Suspendido proceso de paz de Colombia: ¿La acción de una unidad rebelde de las FARC?

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El presidente de Colombia ha suspendido el proceso de paz de dos años con la guerrilla de las FARC a raíz del secuestro de un general del ejército, en medio de dudas sobre si la acción habrá sido sancionada por el liderazgo guerrillero o si fue obra de una unidad rebelde que intenta socavar el proceso de paz.

El presidente Juan Manuel Santos ha suspendido las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba, tras la abducción del general Rubén Alzate, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en el departamento de Chocó, cerca de la frontera con Panamá. El presidente dijo que el 16 de noviembre el general había sido secuestrado junto con otras dos personas por miembros del Frente 34 de las FARC, luego de que los militares violaran los protocolos internos de seguridad.

Las FARC renunciaron al secuestro en febrero de 2012, como una condición previa del gobierno para dar inicio a las conversaciones de paz. Por esto, los críticos de la guerrilla, al igual que la cabeza del Ejército Nacional de Colombia, el general Jaime Lasprilla, han declarado que las FARC rompieron su promesa con el secuestro más reciente. Sin embargo, a lo que las FARC se habían comprometido era a detener su política de secuestrar para pedir rescate; los soldados tomados en el campo de batalla son vistos por la guerrilla como prisioneros de guerra.

El secuestro de la general se produce luego de que una acción similar tomara lugar la semana anterior en el noreste de Colombia, cuando las FARC tomaron dos soldados en el departamento de Arauca, en la frontera venezolana. En un comunicado del Bloque Jorge Briceño -la división de las FARC que tiene retenidos a los soldados- los guerrilleros afirman que los dos hombres son “prisioneros”, y añaden que “a diferencia del Estado y el Gobierno, las FARC-EP manifestamos nuestra voluntad de dialogar acerca de la liberación”.

Análisis de InSight Crime

La pregunta es si el Frente 34 estaba actuando sin la sanción del Secretariado, el cuerpo gobernante de siete hombres de las FARC, o si el secuestro fue parte de una política aprobada.

Es posible que el alto mando de las FARC hubiese ordenado a las unidades guerrilleras la captura de soldados con la esperanza de forzar concesiones -tal vez un alto bilateral al fuego- en la mesa de negociaciones. El Frente 34 habría sabido que el secuestro de un general causaría un alboroto, y si la acción no fue autorizada, ésta podría estar dirigida a socavar las conversaciones en curso en La Habana. Investigaciones realizadas por InSight Crime el año pasado identificaron al Frente 34 como una de las unidades guerrilleras más vulnerables a criminalizarse en caso de que se alcance un acuerdo de paz. Se cree que el Frente 34 participa en el tráfico de drogas y mantiene vínculos con el sindicato criminal más poderoso del país, los Urabeños. Esta unidad de las FARC es también uno de los principales objetivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán a cargo de la cual estaba el general de Alzate, y ha estado sintiendo la presión ejercida por las acciones militares constantes. El hecho de que el Frente 34 optara por la captura -y no por el asesinato- del general Alzate sugiere que la acción tiene un propósito político.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de las FARC

Mientras tanto, el hecho de que el presidente Santos suspendiera el proceso de paz a raíz del secuestro muestra el poder de los militares colombianos. Una fuente de alto rango en el ejército dijo a InSight Crime que dentro de las filas militares existe una desafección generalizada por el proceso, y que las amenazas no sólo vienen de elementos disidentes en las FARC, sino también desde dentro del ejército. Ha habido varios escándalos que han revelado las sospechas de los militares con respecto a las conversaciones de paz, con unidades de inteligencia militar realizando espionaje a las comunicaciones de los negociadores gubernamentales.

Otra muestra del poder de los militares y de la delicada posición del presidente puede ser vista en lo que concierne a un alto el fuego. Las FARC han estado pidiendo un alto el fuego bilateral desde que las conversaciones de paz comenzaron en noviembre de 2012, e incluso han llamado a varios ceses unilaterales con la esperanza de que el gobierno responda del mismo modo. Sin embargo, la fuente militar dijo a InSight Crime que los generales del ejército han acordado, de mala gana, apoyar el proceso de paz, siempre y cuando se les permita seguir presionando a las FARC en el campo de batalla. Los militares creen que un alto el fuego permitiría a los líderes de la guerrilla retornar al terreno, reorganizar sus frentes y finanzas, y reconstruir su mando y control, que ha sufrido duros golpes desde 2002. En el pasado, las FARC han utilizado los procesos de paz y de alto el fuego para mejorar su fuerza militar.

VEA TAMBIÉN: FARC, paz y posible criminalización

El presidente Santos ha enfrentado crecientes críticas sobre las conversaciones de paz, debido en gran parte a la llegada a la escena política del Centro Democrático, el partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el cual ganó 19 escaños en el Senado y 12 escaños en la Cámara de Representantes este año. Uribe se ha convertido en el principal opositor a las conversaciones de paz en La Habana, y es quien recibe una enorme cantidad de respeto desde el interior de la institución militar.

El ejército es muy consciente de que si se llega a firmar un acuerdo de paz, es probable que los generales vean grandes recortes presupuestarios, y una significativa pérdida de influencia. También son conscientes de que sus rivales en la policía probablemente reciban un impulso en términos de recursos e influencia -el resultado natural de cualquier escenario de posconflicto.

Es posible que la reacción al secuestro del general Alzate tenga tanto que ver con los militares como con las FARC. Si bien queda por ver si las acciones del Frente 34 han sido sancionadas por el alto mando de la guerrilla, es claro que los elementos del ejército colombiano también representan una amenaza a la consecución de un acuerdo de paz que podría poner fin a 50 años de conflicto civil.

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