La reciente sentencia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso en Estados Unidos pone punto a final a años de negociaciones privadas, pero no responde la pregunta en el siguiente paso de su paradigmático caso: si a Mancuso se le debe reconocer el cumplimiento de sus responsabilidades en el proceso de desmovilización paramilitar de Colombia.
El pasado 30 de junio, Mancuso fue condenado por la jueza Ellen S. Huvelle, en una corte del Distrito de Columbia, a 15 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La tarea de Huvelle no fue fácil. Para las cortes estadounidenses, Mancuso es visto como un traficante de drogas de una de las organizaciones narcotraficantes más grandes que jamás se haya conocido: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para los colombianos, él es el rostro de una brutal guerra civil. Durante dos décadas, las AUC duplicaron su tamaño actuando como representantes del ejército del gobierno colombiano en su lucha contra las guerrillas de izquierda. Mancuso se hizo famoso por torturar y matar a cientos de personas y por desplazar a miles más, por considerarlas abiertamente como simpatizantes de la guerrilla.
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Estados Unidos acusó a Mancuso por narcotráfico en 2002. Las AUC negociaron un acuerdo para desmovilizar sus filas en 2004, y Mancuso fue uno de los primeros en entregarse a las autoridades, al parecer para evitar enfrentar cargos en Estados Unidos. Sin embargo, después de que él y otros paramilitares fueron acusados de romper las condiciones del acuerdo de desmovilización, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.
Mancuso, en su extradición a Estados Unidos en 2008
Con su sentencia termina una negociación de siete años en Estados Unidos, que incluyó un arduo tira y afloje con respecto a si el sistema de justicia de Estados Unidos puede servir como un tribunal sustituto en un proceso de paz extranjero. La respuesta, incluso después de todo el debate, aún no está clara.
Análisis de InSight Crime
Estas no son cuestiones triviales. Con los años, Estados Unidos se ha convertido en un tribunal internacional de facto para violadores de los derechos humanos y para criminales de guerra como Mancuso. En Estados Unidos, sin embargo, ellos no están siendo juzgados por violar el derecho internacional humanitario, sino por cargos como narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para delinquir. En el caso de Mancuso, fue acusado en Estados Unidos por violar el Título 21 (fabricación y distribución de sustancias ilegales), el Título 46 (posesión con intención de distribuir) y el Título 18 (ayuda e instigación).
Los juicios en Estados Unidos pueden considerarse como una especie de justicia sustituta, especialmente cuando el criminal de guerra no enfrenta cargos en su país, o si su gobierno es incapaz de juzgar a la persona o no está dispuesto a hacerlo. Pero ésta no es la situación en el caso de Mancuso. En Colombia, después de que fue extraditado, fue condenado en un tribunal colombiano por asesinatos masivos, tortura, desplazamiento forzado, secuestro y otros crímenes de guerra.
Sobre estos crímenes no hay discusión. La defensa de Mancuso reconoce que él es culpable en ambos países, pero argumenta que cumplió con los términos del acuerdo de desmovilización de las AUC mientras estuvo en Estados Unidos y que por lo tanto debe recibir los beneficios de dicho acuerdo. En efecto, según la ley de justicia y paz (el marco legal que permitió la desmovilización de las AUC), Mancuso pagaría sólo ocho años por esos crímenes de guerra, a cambio de su testimonio total y completo acerca de sus crímenes y los de otras personas.
Mientras ha permanecido en Estados Unidos, Mancuso ha ofrecido confesiones particularmente extensas sobre abusos cometidos durante el conflicto colombiano. Parte de su testimonio fue incluso transmitido por televisión de onda corta desde tribunales y celdas de Estados Unidos. La pregunta es: ¿Cuánto le debe acreditar el sistema de justicia de Colombia a Mancuso por participar en el proceso de justicia y paz colombiano desde Estados Unidos?
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La misma pregunta se les planteó a los fiscales de Estados Unidos y a la jueza Huvelle. El acuerdo inicial de declaración de culpabilidad de Mancuso con el gobierno de Estados Unidos incluye reconocerle su participación en el proceso de justicia y paz, siempre y cuando “beneficie a ambos países”. Y por lo que parece, la sentencia de 15 años y 10 meses de Mancuso, que fue sustancialmente inferior a los 30 años de condena que pudo haber recibido por sus crímenes de narcotráfico, ya reconoce dicha participación.
En su solicitud de condena, en la que recomiendan a la jueza una pena de 22 años, los fiscales mencionaron la colaboración de Mancuso en el proceso de justicia y paz colombiano. Señalaron que su testimonio llevó a numerosos arrestos y condenas, incluyendo la de un excomandante militar, un alto oficial de inteligencia, un excomandante de la policía y varios políticos colombianos.
Por su parte, Huvelle también pareció haber estado influenciada por los argumentos esgrimidos por la defensa, pues señaló que Mancuso había proporcionado lo que durante la audiencia ella llamó “extensa” cooperación.
Pero aunque la jueza al parecer reconoció la participación de Mancuso en el proceso de justicia y paz, su decisión no es vinculante en un tribunal colombiano. Además, durante la sentencia, Huvelle no mencionó particularmente el proceso de desmovilización de Colombia, y dijo específicamente que no esperaba que Mancuso recibiera “doble” crédito por su participación en el proceso de justicia y paz de Colombia en suelo estadounidense. En otras palabras, el testimonio que Mancuso dio en Estados Unidos, no cuenta necesariamente como si hubiera cumplido con sus obligaciones con el proceso de justicia y paz (y por tanto, tampoco cuenta para reducir su tiempo de prisión en Colombia).
La sentencia de Huvelle es particularmente extraña por otras razones. En circunstancias normales, el único testimonio que Mancuso le podría ofrecer al sistema de justicia de Estados Unidos —y que pudiera contar como “colaboración sustancial” que daría lugar a beneficios, como una pena de prisión reducida—, sería el testimonio relevante para los casos en Estados Unidos, no para los colombianos.
Los fiscales estadounidenses especifican algo similar en el acuerdo inicial de declaración de culpabilidad de Mancuso: “Sólo la información que resulte útil para las investigaciones y enjuiciamientos en nombre del gobierno de Estados Unidos se considerará ‘colaboración sustancial’”, señala el acuerdo.
Sin embargo, en su nota condenatoria, los fiscales dicen que Mancuso fue prácticamente inútil en lo que se refiere a proporcionar testimonios que ayudaran a esclarecer los casos adelantados en Estados Unidos. Aunque prestó cierta ayuda en un caso de lavado de dinero, ésta “no dio como resultado detenciones, acusaciones ni condenas”.
Según el abogado de Mancuso, éste tampoco sirvió como testigo en ninguno de los otros casos en Estados Unidos. La escasa cooperación de Mancuso se hizo aún más evidente en abril, después de que el gobierno de Estados Unidos eliminara la confidencialidad de casi la totalidad de sus expedientes.
En resumen, el sistema de justicia estadounidense determinó que la cooperación de Mancuso con el proceso de justicia y paz de Colombia le garantizó una rebaja sustancial en su condena en Estados Unidos, pero que esa cooperación no necesariamente cuenta como participación de Mancuso en el proceso de justicia y paz colombiano.
Este asunto todavía no está resuelto y generará grandes interrogantes para los defensores de Mancuso en el futuro. Dependiendo de su conducta, Mancuso podría salir de la prisión estadounidense en cuatro años y cuatro meses. Pero en Colombia, la pregunta de si recibirá beneficios adicionales por pasar tiempo en una prisión de Estados Unidos sigue siendo una cuestión sin resolver, y su sentencia en Estados Unidos dice que podría ser extraditado de nuevo a Colombia.
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