“Se trata de sometimiento y no de un proceso de paz”: Miguel Ceballos

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En medio de una crisis de salud pública sin precedentes a nivel mundial y nacional, y de la incertidumbre sobre qué pasará con los principales grupos criminales del país, por las condiciones de cuarentena en las que se encuentra Colombia, el Gobierno nacional trata de dar un paso adelante por medio de un nuevo decreto con el que busca un sometimiento a la justicia de forma individual.

Con la misión de “verificar la voluntad de paz” de los futuros excombatientes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estará liderando esta iniciativa que, aunque no es completamente nueva, esta vez incluye otros actores reconocidos, pero sin carácter político.

InSight Crime entrevistó a Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, quien explicó en qué consiste este sometimiento a la justicia y el tránsito a la vida civil, además de otros asuntos sobre los grupos criminales del país.

InSight Crime (IC): Ya hay unas personas que se han sometido bajo esta nueva modalidad. ¿Hay una fecha estipulada o una hoja de ruta para este proceso de sometimiento?

Miguel Ceballos (MC): Por supuesto que sí. El primer paso fue la expedición del Decreto 601 del 28 de abril de 2020 por parte del presidente, donde complementa las facultades que ya tenía el Alto Comisionado para la Paz desde los años noventa. Es decir, esa facultad de verificar la voluntad real de reinserción a la vida civil viene desde el año 1994, cuando se le dieron unas primeras facultades al comisionado de paz y fueron refrendadas en 1998, cuando se le dio un carácter permanente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Esas dos funciones que ya tenía estaban referidas únicamente a grupos alzados en armas —era la palabra que se utilizaba en el momento—. Y se consideraba que la actividad de esos grupos alzados en armas encuadraba dentro del delito político. Lo novedoso ahora es que se complementan esas funciones con una nueva que se refiere a verificar la voluntad real de sometimiento a la justicia.

Hacemos esa diferenciación porque no queremos abrir la posibilidad de que grupos que no encuadran en su actuar dentro del delito político puedan ser considerados como tales.

Entonces, de acuerdo con la caracterización que hace el Consejo de Seguridad Nacional, actualmente distinguimos cinco grupos armados organizados (que aquí en Colombia se conocen como GAO): el ELN; el Clan del Golfo; el GAO residual, que también se conoce como las disidencias de las FARC; el GAO de Los Pelusos o EPL, que es una disidencia del antiguo EPL; y el GAO de Los Caparros. Lo que se busca es hacer una verificación de la voluntad de estos grupos para hacer un tránsito hacia la legalidad.

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El decreto le da la facultad al alto comisionado para verificar con los grupos, bien sea con los cabecillas o los con integrantes. La hoja de ruta es complementada con un decreto que va a ser publicado para comentarios de los ciudadanos durante quince días. Estará sometido al examen y a la opinión de todos los ciudadanos de Colombia, quienes podrán mandar comentarios y sugerencias.

Terminando este mes tendremos una hoja de ruta clara en la cual participan la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Agencia para la Reincorporación y Normalización.

IC: ¿Qué es exactamente la verificación real de paz a la que ustedes hacen referencia?

MC: La gran dificultad que siempre ha existido en Colombia es verificar si esos grupos armados quieren o no llegar a un acuerdo de paz real y efectivo, como ocurrió con las FARC cuando tomaron la decisión como organización de dar un paso adelante y se pudo llegar al acuerdo de paz.

En el caso del ELN, tenemos que verificar si ellos todavía se rigen por el quinto congreso del 2016, que les da un lineamiento de su acción armada y revolucionaria. En este quinto congreso, solo se autorizó a la delegación de paz del ELN a explorar posibilidades de paz. En ese sentido no está clara la voluntad de llegar a un acuerdo.

El alto comisionado tiene que verificar la voluntad real. No una voluntad estratégica ni táctica para fortalecerse, sino una voluntad real de avanzar en un acuerdo de paz, de hacer un tránsito a la legalidad.

Porque también puede haber estrategias o movimientos tácticos de los grupos para ganar tiempo o utilizar al Estado para fortalecerse en una situación en la cual no son sinceros.

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Una cosa muy importante: lo que se va a establecer es una ruta para el sometimiento individual. La posibilidad de que se sometan colectivamente ya venció en Colombia. En 2018, al final del gobierno Santos, se promulgó la Ley 1908, que estableció un plazo de seis meses para que los grupos manifestaran su voluntad de sometimiento colectivo. Ese plazo ya venció, y los grupos quedaron sin una ruta para poder hacer tránsito a la justicia, y eso es lo que estamos creando ahora.

IC: Entonces los grupos que decidan desmovilizarse de manera colectiva, especialmente aquellos que no cumplen con el requisito político, ¿solamente podrán hacerlo mediante sometimiento individual?

MC: En la Ley 1908, el sometimiento colectivo comenzaba con la presentación de varias personas del grupo por parte del representante de la organización, pero el resto del procedimiento era individual. Es decir, como se trata de sometimiento y no de un proceso de paz, ese sometimiento, ese tránsito, llamémoslo así, a la legalidad, tiene que ser la expresión voluntaria individual y tiene que ser mediante la firma de un acta individual.

Eso en la práctica es lo que va a pasar en este momento. Si un grupo de personas de una organización se quieren acoger a esta ruta, cada una tiene que firmar un acta individual. Es decir, en la práctica el proceso sigue siendo siempre individual, como lo fue en el momento en el que se habló de una aproximación colectiva.

IC: ¿Y cada uno va a tener el tiempo de ventajas y beneficios en términos judiciales y económicos según la desmovilización?

MC: Correcto. Hay dos tipos de beneficios que se establecen en esta ruta. Unos son de carácter económico, que benefician a esa persona y a su familia. Este es uno de los grandes éxitos que ha tenido ese programa, que en sus 17 años de existencia ha permitido que más de 72.000 personas se hayan apartado de los grupos armados (35.000 de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, 19.800 de las FARC antes de la firma de los acuerdos, 4.400 miembros del ELN, y el resto de otros grupos).

Los beneficios que reciben son de carácter individual y familiar, y consisten en dos fases. La primera fase es de tres meses, durante los cuales se incorporan al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), un grupo que hace parte del ejército nacional. Allí son recibidos por personas expertas en acompañarlos. La mayoría de los que hacen el tránsito son muy jóvenes. Los acompañan entre dos y tres meses en unas casas que se llaman casas de paz. En esas casas de paz, las personas ya entran en contacto con la fuerza pública y pueden ser acompañadas por su núcleo familiar.

En ese momento, la Fiscalía General de la Nación es notificada de la voluntad de estas personas y se designa un fiscal para que empiece a acompañar el caso. En ese momento ya empieza a aplicarse una ruta específica de carácter judicial. Esto tiene un nombre muy específico, se llama sometimiento, esto no es un indulto. Entonces el sometimiento empieza a tramitarse de la mano de un fiscal de la república para estudiar qué tipos de delitos tiene la persona y qué tipo de colaboración va a tener con la justicia.

El Código de Procedimiento Penal establece rebajas de pena que son hasta del 50% de la pena. Si esa persona no tiene delitos graves y solamente es acusada por concierto para delinquir o por delitos relacionados con portes de armas, puede aspirar a tener un tratamiento que le puede llevar incluso a la libertad condicional en la mayoría de los casos.

Terminados los tres meses, entra en una ruta que puede durar entre cinco y seis años, que consiste en un acompañamiento permanente, ya no del ejército, sino de una agencia que depende de la Presidencia de la República, denominada Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).

Esta agencia acompaña a esas personas dándoles un apoyo económico mensual, que depende de si cumplen con tres compromisos: estudiar, empezar a aprender un oficio (es decir, una inserción económica), y no volver a delinquir. Ese apoyo lo reciben mensualmente por un periodo de unos cinco años, al final del cual reciben una suma de dinero de unos 8 o 10 millones de pesos, para desarrollar un proyecto productivo.

IC: ¿Por qué hacer todo este proceso y volver sobre ese sometimiento que, usted bien lo ha dicho, no es nuevo? ¿Tiene que ver con el contexto político y de salud pública?

MC: Sí, es nuevo frente a los GAO distintos al ELN y a las FARC. Esta es una ruta que no existía, ni siquiera con la Ley 1908. Esta permitía un sometimiento colectivo y después debía hacerse un proceso de apoyos económicos y una ruta. Pero lo que se logra con esta ruta nueva es tener realmente unos beneficios que sean viables y que estén en el marco de la política pública del presidente Duque.

Acá nosotros no estamos cediendo frente a la posibilidad de ejercer la acción penal contra estas personas. Lo que estamos haciendo es darles una ruta para que el tratamiento dentro de la acción penal y dentro de la justicia sea un tratamiento especial para aquellos que dejan las armas.

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Ahora, la coyuntura tiene algo que ver. La pandemia está generando preocupaciones en muchas zonas rurales del país. Y las cerca de 13.600 personas que hoy están en esos cinco grupos (7.000 personas armadas y unas 6.600 en redes de apoyo) pueden convertirse en un factor de diseminación, o bien pueden contraer la enfermedad y también deben pensar en su salud y en sus vidas. Por eso la mano tendida del Estado se abre.

Pero lo más importante es el contexto de la reconstrucción económica de Colombia, un problema en el que están pensando todos los países del mundo: cómo reconstruir las fuentes de trabajo, las fuentes de alimentación y la oferta de salud; y la existencia de gran cantidad de miembros de grupos armados dificulta esa reconstrucción y el acceso de los ciudadanos a la salud y la alimentación en las zonas controladas por esos grupos.

IC: Usted acaba de dar una cifra bastante alta: 7.000 personas. ¿La organización de este nuevo plan contempla regiones o números que estén priorizados?

MC: Estamos priorizando las zonas que tradicionalmente han sido más afectadas por este tipo de grupos, como el Catatumbo en Norte de Santander, donde operan el ELN, el EPL y dos estructuras de las disidencias de las FARC; el Bajo Cauca en el norte del departamento de Antioquia, y la zona del departamento de Córdoba, que es el centro del país.

Las otras zonas son: Chocó, donde hay también un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo; Nariño, donde están operando el ELN y varios grupos de disidencias de las FARC, y sectores de los departamentos de Putumayo y Guaviare. Todos estos territorios coinciden con las zonas de rutas del narcotráfico, tanto de clorhidrato de cocaína como de marihuana.

Y la última zona es supremamente delicada y es la más sensible hoy: el departamento del Cauca. En este departamento, las disidencias de las FARC y el ELN se están disputando las rutas de tráfico y eso está afectando seriamente a los líderes sociales de ese departamento.

IC: Hablemos específicamente del ELN, un grupo que ya estuvo en proceso y se congeló. ¿Usted cree que adoptando este nuevo decreto de alguna forma se está desconociendo la unidad de decisión del ELN?

MC: Frente al ELN no hay absolutamente ningún cambio. Los integrantes del ELN que se quieran desmovilizar pueden tomar las rutas que han venido tomando desde hace 17 años y que han permitido que 4.400 personas del ELN se hayan desmovilizado. Lo que sí es nuevo es la ruta individual para los otros cuatro grupos armados.

Lo que sí podemos decir es que hubo una buena respuesta después de anunciar la medida de facultar al alto comisionado para verificar la voluntad real.

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Otra cosa importante es que una de las características que dificultan cualquier proceso de paz con el ELN es la atomización que tiene ese grupo en sus decisiones. A eso se le suma una dificultad mayor y es que la totalidad del Comando Central del ELN (COCE) no se encuentra en Colombia. De los cinco miembros del COCE reconocidos por los organismos de seguridad del Estado, dos de ellos, alias “Pablo Beltrán” y “Gabino”, están en Cuba, y otros están en Venezuela: alias “Antonio García”, “Pablito” y “Ramiro Vargas”.

IC: ¿Sigue congelado todo el avance con el ELN en términos de la exploración de procesos?

MC: No, nosotros siempre hemos sido muy claros en que las puertas se abrirán en la medida en la que el ELN cumpla estas condiciones: entrega de todos los secuestrados, entrega de todos los menores secuestrados y cese de reclutamiento, y el cese inmediato de la instalación de minas antipersonales.

Quien tiene el balón en la cancha son ellos y en eso hay un gran consenso en Colombia. Usted puede ver la prensa, aún la prensa que es crítica del gobierno, e incluso las organizaciones de la sociedad civil aún más críticas, y todos coinciden en la necesidad, en la vigencia y en la validez de estas tres condiciones.

IC: ¿Cree usted que el reinicio de la aspersión aérea puede tener consecuencias sobre estos grupos?

MC: Yo creo que la aspersión es una de las herramientas que tiene el Estado colombiano y que incluso estuvo prevista dentro del acuerdo de paz y hoy cuenta con unos lineamientos establecidos por la Corte Constitucional. Es decir, esa es una ruta que tiene todo el marco legal y constitucional si se cumplen todas las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

La aplicación de esa herramienta va dirigida a reducir el narcotráfico, que es una de las fuentes de financiación más importantes de estos grupos, y por lo tanto es también una forma de enfrentar el delito.

En ese sentido, por supuesto que logrará, como lo establece nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la disrupción de esos grupos armados al buscar un tránsito de economías ilícitas a economías lícitas.

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