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ANÁLISIS

Silencio de fiscal general podría marcar rumbo de justicia en Guatemala

CIACS / 17 JUL 2018 POR FELIPE PUERTA ES

Dos meses después de que María Consuelo Porras tomó posesión como fiscal general en Guatemala hay preocupación.

La lentitud con la que se han desarrollado algunas de las investigaciones por corrupción y crimen organizado más emblemáticas desde que entró el 17 de mayo, y el silencio que ha guardado frente a nuevos sucesos, comienzan a dar muestras de dónde yacen sus lealtades.

Uno de los casos más importantes, adelantado en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), involucra al presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.

El 15 de mayo, dos días antes de su salida, la fiscal anterior, Thelma Aldana, presentó el caso “Los Aportantes” y advirtió que habrían “elementos abundantes” para pedir un antejuicio a Morales.

Sin embargo, ocho semanas después, y a pesar de las abundantes pruebas que existen contra Morales, —algunas presentadas por los mismos empresarios que financiaron la campaña en 2015— Porras despachó el cuestionamiento con el argumento de que: “los tiempos de la investigación no pueden ser ni políticos, ni mediáticos" y que aún no ha recibido el expediente por parte del fiscal del caso.

La nueva fiscal tampoco se ha pronunciado públicamente sobre los inesperados giros que ha tomado otro de los casos de corrupción más emblemáticos del país conocido como La Línea, que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, luego de que recientemente un juez suplente ordenó sorpresivamente la liberación de más de 10 acusados de este caso.

Todavía hay 14 personas vinculadas al caso que continúan prófugas, incluyendo a uno de los miembros de la red que “mantuvo comunicación telefónica con un grupo de abogados para que le facilitaran resoluciones judiciales a favor de integrantes de La Línea”, según explicó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval.

Porras también ha guardado silencio frente a otra cuestionable decisión judicial reciente que resultó en la liberación de un coronel del ejército y otros nueve miembros de una organización que prestaba servicios de lavado de dinero a la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS13), en un caso que daba muestra de la creciente sofisticación del grupo en el país.

Además, la nueva fiscal general no se ha pronunciado sobre otras movidas del gobierno que parecen dirigidas a disminuir las capacidades de la CICIG para realizar su trabajo, como lo fue la decisión reciente del Ministerio de Gobernación de retirar a 20 agentes de la Policía que habían sido asignados a la comisión —cerca de la mitad de su contingente— y que se desempeñaban en la realización de operativos en casos de corrupción y de crimen organizado.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que la decisión del ministro de Gobernación Enrique Degenhart, quien parece haber emprendido una cruzada contra la comisión, “afecta el trabajo de la CICIG y es un mensaje claro de que no se quiere fortalecerla”.

Aunque Porras aún no se ha referido a la decisión de retirar la policía de la CICIG, el MP anunció en su cuenta de Twitter el 7 de junio que “solicitaría” una reunión con el ministro sobre este tema.

Mientras tanto, en otro caso relacionado con una serie de señalamientos sobre abusos sexuales en contra del presidente, en el que presuntamente existen audios para sustentar las denuncias, el MP anunció a través de un comunicado que había abierto un expediente sobre las supuestas acusaciones, aunque en realidad, según se lee, la fiscal apenas ha comenzado sus acercamientos con el excanciller Edgar Gutiérrez, quien ha sido el interlocutor para algunas de las presuntas víctimas.

Análisis de InSight Crime

Cualquier funcionario nuevo necesita tiempo para establecer su base de actuación, sobre todo cuando viene de una institución foránea. Es de notar que la fiscal general también ha tenido algunas acciones positivas en las pocas semanas de su mandato, como fue su pronunciamiento público junto con Gutiérrez sobre el caso del posible abuso sexual y unos allanamientos que realizó el MP con la CICIG contra la Municipalidad de Guatemala.

Sin embargo, su silencio y pasividad han generado críticas en varios sectores y preocupación al interior del MP. De hecho, las pocas palabras de Porras sobre los avances del caso de financiamiento electoral ilícito contra el presidente parecen estar alineadas con lo que el comisionado Velásquez de la CICIG ha llamado un “frente de reacción”, que ha buscado restar legitimidad a los esfuerzos de la fiscal anterior y al trabajo de la CICIG.

La Fundación Contra el Terrorismo (FTC), parte de ese "frente de reacción", se reunió con Porras el 16 de julio. La FTC es militar en naturaleza y su director es un acérrimo opositor de la CICIG.

Fuentes que hablaron con InSight Crime en condición de anonimato señalaron que dentro de su nuevo equipo en el MP hay personas cercanas a la estructura del Ministerio de Gobernación y grupos interesados en debilitar el trabajo de la CICIG, la lucha contra la corrupción y la institucionalidad de la policía, lo que sin duda tendrá influencia en sus decisiones y capacidades.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado

Esa pelea dentro de las instituciones se manifiesta de varias maneras como la polémica captura del hermano del exdirector de la policía Nery Ramos por portación ilegal de armas. Ramos fue recientemente destituido por Degenhart, y fue un colaborador de la CICIG.

Fuentes al interior de la fiscalía señalaron a InSight Crime que Porras parece más interesada en realizar una revisión exhaustiva del mandato de su antecesora Aldana, que en continuar avanzando con los emblemáticos casos de corrupción y crimen organizado que ésta dejó en curso junto con la CICIG.

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