Será Pérez Capaz de Reformar a la Policía Guatemalteca

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A seis meses del inicio del gobierno del Presidente Otto Pérez, un informe del International Crisis Group se pregunta si el presidente será capaz de hacer las reformas necesarias en la policía, algo que ha sido eludida por sus predecesores.

Pérez, un general retirado del Ejército de Guatemala quien luchó en la guerra civil guatemalteca, ganó las elecciones con la promesa de dar seguridad a Guatemala. Parte integral de su promesa de aplicar una mano dura a la delincuencia y el crimen es necesaria una revisión a fondo de la fuerza de la policía, que sufre de corrupción y una crónica falta de financiamiento. Como señala Crisis Group en su informe, la ventaja de Pérez sobre sus predecesores es que tiene mayores probabilidades de sacar adelante las reformas tributarias necesarias para poder financiar adecuadamente a las fuerzas policiales. Sin embargo, sus profundos vínculos con las fuerzas armadas podrían llevarlo a delegar en ellas la seguridad, lo que minimizaría la importancia de la policía.

Esta tentación de utilizar al Ejército de Guatemala para luchar contra el crimen organizado es un obstáculo importante para la reforma de la policía, según Crisis Group, ya que le quitaría el ímpetu a la reforma policial, desmoralizaría a los oficiales, y consumiría recursos que podrían ser para la construcción de las fuerzas de seguridad civiles. Así mismo, Crisis Group señala, que esto ha hecho que algunos sean escépticos al pensar en su compromiso con la reforma de la policía.

Ciertamente, desde que asumió el poder, Pérez ha aumentado el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen. Al día siguiente de su posesión en enero, declaró que el ejército, en cooperación con otras instituciones de seguridad, se encargaría de la lucha contra “los grupos armados ilegales”. Luego de una semana ya había desplegado más de 700 soldados para establecer retenes en todo el país.

Ese mismo mes, el presidente anunció la creación de dos brigadas militares para combatir el narcotráfico y el crimen, con un total de 1.000 efectivos. Hace poco, una de las brigadas comenzó a operar en la provincia de Petén, fronteriza con México, y la otra, formada por policía militar, en San Juan Sacatepéquez, cerca de la ciudad de Guatemala. En junio, el gobierno anunció la creación de otras dos brigadas: una de la marina que protegerá las costas del Pacífico y del Atlántico, y una del ejército que operará en la provincia de San Marcos, en la cual se localiza la mayoría de cultivos de amapola del país; la brigada estará dedicada a la erradicación de los cultivos.

Ha habido oposición a estas nuevas unidades. Los residentes de San Juan Sacatepéquez han salido a las calles para exigir que la brigada se retire, quejándose de que no fueron consultados y no querían presencia militar permanente en su vecindario.

Hasta el momento, la creación de estas nuevas unidades, y las decisiones de Pérez sobre los militares, han alimentado los temores de que el presidente va a instituir una estrategia de seguridad militarizada en lugar de promover la reforma de la policía civil. Crisis Group señala que Pérez también ha nombrado a militares en puestos clave, entre ellos al Ministerio del Interior y al Viceministerio de Seguridad, así como la jefatura del Consejo Nacional de Seguridad, la Secretaría Privada del presidente, y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. Las preocupaciones sobre la creciente militarización de la política de seguridad se intensificaron aún más cuando se declaró el estado de emergencia en mayo para acabar con los disturbios en Santa Cruz Barrillas, una ciudad cercana a la frontera con México, dejando la seguridad en manos del ejército durante 18 días.

El informe señala que unas unidades especiales de investigación que ha nombrado Pérez también se pueden interponer a la reforma policial. Varias de estas unidades, compuestas por oficiales militares, policías y fiscales, se han creado para centrarse en ciertos delitos graves, como el femicidio, el secuestro y el tráfico de drogas. El miedo es que, una vez más, estas unidades, aunque den resultados en el corto plazo, no ayudan para fortalecer la institución policiva civil a largo plazo.

Otra de las iniciativas de seguridad de Pérez que está causando controversia, es la creación del Dirección General de Investigación Criminal (Digicri). Esta unidad de la policía se especializará en investigar crímenes, y a pesar de que será parte del Ministerio del Interior, estará bajo la dirección del Ministerio Público. La medida ha sido objeto de fuertes críticas de políticos de la oposición (incluido Líder y UNE), quienes están preocupados de que esta medida haga que el ejecutivo interfiera en las competencias del Ministerio Público. Sus detractores han acusado al gobierno de tratar de revivir la Policía Judicial, la cual fue responsable de violaciones de derechos humanos bajo el gobierno militar en la década de 1980.

A pesar de las preocupaciones acerca de la militarización y de las tácticas de mano dura, el informe deja al descubierto que Pérez está impulsando, a través de reformas constitucionales, la designación de la policía como órgano responsable de la seguridad pública, y limitaría la capacidad del presidente para desplegar las fuerzas militares en el país. Esto sugiere que para Pérez el uso que le ha dado hasta ahora al ejército como policía interna es una solución provisional. Como señala Crisis Group, algunos analistas dicen que con el fin de tener un impacto inmediato, Pérez no tuvo “más opción que utilizar al ejército para combatir la delincuencia, dada la ineficiencia y la corrupción de la policía”.

El peligro es que este tipo de soluciones a corto plazo podrían convertirse en funciones permanentes de las fuerzas armadas. Un fenómeno similar se observa en México, en donde el presidente Felipe Calderón desplegó las fuerzas armadas para luchar contra los grupos criminales poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006. Su papel en la lucha contra el crimen no ha hecho más que crecer desde entonces, y los militares, en algunas partes del país, han sustituido todas las fuerzas de policía locales. El presidente entrante, Enrique Peña Nieto no ha hecho ningún compromiso en firme para retirar a los militares de las calles de México, lo que hace más probable que puedan estar allí hasta el final de su mandato en 2018, y más allá.

No sólo ha sido menos eficaz el ejército que la policía en la función de investigación, más aún, su presencia suele estar relacionada con el aumento de violaciones de los derechos humanos. La presencia de fuerzas militares para mantener el orden, muestra la urgencia de que surjan esfuerzos para reformar la policía, tal como ha comentado el analista Alejandro Esperanza en el contexto mexicano. Las propuestas de Pérez muestran que, a pesar de sus vínculos con las fuerzas armadas, él es consciente de estas deficiencias y esta dispuesto a limitar el poder de los militares. “Nadie duda de que el gobierno de Pérez controla las fuerzas armadas, y no viceversa”, dice Crisis Group.

Según el informe, Pérez está progresando en el tratamiento de otro grave obstáculo para la reforma de la policía: el bajo nivel de los impuestos recaudados por el estado guatemalteco. Este se sitúa en alrededor del 10 por ciento del PIB, significativamente más bajo que el de otros países del mismo grupo de ingresos, y que el de sus vecinos. El informe señala que PÈrez está en una mejor posición que la de sus predecesores para llevar a cabo una reforma tributaria seria, ya que su partido es más fuerte en el Congreso, y porque el país se está recuperando de la crisis financiera de 2008. En febrero, se aprobó una ley de reforma fiscal que podría aumentar los ingresos al 12 por ciento, según el informe, recaudando el equivalente de unos US$585 millones adicionales durante su mandato de cuatro años. Crisis Group calcula que para añadir 10.000 nuevos agentes de policía durante el gobierno de Pérez, sería necesarios un 65 por ciento de este recaudo adicional.

Pérez está en una posición fuerte para llevar a cabo la reforma policial, puesto que ha impulsado la tan esperada reforma fiscal, que es un requisito previo para el fortalecimiento de la fuerza policial. También ha mostrado su intención de limitar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad, a través de sus propuestas sobre las reformas constitucionales.

Sin embargo, como señala Crisis Group, cambios más amplios serán necesarios para que Guatemala tenga la seguridad que necesita. “La [policía nacional] no existe en un vacío: sus problemas y deficiencias son el reflejo de un país donde la ley nunca se ha aplicado a los ricos y pobres, blancos, mestizos o indígenas, por igual”.

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4 Comentarios

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