El exlíder guerrillero y senador electo haitiano Guy Philippe se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero presentados hoy en un juzgado de Miami, un caso que parece enviar un mensaje a otras élites políticas en Haití de las que sospecha han incurrido en actividades criminales.
Philippe fue arrestado el 5 de enero por la policía haitiana, cuando salía de una emisora de radio en Piétonville, cerca de la capital. Ese mismo día fue entregado a agentes de la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) antes de ser extraditado rápidamente a Estados Unidos, informó el Miami Herald.
El arresto de Philippe ocurrió solo cuatro días antes de haber sido investido como senador, un proceso que le habría conferido inmunidad luego de su exitosa campaña en noviembre, en la provincia haitiana de Grand Anse.
Según una acusación de 2005, hecha pública el 6 de enero, Philippe enfrenta acusaciones de participación en tráfico de cocaína a Estados Unidos entre 1997 y 2001, y de transacciones ilícitas con bienes de procedencia ilegal entre 1999 y 2003 en Florida.
Philippe se declaró no culpable de esos cargos en la audiencia realizada el 13 de enero en un tribunal de Miami, informó Associated. Philippe ya había negado las denuncias y alegado por medio de sus abogados que su condición de senador electo le confiere inmunidad contra el proceso.
El abogado de Philippe Zeljka Bozanic comentó a InSight Crime que aunque "es prematuro comentar sobre los hechos del caso en este momento, [Philippe] fue elegido senador, y por ese motivo, la manera como fue detenido y enviado a Estados Unidos violaba sus derechos y las leyes internacionales".
Los comentarios de Bozanic parecen tener relación con las contradicciones legales entre un tratado bilateral de extradición firmado por Estados Unidos y Haití en 1904, y la constitución de la isla, enmendada en 2012.
El artículo 41 de la constitución haitiana afirma que "ninguna persona de nacionalidad haitiana puede ser deportada o forzada a salir del territorio nacional por ninguna razón". Han aparecido informes de un posible debate parlamentario sobre la extradición de Philippe, sobre la cual ha habido críticas de políticos electos. (También hay sospechas de participación en narcotráfico y otros delitos sobre otros miembros del parlamento entrante).
El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce esta contradicción, pero declaró en 2015 que "aunque la Constitución Haitiana prohíbe la extradición de ciudadanos haitianos, el gobierno de Haití ha entregado voluntariamente a los organismos de orden público estadounidenses a haitianos y personas de otras nacionalidades con acusaciones en Estados Unidos".
La Fiscalía de Estados Unidos rehusó responder la solicitud de InSight Crime de comentar sobre el caso, diciendo a través de un vocero que el gobierno "no comentará ni expresará opinión alguna sobre este caso en particular, pues está por resolverse ante la corte".
Philippe actuó como oficial de policía de alto rango en Haití de 1997 a 2000. Durante este tiempo, se sospecha que usó su cargo para proteger cargamentos de drogas de cocaína colombiana en tránsito por Haití hacia Estados Unidos.
Philippe voló a República Dominicana en 2000 después de que fuera acusado de planear un golpe contra el entonces presidente René Préval. En 2004, el expolicía participó en un intento de golpe contra el sucesor de Préval, Jean-Bertrand Aristide.
Más adelante hizo varios esfuerzos infructuosos por entrar en la política por la vía democrática antes de su reciente victoria en las elecciones al senado, mientras evadía los intentos de Estados Unidos por capturarlo. El senador electo se había establecido en la ciudad costera de Pestel, en Grand Anse, donde mantiene una base de respaldo popular, informó el New York Times.
Philippe también es sujeto de otra orden de captura emitida en julio de 2016, donde se lo acusa de dirigir un ataque a una estación de policía que dejó cinco muertos, incluyendo un agente de policía.
Análisis de InSight Crime
La extradición de Philippe a Estados Unidos para responder por acusaciones de drogas cuando sigue acusado de delitos posiblemente más graves en Haití revela la falta de confianza de la nación caribeña en la capacidad de sus organismos judiciales para manejar casos que involucren a élites políticas.
Los nexos entre las élites y el crimen organizado se han vuelto especialmente preocupantes a la luz de la terrible situación económica y la inestabilidad política del país. Las deficiencias estructurales en el sistema de justicia han permitido al crimen organizado moverse casi sin ningún obstáculo en Haití. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la corrupción solo se penalizó en 2014 y, "hasta la fecha, no ha habido sentencias exitosas por narcotráfico o corrupción en los tribunales haitianos".
En este contexto, es probable que Estados Unidos pudo haber ejercido presión sobre las autoridades haitianas para lograr la captura de Philippe antes de su investidura como senador, como una manera de marcar una posición contra la corrupción en la isla.
De hecho, según el Centro para la Investigación Económica y de Políticas, "en el verano, una fuente cercana al gobierno haitiano, que solicitó mantener el anonimato, señaló que Estados Unidos actuaría contra Philippe antes de su posesión como senador para 'enviar un mensaje' al parlamento que está por asumir funciones, en el que se encuentran otras figuras acusadas de corrupción y narcotráfico".
Debido a la variedad de candidatos electorales con antecedentes criminales y sospechosos de participación en actividades ilegales, el Miami Herald había advertido en agosto de 2016 que el parlamento de la isla podría llenarse de "bandidos legales".
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Independientemente de la motivación para la extradición de Philippe, no es muy probable que esta medida tenga un gran impacto a largo plazo en la reducción de la criminalidad y la corrupción entre la élite política haitiana. Como ya lo había explicado InSight Crime, la extradición a Estados Unidos de sospechosos de haber cometido delitos puede reducir la posibilidad de que escapen de la justicia por sus presuntos delitos, y puede ayudar a desmantelar importantes redes criminales. Pero al mismo tiempo, puede reducir el incentivo para que los países realicen las reformas institucionales necesarias para reducir la impunidad generalizada que se observa en toda la región.
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