Southern Pulse ha lanzado una nueva investigación sobre la corrupción en la política guatemalteca, donde examina las conexiones entre la política y los carteles de drogas, el tráfico de influencias y malversación de fondos.
El informe se divide en tres capítulos. El primero analiza la corrupción en el gobierno actual del presidente Otto Pérez, incluyendo acusaciones de vínculos con los carteles de la droga, así como de presunta malversación de fondos por parte de figuras de alto rango, junto con un vistazo a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG ). El segundo examina los oscuros antecedentes de dos de los principales financiadores de la política guatemalteca, mientras que el tercer capítulo concluye con el papel de la corrupción en la política y las perspectivas para las elecciones presidenciales de 2015.
Las siguientes fragmentos se reeditan con permiso de Southern Pulse. Todos ellos se han tomado del "Capítulo 1: Otto Pérez Molina" del informe, "La política de la corrupción en Guatemala (Pt II)". El informe completo está disponible aquí (en inglés).
En 2011, los votantes guatemaltecos eligieron Pérez Molina, jefe de la inteligencia militar y Kaibil, como presidente. Pérez Molina manejó una plataforma de "mano dura" en el trato con los criminales, en una campaña que rápidamente recubrió su personalidad internacional como alguien que sería duro en contra del crimen y la corrupción. Desde que asumió la presidencia, la administración del nuevo presidente ha logrado algunos arrestos importantes y sin duda ha hecho retroceder a varias organizaciones narcotraficantes, desde las organizaciones criminales transnacionales (OCT) mexicanas hasta los directores de logística y redes locales de transportistas que son subcontratadas por las OCT para mover producto a través del país, desde Honduras y El Salvador, hasta México.
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Desde que asumió el cargo, la crítica pública del presidente Otto Pérez en Guatemala se centra más en su incapacidad para contener el crimen rampante, quizás injustamente para el hombre si no para el presidente. Debemos preguntarnos: ¿podría haber algún tipo de complicidad pública? Una pregunta central es si el presidente sabe o no de acuerdos hechos en privado que tienen el efecto secundario de aumentar el crimen organizado y decide no detenerlos. Una posible negación, por lo menos, sugiere lo contrario. Lo más probable es que, individuos en su administración en sintonía con narcos, líderes pandilleros, magnates empresariales y otros políticos hagan lo imposible para penetrar el sistema jurídico y político guatemalteco. Manipulan un resultado favorable para una pequeño grupo de sus asociados, en detrimento de la mayoría de los guatemaltecos y la solvencia de las instituciones democráticas del país y las prácticas justas del sector privado. No tenemos ninguna evidencia concreta para vincular a Pérez Molina con el narcotráfico. De hecho, Pérez Molina fue jefe de la División de Inteligencia Militar en 1992, cuando ese grupo capturó a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera (jefe de la Federación de Sinaloa); y, si bien ha habivo cambios en 20 años, es probable que no lo haya hecho la influencia corruptora del dinero y el poder en la política de Guatemala. En todo caso, se ha profundizado y convertido en una realidad donde la prevalente corrupción institucionalizada ha eclipsado diversas instancias de corrupción en varias instituciones.
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Mientras tanto, la posición de Pérez Molina como accionista en la compañía aérea Aerocentro, que opera entre Guatemala y Honduras, agrega más elementos sobre su proximidad al sistema criminal de Guatemala. Guillermo Lozano, quien fue piloto de Pérez Molina durante la campaña presidencial de 2007, es propietario de Aerocentro y, según informes de prensa y fuentes de Southern Pulse, pudo trabajar para o haber trabajado para representantes de la Federación de Sinaloa. A principios de 2012, el gobierno otorgó a Aerocentro un contrato para el transporte de funcionarios. La aerolínea supuestamente permite el transporte discreto de personas y bienes sin los controles de seguridad y se puede pasar por alto el protocolo estándar del aeropuerto en ciertos lugares donde los directores las aerolíneas han desarrollado una relación con la Dirección de Aeronáutica.
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Otra afirmación fundamental es que cuando el PP llegó al poder en 2012 aparentemente vuelve a integrar a dos funcionarios del aeropuerto que habían sido despedidos debido a que encubrieron la salida de dos operadores de los Zetas, desde un aeropuerto de Huehuetenango que iban hacia Alta Verapaz a finales de 2007. Estos operadores de los Zetas presuntamente colaboraron con el homicidio en marzo de 2008 de Juancho León, narcotraficante local en Zacapa, antes de pasar a realizar funciones más empresariales y orientadas hacia la logística. Aunque puede que el presidente no se haya dado cuenta, parece como si su administración hubiera facilitado la renovación de la red de logística interna que podría servir a los Zetas o a la Federación de Sinaloa, o ambos. No es sorprendente, sin embargo, que los sistemas criminales hayan penetrado aduanas y las fuerzas de seguridad en Guatemala.
En cualquier caso, Pérez Molina habla de dientes cuando se refiere a la idea de que lidiar con ese tipo de corrupción es un obstáculo necesario -el efecto difuso de la corrupción contaminando el sistema judicial, la policía y los burócratas común y corrientes amenaza la tracción obtenida por las victorias de seguridad pública-. Una de las estadísticas más alarmantes y frecuentemente citadas es que incluso los crímenes más importantes tienen una tasa de condena de menos del diez por ciento. Mientras que la policía sufre de muchos de los mismos problemas que los tribunales (falta de financiación, formación insuficiente, corrupción, etc.), la administración de Pérez Molina ha entrenado a 3.000 policías adicionales en 2012 para ser desplegados en 2013. La reforma policial es un tema popular. Pero la corrupción en el poder judicial sigue siendo generalizada, a pesar de la muy alabada y criticada labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, que comenzó a trabajar el 4 de septiembre de 2007.
Las siguientes fragmentos se reeditan con permiso de Southern Pulse. Todos ellos se han tomado del "Capítulo 1: Otto Pérez Molina" del informe, "La política de la corrupción en Guatemala (Pt II)". El informe completo está disponible aquí (en inglés).
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