Waldemar Jr., todos los cuales fueron capturados y extraditados a Estados Unidos por tráfico de drogas. Eliú y Waldemar Jr. fueron condenados a cadena perpetua; su padre se declaró culpable y aún no ha sido condenado.

Pero además estaba Borrayo, quien fue el principal proveedor de drogas por medio de Colombia para Los Zetas, la violenta organización criminal mexicana que intentó en vano que el hampa de Guatemala cediera ante sus violentas tácticas. La esposa de Borrayo, Mirza Silvana Hernández Reyes, también era cercana a los poderes políticos, especialmente a Roxana Baldetti, quien por ese entonces era congresista y luego llegó a ser vicepresidenta.

Pero Borrayo tenía una debilidad por la Reina del Sur, y cuando ella lo invitó a una cita romántica en París, él inmediatamente tomó un avión hacia México y luego voló a Francia, donde lo estaban esperando las autoridades francesas. Luego fue trasladado a Estados Unidos.

En palabras de otro agente antidrogas, ella era “calculadora”.

Borrayo y su esposa, sin duda indignados por su estupidez, también se volvieron colaboradores. Se dice que su cooperación le ha ayudado a Estados Unidos a acusar a Baldetti, quien está siendo enjuiciada en Guatemala por corrupción. López Bonilla también fue acusado en Estados Unidos.

Borrayo fue inicialmente condenado a ocho años de prisión en el 2015, y saldría libre el 8 de julio de 2023, pero su expediente es confidencial, por lo que no se sabe qué hizo para obtener una pronta liberación. En circunstancias normales, él sería entregado a funcionarios de inmigración, quienes gestionarían su deportación a su país de origen.

Por su parte, Chacón ya ha cumplido 53 meses de su pena. Tras la reducción del 15 por ciento en su condena, que ahora es de 60 meses, podría ser liberada en los próximos días.

“Ya ella vuelve a tener toda su vida por delante”, le dijo a InSight Crime el abogado adjunto de Chacón, Jack Denaro.

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