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Uno de los mercados criminales más dinámicos de México es el de la madera ilegal, y en el norteño estado de Chihuahua crece la alarma de que organizaciones de narcotraficantes estén disputándose el control del negocio.

Seis cuerpos decapitados fueron tirados justo antes del amanecer frente a una estación de gasolina en las afueras de Creel, estado de Chihuahua, a finales de octubre. Cada uno de los cadáveres estaba envuelto en bolsas negras de basura, selladas con cinta de empaque café, alrededor del cuello, la cintura y los tobillos.

La escena era típica de la violencia experimentada durante la guerra contra el narco en México, que completa más de una década. Pero la nota pegada de uno de los cuerpos tenía que ver con no con el narcotráfico, sino con el mercado local de madera ilegal.

*Este artículo es producto de la investigación sobre ecotráfico en la región, llevada a cabo en conjunto con el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).

De hecho, los grupos que participan en la tala para el mercado negro y en el tráfico de narcóticos ahora parecen ser el mismo. En los últimos meses, la violencia entre los carteles rivales en las montañas cubiertas de pinos de Chihuahua, alrededor de los pueblos de San Juanito y Creel, ha estado tan ligada al tráfico ilegal de madera como a las plazas y rutas locales de la droga.

Esa coincidencia comenzó con un incremento de la tala ilegal.

“Aquí en San Juanito, la tala ilegal empezó realmente a crecer y a hacerse obvia en 2015. En toda el área alrededor de San Juanito se talaba de manera ilegal e indiscriminada, y luego se prendía fuego al bosque y no se permitía que la gente lo apagara”, comentó Citlali Quintana, abogada local que trabaja para el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, una ONG local.

Mientras Quintana nos lleva fuera del pueblo indígena de Bahuinacachi en su camioneta cuatro por cuatro —la única forma de llegar al pueblecito donde habitan unas 200 familias indígenas—. pasamos bosques de pinos asolados por taladores no autorizados. El trabajo está hecho de mala manera; se han dejado podrir los árboles donde cayeron, y se han quemado porciones de tierra para cubrir la evidencia.

Combatir este flagelo se ha hecho cada vez más peligroso. Algunos activistas han tenido que huir, y en noviembre, el activista de Alianza Sierra Madre, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado por hombres armados en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, zona en la que se han centrado muchas de las actividades de presión de las ONG.

Carrillo Martínez contaba con protección del estado, pero las medidas del gobierno no lograron mantenerlo a salvo ese día. El grupo para el que trabajaba nos relató que los pistoleros del área protegen los intereses de empresas madereras comerciales y también de narcotraficantes.

Los traficantes no se esconden. Los habitantes de Bahuinacachi cuentan a InSight Crime cómo en febrero llegaron unos 40 hombres armados conduciendo docenas de camiones pesados. Comenzaron a derribar árboles en los bosques de pinos que se encuentran en las afueras del pueblo. Trabajando día y noche en el primer mes, los hombres —todos ellos menores de veinte años, según los testigos— sacaban unos 40 camiones llenos de madera de los bosques cada 24 horas.

Los habitantes del pueblo decían que podían oírse las motosierras desde sus casas, y que el recién instalado jefe del cartel de Juárez y de su brazo armado en San Juanito, César Daniel Manjarrez Alonso, alias “el H2”, hizo una aparición en ese tiempo, cuando entró caminando al pueblo.

La madera sustraída de esos bosques —algo que sigue haciéndose a diario— se transporta en camión hasta San Juanito y allí se procesa. San Juanito es un centro económico regional, donde se encuentran cerca de 25 aserraderos, que emplean una proporción importante del pueblo y procesan gran parte de la madera beneficiada legal e ilegalmente de los bosques de pinos cubren las montañas. Una vez la madera ingresa a esas plantas, se vuelve legal, al mezclarse con el suministro legal.

La mayoría de las veces se convierte en tablas para la venta al por mayor a constructoras y otras, o se transforman en muebles. Parte de eso podría estar abriéndose camino hacia la industria papelera mexicana, que exporta a otros países.

No es fácil determinar quiénes son los beneficiarios. La mitad de los aserraderos que funcionan en San Juanito hacen parte de la red del cartel de Juárez, según una fuente del comercio local que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera en el anonimato —la otra mitad, señalaron, tiene que pagar una “cuota” (un impuesto informal que el cartel cobra) para trabajar.

Pero el crimen y la violencia tienen más de un dueño. Al sur de Creel está el territorio del cartel de Sinaloa, en lo que hace parte del Triángulo Dorado, en la intersección de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. El clima en esta parte del estado hacen posibles las plantaciones de amapola y marihuana que cubren sus arroyos y cañones. La tala ilegal allí se usa principalmente para abrir lugar para el cultivo de esas plantas, según entrevistas con fuentes del gobierno y no gubernamentales.

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Por otro lado, la tala en los alrededores de San Juanito se destina a la venta de la madera, y se está convirtiendo en una actividad cada vez más lucrativa para los agentes del cartel de Juárez. Ese es el motivo más probable detrás de la matanza de los seis hombres, cuyos cuerpos fueron arrojados en la estación de gasolina, y quienes, según el organismo estatal de investigación criminal, eran miembros del brazo armado del cartel rival de Sinaloa, Gente Nueva. Un video en Facebook, aparecido tras el asesinato indica lo mismo, y muestra a los sicarios, ahora muertos, exhibiendo sus armas frente a la cámara.

InSight Crime recibió la advertencia de no realizar entrevistas en San Juanito, y un empresario local entrevistado, quien prefirió no ser nombrado por motivos de seguridad, afirmó: “Si se tira una moneda al aire, cuando caiga golpeará a alguien implicado en la tala ilegal… hay familias enteras involucradas”.

Pero cómo y cuándo se intersecó con el negocio de la madera ilegal es algo más difícil de identificar. La opinión local es que los grupos narcotraficantes adoptaron la tala ilegal en parte como beneficio colateral de su control territorial, pero también como una manera de diversificar su portafolio criminal, que había sufrido luego de la caída de los precios de mercado para la pasta de amapola y la marihuana.

“El narco siempre ha estado aquí, y todo el mundo aprendió a vivir con ellos, pero la ‘guerra contra el narco’ [declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006] los llevó a proteger más sus territorios”, comenta Isela Gonzales, directora de la Alianza Sierra Madre, quien habló con InSight Crime en Chihuahua, donde tiene protección del gobierno, luego de recibir amenazas de muerte por su labor. Su organización no gubernamental ha logrado con su activismo que se congelen las licencias de tala para que se investigue a quienes las usan por consecución indebida de licencias y uso ilegal de las mismas.

Expertos consultados por InSight Crime coinciden en que el actual sistema de licencias manejado por el gobierno mexicano es insuficiente para regular la tala ilegal en estados como el de Chihuahua, y organismos como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no tienen recursos humanos o financieros suficientes para controlar la actividad ilegal a esta escala.

“La policía trabaja para ellos [los carteles]… no hay buenos, solo malos”, afirmó Gonzales.

Sus aseveraciones fueron respaldadas por otras personas entrevistadas por InSight Crime, quienes señalaron que los habitantes tienen tanto miedo de la policía estatal y municipal como de los grupos criminales que operan en el área. Gonzales añadió que las élites políticas y empresariales, así como los grupos criminales, están trabajando juntos para procesar y sobreexplotar las licencias de tala legales.

Con la gran disponibilidad de pinos en la zona, así como la falta de regulación y la continua presión en los precios y rutas de la droga, la tala ilegal en Chihuahua parece abocada a seguir creciendo como generador de lucro para el crimen organizado.

Este artículo es producto de la investigación sobre ecotráfico en la región, llevada a cabo en conjunto con el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).

 

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