Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Colombia, en la que se mencionaba a Postobón, pidió que los empleados de la emblemática empresa de bebidas gaseosas fueran investigados por posibles colaboraciones en el pasado con un grupo paramilitar y no implicó de manera explícita a la empresa, según lo demuestran los documentos de la corte.
Varios medios de comunicación, incluyendo InSight Crime, informaron inicialmente que la sentencia del 11 de julio le solicitaba a la Fiscalía General de Colombia que ofreciera detalles sobre el estado de las investigaciones sobre la presunta financiación de paramilitares por parte de Postobón.
Desde entonces, Verdad Abierta ha señalado, como InSight Crime ha podido confirmar, que la sentencia no implica directamente a la compañía, aunque un juez que está en desacuerdo escribió que “insinúa que Postobón podría haber aportado dineros al grupo ilegal”.
Una de las últimas resoluciones, que aparece en la página final de la sentencia, la cual consta de 522 páginas, señala: “Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue lo relacionado con las citas consignadas en este fallo, que presuntamente implican a empleados de la empresa Postobón.”
En el veredicto se condena a Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, a ocho años de prisión por crímenes cometidos durante su militancia en el bloque paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB). Dicho bloque hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo contrainsurgente fuertemente involucrado en el crimen organizado, que aterrorizó a Colombia durante la última década del siglo XX y la primera década del nuevo siglo.
La sentencia incluye el testimonio dado en octubre de 2008 por Armando Madriaga Picón —quien era miembro del HJPB—, en el cual detalla sus relaciones con un distribuidor de Postobón cuyo nombre no se ha divulgado.
“El distribuidor de la empresa le daba mensualmente 15 cajas de bebidas para luego él negociarlas en un depósito”, dijo Madariaga. “Le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150.000 pesos mensuales [unos US$80 en esa época] por esa gaseosa”.
“Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias”.
Postobón ha rechazado las afirmaciones que acusan a la compañía de vínculos con las organizaciones paramilitares, señalando que sus negocios siempre han sido legales y que ha mantenido un estricto código de conducta basado en férreos principios y valores.
En su refutación parcial (pdf), el juez Eduardo Castellanos Roso —quien firmó el fallo pero no incluyó en sus objeciones varios de los hallazgos— objetó, con base en contenidos constitucionales, los hallazgos de la corte según los cuales las empresas privadas con supuestas relaciones con los paramilitares deben ser responsabilizadas como “autores mediatos” de los crímenes del frente HJPB.
Castellanos Roso se refirió al testimonio de Madriaga Picón como “un testimonio ambiguo, se aventura a mencionar a Postobón como colaborador de un grupo ilegal y a disponer la investigación de sus servidores, me parece una declaración ligera, ofensiva del patrimonio moral y el buen nombre de una compañía.”
Según La Silla Vacía, otros exparamilitares también acusan a Postobón de hacer pagos a varios frentes de las AUC, incluyendo pagos anuales de 10 millones de pesos (unos US$4.000 en ese momento) entre 2001 y 2004 por cada departamento de la costa Caribe. Entre quienes hacen tales afirmaciones se encuentra el comandante superior de las AUC, Salvatore Mancuso.
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La sentencia del tribunal señala que Quintero Coronel es culpable, mientras era militante del HJPB en Norte de Santander y Sur de Cesar, de una larga lista de crímenes que ilustran el terror impuesto por los paramilitares: conspiración agravada, homicidio, secuestro simple y agravado, secuestro extorsivo, actos de terrorismo, amenazas, desplazamiento forzado, torturas, saqueo del campo de batalla, lesiones personales, desaparición forzada, destrucción y apropiación de la propiedad y posesión agravada de documentos públicos falsos.
Con base en los términos del acuerdo que llevó a la desmovilización de los paramilitares, la sentencia conmutó la pena de Quintero Coronel de 40 a ocho años.
Fundada en 1904, Postobón tiene presencia en toda Colombia y es la mayor compañía de bebidas gaseosas del país y una de las más grandes de Suramérica. Durante los últimos años, varias marcas destacadas, como Chiquita Bananas, Nestlé y Coca Cola, han sido sospechosas de colaborar con las AUC.
Análisis de InSight Crime
Desde que las AUC se desmovilizaron en 2006, han surgido una serie de escándalos con respecto a la colusión entre funcionarios, el sector privado y los paramilitares. El más sobresaliente es el escándalo de la “parapolítica”, que puso al descubierto evidencias de vínculos y cooperación de los paramilitares con cientos de altos funcionarios políticos y militares de Colombia. De hecho, la sentencia de Quintero Coronel da cuenta de manera detallada de las colaboraciones del frente paramilitar con oficiales militares y políticos en su área de influencia.
Sin embargo, ha habido pocas investigaciones sobre la “paraeconomía”, a pesar de la gran cantidad de testimonios sobre los vínculos entre las AUC y el sector industrial, lo cual incluye acusaciones de que las empresas les pagaban a los paramilitares para amenazar y asesinar a trabajadores y sindicalistas que les resultaban incómodos. Con lo que las investigaciones han tropezado a menudo es con el oscuro tema de si los pagos fueron voluntarios u obligatorios, y si las empresas recibieron algo cambio.
El aparente desacuerdo entre los jueces acerca de si mencionar o no a Postobón en la sentencia de Quintero Coronel es una muestra de que hay heridas abiertas en la psiquis colombiana, que indican que el proceso de desmovilización paramilitar aún no ha sanado.
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