Servicios de inteligencia y crimen organizado: una vieja relación en América Latina

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Recientes investigaciones han revelado que los servicios de inteligencia de Argentina durante la administración del presidente Mauricio Macri supuestamente instalaron micrófonos ocultos en celdas de prisión y se involucraron con criminales para poner trampas a sus opositores y perseguir periodistas, mediante un tipo de espionaje ilegal que es bastante común en Latinoamérica.

A principios de este año, el presunto narcotraficante Sergio Rodríguez, alias “Tomate” o “Verdura”, dijo a un juez que lo estaba investigando que un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI) le había ofrecido protección si ponía una bomba para amenazar a un exagente de inteligencia que ejercía como funcionario del Ministerio de Defensa, según informó La Nación.

Después de iniciar una investigación sobre los presuntos vínculos del abogado con actividades criminales, las autoridades argentinas allanaron su casa y se apoderaron de su teléfono celular, que al parecer contenía detalles de un programa ilegal de espionaje del gobierno, como indica el informe de La Nación.

Los archivos telefónicos contenían conversaciones sobre el programa de espionaje de AFI y sus objetivos, entre los que se encontraban la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios y exfuncionarios del gobierno, jueces, periodistas, académicos, sindicalistas y empresarios.

En un caso aparte, se inició una investigación en torno a la AFI, en la que se perfilan las actividades en las redes sociales y las opiniones políticas de casi 500 personas que participaron en la Cumbre del G20 a finales de 2018 y en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en 2017, informó el Buenos Aires Times.

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La investigación se extiende a la prisión de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde la AFI, trabajando junto al Servicio Penitenciario de Argentina, presuntamente interceptó teléfonos e instaló micrófonos en áreas donde funcionarios de alto rango de la administración de Kirchner y empresarios detenidos por cargos de corrupción se reunían con sus abogados y recibían otras visitas, como señala Página 12.

Esto se produce después de una investigación en 2019 sobre presuntos narcotraficantes que fueron ubicados deliberadamente en áreas de máxima seguridad de la prisión en las que también se encontraban destacados reclusos, con el fin de espiar y grabar sus conversaciones, según Página 12. Una sección de la prisión estaba “casi completamente intervenida”.

El espionaje ilegal ocurrió durante el mandato del director de AFI, Gustavo Arribas, quien estuvo al frente de la agencia de inteligencia durante toda la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019. Tanto Macri como Arribas han negado su participación.

Cuando la vicepresidenta Kirchner fue convocada a los tribunales federales el 8 de junio para revisar las pruebas, publicó un video en Twitter en el que dijo que la AFI durante la administración Macri “utilizaba narcotraficantes para llevar a cabo ataques contra sus propios funcionarios del gobierno y para monitorear y espiar a los opositores y a sus propios líderes”.

Poco después de que salieran las noticias sobre el escándalo, a finales de mayo, el presidente Alberto Fernández afirmó, en una entrevista radiofónica con AM 750: “todo esto me sorprende”.

Esta no es la primera vez que se acusa a Macri de espionaje. El expresidente fue investigado por un caso de grabaciones telefónicas ilegales cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. El caso fue descartado dos semanas después de que asumió el cargo de jefe de Estado.

Análisis de InSight Crime

La administración Macri es acusada de haber cometido un pecado que es común en toda América Latina: el uso de los servicios de inteligencia nacionales por parte de las élites políticas para sus intereses.

El caso que actualmente enturbia al gobierno de Macri es el más reciente de una larga serie de casos según los cuales las autoridades de Argentina supuestamente recurrían a los servicios de inteligencia del Estado para lograr sus objetivos y al mismo tiempo empoderar a los criminales.

A principios de 2015, la muerte del fiscal Alberto Nisman y la posterior investigación destaparon una caja de Pandora que implicó los servicios de inteligencia durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015.

Cuando Nisman fue hallado muerto, se encontraba investigando la posible participación de la presidenta en el encubrimiento del caso de los responsables de la explosión de un coche bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas muertas.

Gracias a las investigaciones en torno al caso Nisman, también salieron a la luz pruebas de la asociación de los servicios de inteligencia argentinos con criminales.

Argentina no es el único país de la región donde existe la práctica del mal uso de los servicios de inteligencia y la tecnología de vigilancia.

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En México, se descubrió que varias agencias federales habían estado utilizando la tecnología de espionaje Pegasus en 2017 para espiar a abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Recientemente, el ejército colombiano ha sido involucrado en una gran operación de espionaje contra periodistas, jueces y políticos.

En Guatemala, los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) —herederos de grupos paralelos a grupos de inteligencia estatales— fueron la génesis de organizaciones criminales actualmente implicadas en casos de corrupción y otros delitos, incluyendo asesinatos extrajudiciales. Los miembros de las CIACS han sido, en su mayoría, oficiales que pertenecieron a organismos de inteligencia militar y política, como los llamados La Oficinita o la Red Moreno, que usaron recursos y protección del Estado para llevar adelante actividades de crimen organizado.

En 2018, el Ministerio Público de Guatemala y una comisión internacional descubrieron un esquema de espionaje que involucraba al entonces presidente Jimmy Morales y que se enfocaba en fiscales estatales, periodistas y líderes estudiantiles de la oposición.

Si bien las circunstancias en cada uno de estos casos son diferentes, todos estos casos, que se extienden desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, comparten un hilo conductor: el uso de servicios de inteligencia estatales, a los que se les ha dado enormes poderes y capacidades tecnológicas para combatir el crimen organizado, como armas políticas.

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