¿Son las leyes de víctimas en México y Colombia lo suficientemente amplias para hacer justicia?

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México ha seguido los pasos de Colombia al aprobar una amplia ley que tiene por objeto compensar a las víctimas de la guerra contra las drogas en el país. Ambos proyectos son muy ambiciosos, y pueden curar algunas de las heridas dejadas por años de violencia – si se aplican correctamente.

El 9 de enero, el nuevo presidente de México, firmó una nueva ley para ayudar y compensar a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, proclamándola como un avance sin precedentes en cualquier lugar del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que, con esta medida, el gobierno mexicano ponía a las personas en el centro de su política, dando “esperanza y ayuda” a los “miles” que habían sufrido por la violencia.

El objetivo central de la ley, que fue propuesta por primera vez por grupos de activistas, tiene por objeto establecer los derechos de las víctimas que buscan recibir protección y ayuda financiera del gobierno. Según la ley, el gobierno va a crear organismos especializados para ayudar a las víctimas, incluyendo un comité para supervisar la asistencia, un fondo de compensación y un registro de los muertos y desaparecidos.

La Ley de Víctimas oficialmente entró en vigor el 8 de febrero, poco más de un año después de que un proyecto similar para compensar a las víctimas se pusiera en marcha en Colombia. Ambos países cuentan con miles de personas que han sido abusadas, desplazadas o han perdido familiares en el conflicto impulsado por el narcotráfico. Y ambos países continúan generando nuevas víctimas cada día.

Pese a que las leyes de víctimas en México y Colombia buscan alcanzar el mismo objetivo general, los dos proyectos de ley tienen diferencias significativas en la forma de identificar a las víctimas, y cómo hacer para recompensarlas. Algunas de las diferencias más importantes son:

1. Definición de las Víctimas

En ambos países, quienes están personalmente afectados por el conflicto, así como los familiares de los que han muerto o desaparecido, puede solicitar una indemnización. Sin embargo, en su forma actual, la ley de México no establece restricciones sobre quién puede presumir de ser una víctima. Esto significa que, en teoría, la ley podría aplicarse a los miembros de los grupos criminales organizados, que detrás de gran parte de la violencia.

Por su parte, la ley colombiana prohíbe que miembros de los grupos armados reciban una compensación, con excepción de los que fueron reclutados como menores de edad y se desmovilizaron siendo aún menores de 18 años.

Otra diferencia clave es que la Ley de Víctimas de México cubre a los perjudicados tanto por la delincuencia común como por grupos criminales organizados. En contraste, la ley de Colombia está restringida a los abusos cometidos “en el marco del conflicto armado”.

Esto implica que la ley se aplicará sólo a los abusos por parte de grupos involucrados en el conflicto civil de casi 50 años en Colombia; a saber, la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas estatales. Esto deja un gran vacío, lo que podría excluir a las víctimas de la delincuencia común y de las organizaciones narcotraficantes en Colombia, los cuales llevan a cabo actos igualmente brutales.

2. Compensación

Las leyes de víctimas en México y Colombia se comprometen a compensar a las víctimas de abuso por parte de las autoridades estatales. Esto es clave, ya que ambos países han experimentado abuso generalizado por parte de las fuerzas de seguridad. En Colombia, tal vez el ejemplo más doloroso de esos abusos fue el escándalo de los “falsos positivos”, en el que elementos del ejército asesinaron a civiles para luego presentar cuerpos como guerrilleros muertos en combate. Se cree que son alrededor de 3.000 las víctimas de estos “falsos positivos”. En México, existe evidencia de que los agentes del Estado han “desaparecido” forzosamente a miles durante la campaña contra el crimen organizado iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón.

México no establece un límite de tiempo para poder acceder a la indemnización – lo que significa que incluso las víctimas de la “guerra sucia” del país en los años sesentas y setentas, en teoría, podrían ser incluidas. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno sólo dará compensación por los crímenes que se remontan a 1985 (o 1991 para los casos de restitución de tierras). Aquellos que sufrieron abusos antes de estas fechas pueden solicitar que su caso sea investigado, pero no puede solicitar la reparación económica.

México establece un límite superior sobre la indemnización. El Estado cubrirá los reclamos de hasta 1 millón de pesos (unos US$78.000) en los casos en que la persona responsable del delito no pueda pagar. Colombia establece límites más estrictos en materia de compensación, accediendo a cubrir los reclamos por valor de unos 40 salarios mínimos mensuales en el país – actualmente alrededor de US$12.000. El presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que la suma debería ser mayor, pero dijo que esto no es posible, dado el gran número de víctimas potenciales.

Un efecto secundario positivo de ofrecer una compensación podría ser alentar al estado mexicano para llevar a cabo investigaciones más eficaces, según señaló a InSight Crime Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). La responsabilidad de pagar por daños y perjuicios sólo recae en el gobierno si la persona responsable del delito no puede ser localizada, o no puede pagar, dándole al gobierno un fuerte incentivo para localizar y condenar a los culpables.

Tanto Colombia como México están tratando de financiar las reparaciones con los bienes confiscados a los delincuentes. Como se ha visto hasta ahora en Colombia, este enfoque probablemente será lento y difícil, ya que puede tomar años para confiscar legalmente una propiedad incluso de criminales de muy alto perfil.

3. Los resultados hasta ahora

La Ley de Víctimas en Colombia ha sido una decepción en muchos aspectos, se estancó por las amenazas y ataques contra las personas que tratan de recuperar tierras, y por la enorme dificultad administrativa de la gestión del proyecto. Desde que la ley entró en vigor en enero de 2012, el gobierno afirma haber pagado US$518 millones a unas 158.000 personas, y planea compensar a un total de 260.000 personas para finales de 2013. El presupuesto para el programa en 2013 es alrededor de US$3.3 mil millones, de los cuales unos US$300 millones están destinados para las reparaciones, y se espera que el costo en 10 años sea de US$30 mil millones. El gobierno estima que hay 4 millones de personas que tienen derecho a reclamar una reparación o restitución de tierras.

En México, el Ministerio del Interior admitió el mes pasado que no tenía una cifra de cuántas personas probablementen hagan reclamaciones. Se ha establecido un presupuesto de unos US$465.000 para el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas en 2013.

El costo de pagar reparaciones a las víctimas en México aún se desconoce. La ley ha sido fuertemente criticada por no incluir un plan de presupuesto – como un académico señaló: “Ley que no tiene contemplado cuánto va a costar no es ley, es retórica”.

De Cara al Futuro

La Ley de Víctimas mexicana no es considerada una versión final. Peña Nieto y los partidarios de la ley, dicen que la prioridad era conseguir que la medida quedara registrada en los libros, para luego revisarla más adelante. El Senado está considerando cambios propuestos por una coalición de movimientos sociales. Es decir, es probable que la ley vea revisiones de cara al futuro cercano.

México y Colombia se enfrentan actualmente a desafíos similares en la lucha contra los fragmentos de lo que alguna vez fueron carteles del narcotráfico unidos, que ahora se cree que son los responsables de gran parte de la violencia en ambos países.

Pero mientras que los problemas de seguridad que enfrentan México y Colombia son comparables, los dos países terminaron aprobando Leyes de Víctimas muy diferentes, resaltando las diferencias entre los dos conflictos. En los próximos años, es probable que los dos países se enfrenten a más obstáculos en el camino para garantizar que la legislación sea justa con las víctimas. Las leyes proporcionan algo de esperanza, pero es hora de que las víctimas en Colombia y México reciban algo más sustancial.

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