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El incumplimiento del gobierno con el programa de sustitución de cultivos de coca en Colombia genera preocupaciones por el futuro de las casi 100.000 familias inscritas y vaticina un retroceso en la política de drogas del país.

El más reciente informe de monitoreo y verificación de compromisos de sustitución de cultivos ilícitos la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) evidencia una serie de incumplimientos por parte del gobierno de Colombia en el monitoreo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), incluido en el cuarto punto de los acuerdos de paz, alcanzados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC a finales de 2016.

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Según el informe, casi ninguna de las 99.097 familias inscritas en el programa ha recibido la totalidad de los pagos acordados y al menos 40.000 de estas familias todavía no han recibido ni siquiera el primer pago.

En contraste, el 94 por ciento de las familias inscritas en el PNIS ha cumplido con su parte del acuerdo con el gobierno, lo cual ha resultado en la erradicación voluntaria de casi 35.000 hectáreas de coca, de las casi 200.000 que se calcula existen actualmente en el país.

La ONUDD también destaca la baja tasa de resiembra (0,6 por ciento) de cultivos para uso ilícito en las zonas donde se han implementado estos programas de sustitución, la cual contrasta con una tasa de resiembra de hasta el 35 por ciento en las zonas donde se implementaron programas de erradicación forzada.

A pesar de la evidencia, el gobierno de Duque parece estar dispuesto a arreciar su estrategia de erradicación. En el Plan Nacional de Desarrollo de este año, la meta de erradicación de plantaciones de coca fue de 280.000 hectáreas, casi 80.000 más de lo estimado por ONUDD.

Cuando fueron cuestionados por la discrepancia, varios funcionarios la explicaron a través de la altísima tasa de resiembra de erradicación forzada. Es decir, el gobierno planea erradicar coca que todavía no ha sido sembrada.

En parte amedrentado por Estados Unidos, cuyo presidente recientemente dijo que duplicaría el dinero para la lucha contra las drogas a Colombia si vuelve al uso del glifosato, suspendido en 2015, el gobierno del presidente Iván Duque recientemente desplegó una estrategia política y mediática para retornar al controvertido químico.

Lo anterior a pesar de que esa estrategia de asperción aérea (y de erradicación forzada en general) ha probado ser poco eficiente –se calcula que hay que asperjar 30 hectáreas para erradicar definitivamente una–, y tener graves repercusiones en la salud de los cultivadores y sobre el potencial para el uso de la tierra durante décadas.

Análisis de InSight Crime

Como InSight Crime ha señalado, a pesar de la efectividad del PNIS y del cumplimiento de los inscritos, el gobierno del nuevo presidente de Colombia ha optado por agudizar su estrategia de erradicación de cultivos para uso ilícito donde ya se venían implementando estos programas.

Algunas de las zonas donde se han concentrado estos esfuerzos de erradicación han presentado una tendencia al alza en la tasa de resiembra de los programas de sustitución, como en el caso de Norte de Santander, donde según ONUDD, la tasa de resiembra de sustitución alcanza el 2,5 por ciento, más de cuatro veces la media nacional.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre política de drogas

La presión por parte de grupos criminales, la falta de articulación institucional y el deterioro en la situación de seguridad en estas zonas son otras de las amenazas que se han identificado para la implementación del programa en estas municipalidades, donde según ONUDD los homicidios aumentaron en 40 por ciento durante los primeros meses de 2018.

El asesinato de líderes sociales en estas regiones, muchos de los cuales apoyan estos procesos de sustitución, ha sido particularmente grave y desde la firma del acuerdo de paz se han registrado casi 600 casos.

Según ONU ya van casi 30 en lo que va del año y a pesar de la gravedad y sistematicidad de la situación el gobierno no parece tener un plan para abordarla y no ha sido una prioridad del gobierno, según ha denunciado Amnistía Internacional.

Durante los últimos diez años la erradicación forzada también ha resultado en al menos 800 “accidentes” (126 muertes y 664 heridos) entre miembros de las fuerzas de seguridad y los civiles que participan en los operativos y según el expresidente Santos, es en estas zonas donde se ha presentado la mayor proporción de víctimas de minas antipersonales.

Sin embargo, el gobierno de Iván Duque insiste en implementar una agresiva estrategia de erradicación, reminiscente de la fallida guerra contra las drogas.

Tal vez el mensaje más claro sobre la poca voluntad del gobierno para cumplir con los programas de sustitución en marcha fue el despido reciente de la encargada del PNIS Claudia Salcedo, luego de que corrigiera públicamente al ministro de Defensa Guillermo Botero con respecto al costo de erradicar una hectárea de coca con glifosato durante una audiencia pública en el Congreso impulsada por el gobierno, cuando el ministro dijo que erradicar una hectárea de coca con glifosato tiene un costo cercano a US$800, pero la exdirectora del PNIS dijo podría alcanzar los US$25.000.

Ambas cifras parecen bajas si se tiene en cuenta los elevados costos sociales y económicos que normalmente tienen este tipo de operaciones adicionales, incluyendo el despliegue militar, la compra de la gasolina y el glifosato, la preparación logística previa y el despeje de la zona, por mencionar solo algunos. El exministro de Salud de Colombia Alejandro Gaviria ha dicho que erradicar una hectárea podría valer alrededor de US$70.000.

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