En un sorpresivo cambio de fuerzas, el congreso de Guatemala votó para mantener la inmunidad del presidente Jimmy Morales frente a denuncias de corrupción, una clara demostración del deseo de las élites del país de unirse y protegerse en medio de investigaciones por presuntos delitos.
El 11 de septiembre, el congreso votó por un conteo de 104 a 25 a favor de mantener la inmunidad presidencial de Morales, según información de AP.
Según Prensa Libre, la votación logra frenar las investigaciones sobre financiación ilícita de campaña de Morales en la contienda presidencial de 2015, que llevaban la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y el Ministerio Público (MP).
Poco después de enterarse de la investigación, Morales intentó expulsar al jefe de la CICIG Iván Velásquez declarando "persona non grata" al ciudadano colombiano y ordenando su salida "inmediata" del país. Pero posteriormente, la Corte Constitucional de Guatemala determinó que el presidente no podía expulsar de esa manera al jefe del organismo anticorrupción.
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La movida contienda entre el presidente y el sistema de justicia se da con un trasfondo de amplio respaldo internacional a las iniciativas anticorrupción en Guatemala, incluidos los apoyos de las misiones diplomáticas de Estados Unidos y otros países. También se da días después de que ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos dieran pasos para reafirmar su apoyo al trabajo de la CICIG, que permitió revelar la profundidad y el alcance de la corrupción en Guatemala.
Además de las denuncias de que el partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN) pudiera haber recibido una contribución de US$500.000 del presunto narcotraficante Marlon Francesco Monroy Meoño, alias "El Fantasma", en la temporada electoral de 2015, el sitio informativo guatemalteco Nómada informó el 12 de septiembre que Morales supuestamente recibió también un "bono militar" de 50.000 quetzales (cerca de US$6.900) del Ministerio de Defensa en marzo de 2017.
Según los abogados consultados por Nómada, en su calidad de presidente de Guatemala, Morales también funge como comandante general del ejército y por consiguiente no debe recibir bonos adicionales de ninguna de las carteras del país, según estipula la ley guatemalteca.
Análisis de InSight Crime
Hasta el momento, el presidente Morales se ha mostrado incapaz de destituir a la CICIG o a Velásquez. Pero la decisión del congreso de mantener su inmunidad muestra que puede contar con el apoyo y la protección de otros actores políticos influyentes, muchos de quienes tienen interés en mantener a raya investigaciones similares sobre sus actividades.
"Yo habría pensado que el congreso habría apoyado las investigaciones para protegerse [y] decir que está del lado de la anticorrupción, pero en cierto modo se fueron en la dirección contraria para protegerse protegiendo a Morales", comentó a InSight Crime Mike Allison, director del departamento de ciencia política de la Universidad de Scranton.
Este respaldo interno al presidente podría contrarrestar la presión ejercida por los actores internacionales y puede incentivar a Morales a irse contra aliados cercanos a la CICIG mientras la dinámica parece a su favor. Allison señaló a InSight Crime que "tiene sentido que [Morales] ataque a los simpatizantes de la CICIG en su administración y su gobierno", y agregó que podría haber una "purga de otros que se consideren progresistas y no alineados con el FCN".
Los tres objetivos más probables son el ministro del interior Francisco Manuel Rivas Lara; la fiscal general Thelma Aldana, que ha trabajado estrechamente con la CICIG en varios casos de corrupción de alto perfil, y el embajador de Estados Unidos en Guatemala Todd Robinson, quien está a favor de la CICIG.
Rivas sería uno de los primeros en recibir el ataque. El congreso podría decidir declarar un "voto de no confianza" contra el ministro, lo que daría a Morales la facultad de destituirlo y reemplazarlo con un aliado. Según La Hora, "Rivas es considerado uno de los funcionarios del gabinete del presidente Jimmy Morales más cercano a la lucha contra la impunidad". El diputado Amílcar Pop, del partido de izquierda Winaq comentó al medio de noticias que "debilitar el ministro del interior es debilitar la lucha contra la corrupción".
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Luego de Rivas, es posible que la fiscal general Aldana sea la siguiente en la lista. Sin embargo, Aldana debe dejar su cargo en 2018, así que es más probable que Morales espere simplemente a que ella termine su periodo para poner a un aliado en su lugar. Al mismo tiempo, Aldana ya había denunciado amenazas de "poderes ocultos", cuando su oficina avanzaba con casos de corrupción que implicaban a varios miembros de la élite, y señaló que esos mismos "poderes" están en capacidad de ejercer presión sin importar quién sea su reemplazo.
De manera similar, el periodo de Robinson como embajador debe terminar este año. Su sucesor, Luis Arreaga, diplomático estadounidense nacido en Guatemala, ya ha confirmado y se ha comprometido a seguir apoyando a la CICIG. Aunque Morales tiene menos posibilidades de actuar directamente contra el embajador estadounidense, su gobierno ha mantenido los servicios de las firmas estadounidenses de relaciones públicas con el fin de incrementar la penetración del lobby de Guatemala en Washington. Y ya se ha denunciado que actores cercanos al presidente han usado otros canales para tratar de socavar la presencia de la diplomacia estadounidense en el país.
Sin embargo, Allison señaló a InSight Crime que la CICIG lleva un tiempo trabajando con "zapatos incómodos", aludiendo a que es improbable que esta dinámica cambie. Pero también añadió que la única manera de que Guatemala "dé vuelta a la página" es que los fiscales y la CICIG puedan "mantener su pie en el pedal", algo que puede ser difícil en el actual contexto político.
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