El secreto del Estado: El régimen de lavado de dinero de Belice

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Ubicado en la costa noreste de Centroamérica, Belice es a menudo nombrado como uno de los destinos de vacaciones más bellos de Centroamérica. Con sus adornados arrecifes de coral y selva tropical, el pequeño país de habla inglesa tiene mucho que ofrecer para los turistas en busca de aventuras tropicales. Sin embargo, Belice rápidamente está siendo conocido por la comunidad internacional por atraer muchas organizaciones de tráfico de drogas, conocidas por transportar marihuana y cocaína hacia Norteamérica.

Dado que la moneda del país está muy bien fijada al dólar de Estados Unidos, Belice también ofrece a los no residentes la oportunidad de manejar cuentas en el extranjero. El lavado de dinero se ha convertido en una importante forma de financiación para muchas organizaciones criminales. Como resultado de ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado recientemente a Belice como uno de los “principales países de lavado de dinero” del mundo.

Uno podría preguntarse, “¿Son todos los países pobres más abiertos a la inversión privada?” No. Sin embargo, en naciones como Belice, existe un problema mayor de mala gestión del gobierno en general, lo cual puede conducir a inversiones privadas ilegales que suelen pasar desapercibidas o impunes por parte de funcionarios del gobierno. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Belice cuenta con un catálogo completo de normas y reglamentos que deberían estar sirviendo al propósito de supervisar las diversas inversiones del gobierno. Estas normas incluyen medidas tales como la Ley de Incentivos Fiscales, la Ley de Incentivos de Exportación, la Ley de Zona Franca de Exportación, la Ley de Zona Franca Comercial, la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales, la Ley de Fideicomisos, la Ley de Banca en el Extranjero, la Ley de Juego y la Ley de Empresas, que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos “ofrece algunos incentivos atractivos a los inversionistas, pero en la práctica a menudo estos incentivos no se realizan”. Esto significa que aunque Belice ha tomado medidas para prevenir que tengan lugar empresas del hampa, sus electores no se han dado cuenta del poder de las leyes actuales y las potenciales consecuencias negativas de no adherirse a ellas. Por lo tanto, esto demuestra la vulnerabilidad del Estado y pone de relieve los problemas de lavado de dinero que enfrenta Belice.

Este artículo fue publicado originalmente por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COAH). Vea el artículo original aquí.

Como se citó anteriormente, Belice es un punto caliente para las actividades ilegales de crear, almacenar, y disfrazar cuentas en el extranjero. Si bien no es un país rico en recursos, Belice tiene una alta producción de minerales como arcilla, piedra caliza, mármol, arena y grava, todos los cuales forman la mayor parte de su industria de construcción. Según el Ministerio de Turismo y Cultura (MTC), la próspera industria mineral de Belice es uno de los mayores atractivos de la nación para los inversionistas extranjeros, junto a las playas y los centros turísticos del país. El MTC también afirma que “el gobierno apoya las empresas colectivas y las inversiones en asociación como un mecanismo preferido. Sin embargo, también permite el 100 por ciento de propiedad extranjera de una empresa”, que es un poder que actualmente está siendo abusado por empresas comerciales que inspeccionan a Belice.

Estos recursos, junto con el encanto natural del país y los lugares bastante remotos, atraen a visitantes de todas partes, se añaden a la atracción de las transferencias de fondos ilegales. Aunque la inversión privada no necesariamente significa corrupción, en la ausencia de una estructura de poder efectiva, la corrupción es inminente. Por lo tanto, el número total de inversiones privadas que pueden realizarse dentro del país debe ser monitoreado y controlado por el gobierno.

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Desde 2001, Estados Unidos se ha involucrado más con las regiones del mundo donde se llevan a cabo este tipo de delitos financieros. La preocupación del gobierno de Estados Unidos es impulsado por el hecho de que se sabe que los delitos financieros financian a las organizaciones terroristas. En un informe publicado a principios de este año, en relación con el lavado de dinero y otros delitos financieros, el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó a Belice como uno de los mejores lugares del mundo en los que pueden ocurrir delitos financieros (pdf). El informe va más lejos y explica que el gobierno de Belice ha fomentado el crecimiento de la banca financiera en el extranjero mientras intenta diversificar su economía. Sin embargo, debido al débil gobierno e ineficaz control del país sobre su sector financiero, estas actividades monetarias pronto se hicieron vulnerables a los delitos financieros.

Gran parte del problema recae en las empresas en el extranjero y los prestamistas en las naciones del Caribe y en las islas remotas. Debido a la falta de recursos, comercio y capital de los países, estas naciones más pequeñas a menudo están dispuestas a acoger, promover y encubrir fondos entrantes cuestionables, en un esfuerzo por diversificar sus economías.

Las naciones del Caribe e islas en otras partes del mundo, en el pasado han sido focos de corrupción internacional y lavado de dinero entre los políticos corruptos, los fugitivos, y similares. Según una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists), más de US$32 mil millones en “riqueza financiera privada están escondidos en paraísos fiscales -más o menos equivalente a la producción anual de las economías de Estados Unidos, China y Japón combinadas”. El artículo sugiere que un empresa podría estar ubicada en Seychelles, por ejemplo, y la identidad del propietario podía permanecer totalmente oculta debido al concepto de “poner ‘una empresa dentro de una empresa dentro de una empresa’”. “Muchos prestamistas en el extranjero son conocidos por utilizar esta táctica. Tal estructura permite a las empresas esconderse en varios lugares, como en Belice, sin dejar rastro de su actividad preexistente o lazos profesionales. Estas naciones son conocidas por tener sociedades ficticias, que hacen que las cuentas sean imposibles de rastrear. Estas industrias han sido muy beneficiosas para los políticos de todo el mundo, y han sido acusadas de financiar a piratas, organizaciones terroristas, y otros fugitivos.

Las organizaciones internacionales han comenzado a presionar a Belice para tomar medidas más serias hacia la prevención de lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización dedicada a la implementación de “contramedidas comunes” para prevenir el lavado de dinero, ha argumentado que Belice no ha avanzado lo suficiente en la creación de medidas preventivas (pdf). El GAFIC también afirma que Belice se ha negado a cumplir o actuar lo suficientemente rápido. El grupo ha llegado a pedir a sus Estados miembros considerar la imposición de contramedidas para proteger sus activos financieros de los riesgos financieros en Belice.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha tomado medidas para garantizar que una nueva crisis en la forma de lavado de dinero no ocurra en el futuro. Esta iniciativa se conoce como la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, más conocida como la Ley Dodd-Frank. Según los investigadores del Consejo de Relaciones Exteriores, esta parte de la legislación específicamente tiene el propósito de “monitorear el riesgo sistémico, limitar el comercio patentado por el banco, colocar nuevas regulaciones sobre los derivados, y proteger a los consumidores para evitar otra crisis financiera”.

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Belice ha respondido a las acusaciones de inacción, citando su Ley de Bancos Nacionales e Instituciones Financieras (DBFIA, por sus siglas en inglés) de 2012 como un paso serio hacia la prevención de delitos financieros dentro de sus fronteras. En una nota positiva, la DBFIA ayudó a fortalecer la Ley de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo de 2008, que fue aprobada por el Parlamento de Belice. La DBFIA ayudó a mejorar las disposiciones para regular los bancos nacionales y las instituciones financieras, y fortalecer los poderes del Banco Central de Belice para supervisar y regular el sector financiero. Sin embargo, como resultado de una débil gobernanza y una corrupción desenfrenada entre los funcionarios electos, en realidad la ley no ha disuadido a los criminales de llevar a cabo sus actividades financieras ilegales.

En general, los países más pequeños como Belice comúnmente son utilizados por las autoridades extranjeras, entre otros funcionarios, para ocultar actividades sospechosas. Con un gobierno central débil, Belice se ha vuelto especialmente vulnerable a los delitos financieros. Con el fin de solucionar este problema, el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendrá que cumplir la legislación Dodd-Frank, para prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro; y a través de la continua supervisión de países como Belice, se espera que se de un progreso.

Si esta legislación no se aplica correctamente o no hay ninguna mejora, la capacitación debe ser proporcionada a los respectivos funcionarios del gobierno. En casos extremos, cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de actividades ilegales, las consecuencias internacionales deben ser establecidas por el principal órgano de gobierno y deben hacerse cumplir. Dicho esto, el cambio debe venir desde adentro. Aunque Belice ha dado algunos pasos en los últimos años para acabar con el lavado de dinero, se debe hacer más en beneficio de la protección de las inversiones financieras. Por un lado, la corrupción dentro del gobierno, que permite que estos delitos financieros ocurran, debe ser abordada en primer lugar como una de las principales causas del problema. También se puede aumentar la supervisión del sector financiero a través de regulaciones más estrictas que pueden ayudar a disuadir a las entidades financieras de promocionar y ocultar transferencias de fondos ilegales. Sin embargo, debido a la naturaleza del lavado de dinero internacional, también es imperativo que los Estados continúen trabajando juntos para abolir los delitos financieros internacionales mediante el establecimiento de leyes y normas internacionales que puedan disuadir la ocurrencia de inversiones ilegales.

*Este artículo fue publicado originalmente por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COAH). Fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí.

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