Sombra de ejecuciones extrajudiciales acecha a cúpula militar en Colombia

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La presencia en la cúpula militar de nueve generales acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en Colombia ha levantado el temor de que el presidente Iván Duque limpie sus antecedentes para alcanzar sus objetivos de seguridad nacional.

El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW) denunció que nueve destacados generales, incluido el comandante del ejército nacional designado por Duque, están implicados en una serie de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

Estos asesinatos, conocidos como ‘falsos positivos’, llevaron a miembros del ejército a inducir con engaños a colombianos habitantes de zonas rurales para que salieran de sus casas y asesinarlos. Posteriormente se declaraba a estas personas como miembros de grupos guerrilleros caídos en combate, lo que se usaba para inflar las estadísticas. Los oficiales responsables de esos homicidios muchas veces recibían ascensos y otras compensaciones.

En 2015, los fiscales declararon que tenían abiertas investigaciones sobre casi 5.000 víctimas de esos falsos positivos.

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Desde que estalló el escándalo en 2008, muchos soldados han ido a prisión por su participación y altos mandos han salido de la institución. Sin embargo, nunca se ha acusado a alguien con rango de general.

Los nueve generales ahora implicados en los ‘falsos positivos’ son Nicacio Martínez, comandante del ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la jefatura de Estado mayor; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del comando de transformación del ejército del futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la fuerza de tarea Vulcano; Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la fuerza de tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del centro nacional de entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la décima brigada blindada, y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Decimotercera brigada.

Según el informe, tres de los generales ya tienen investigaciones directamente en su contra; son los casos de Villegas Muñoz, David Bastidas y Pinto Lizarazo. Los otros seis presuntamente comandaban unidades que estuvieron implicadas en las ejecuciones.

El general Nicacio Martínez negó tajantemente las acusaciones, diciendo que “Dios y mis subalternos saben cómo hemos actuado”. El Ministerio de Defensa también expidió un comunicado apoyando a Martínez, donde especificaba que no hay investigaciones abiertas en su contra.

En los días transcurridos desde las acusaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte del proceso de paz en implementación, anunció que están investigando a 55 militares por sus nexos con este escándalo.

Análisis de InSight Crime

Varios elementos son motivo de inquietud. El primero de todos, el presidente Iván Duque está cayendo en el mismo juego de sus predecesores, al hacer de la estrategia de mano dura la base de su política de seguridad nacional.

Con esto, confirma lo que muchos ya temían: que las fuerzas armadas colombianas están por encima de la ley. Los generales implicados pueden tener un historial criminal sin que esto sea un obstáculo para el avance en su carrera.

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En segundo lugar, ¿qué mensaje le transmite esto al resto del ejército? El nombramiento de estos generales seguramente irá ligado a la recuperación de otras tácticas del pasado sangriento de Colombia. Las tropas en este campo bien pueden tener bastante autonomía para tomar decisiones por sí mismas. Armadas con la aparente impunidad, volverá a levantarse el fantasma de las violaciones a los derechos humanos.

Para terminar, esas designaciones socavan un pilar de soporte clave para todo el proceso de paz. Como parte del acuerdo de paz con las FARC en 2016 se dispuso que la JEP investigaría abusos pasados por parte del ejército y de grupos paramilitares.

En un momento en que el proceso de paz en su totalidad se encuentra en la cuerda floja, el nombramiento de generales presuntamente implicados en uno de los peores de tales abusos, no hace más que confirmar las sospechas de que Duque no tiene intenciones de honrar los compromisos del gobierno.

La JEP está atravesando una verdadera crisis últimamente. Las acciones de Duque han creado un ambiente de duda sobre la facultad de la JEP de actuar aun siguiendo los criterios con los que se creó, como la actuación en casos ‘como los falsos positivos’.

Es alentador verla hacer progresos con su investigación sobre estas ejecuciones extrajudiciales desde que se conocieron las revelaciones sobre estos generales, pero hasta el momento no se han formulado cargos contra ningún alto comandante o general.

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