El tema de la impunidad cobra importancia en el proceso de paz en Colombia

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En una reciente conferencia sobre el proceso de paz en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dio pocos indicios de que el gobierno estaría dispuesto a conceder las peticiones de la guerrilla de las FARC, que probablemente se necesitarán para poner fin a más de 50 años de conflicto civil.

El 25 de febrero, en una conferencia titulada “Comisiones de la verdad y procesos de paz: experiencias internacionales y desafíos para Colombia”, el presidente Santos rechazó la idea de la amnistía total para los miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “No queremos firmar un acuerdo de paz para que luego sea derrotado en las cortes”, dijo Santos, refiriéndose a los acuerdos de paz en otros países donde se les concedió amnistía a los excombatientes, que luego fue anulada o invalidada por los sistemas judiciales nacionales o internacionales. Santos agregó que el objetivo del gobierno es lograr la paz y al mismo tiempo alcanzar el nivel “máximo de justicia”.

Las observaciones de Santos podrían responder a un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2014 (pdf), en la que se señala que dicha Corte “ha informado a las autoridades colombianas que una sentencia clara o manifiestamente insuficiente, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación de los acusados, [invalidaría] la autenticidad de un procedimiento nacional”. La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra cometidos en Colombia desde el año 2009, así como sobre crímenes contra la humanidad cometidos a partir de 2002.

Es probable que Santos también estuviera teniendo en cuenta a Estados Unidos, un aliado regional clave que ha aportado miles de millones de dólares en ayuda de seguridad desde comienzos del siglo y que tiene pendientes solicitudes de extradición de varios jefes de las FARC. El 26 de febrero, el posible candidato presidencial estadounidense Marco Rubio le pidió al enviado especial de su país a las conversaciones de paz, Bernard Aronson, que “reafirmara” el compromiso de Estados Unidos de que los líderes de las FARC serían juzgados en Estados Unidos.

En la conferencia también se aludió a la manera como las autoridades facilitarían una transición pacífica a una sociedad en posconflicto, en caso de que las FARC lleguen a un acuerdo de paz y a su desmovilización. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, dijo que una “garantía de seguridad” por las fuerzas armadas en algunas zonas apartadas del país —presumiblemente donde las FARC tienen presencia— sería necesaria para impedir que algunos elementos del grupo guerrillero continúen con actividades criminales después de la firma de un acuerdo de paz.

Las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno comenzaron oficialmente en noviembre de 2012. Las dos partes han llegado a acuerdos parciales sobre reforma agraria, participación política y narcotráfico, pero aún no han llegado a un consenso sobre derechos de las víctimas, desarme y la aplicación de los acuerdos.

Análisis de InSight Crime

Al parecer, Santos, quien ha basado el prestigio de su gobierno en el intento de poner fin al conflicto armado de Colombia durante 50 años, está tanteando el terreno para ver cómo puede calmar a los opositores tanto nacionales como internacionales a las solicitudes de las FARC, y a la vez no desalentar a los dirigentes de la guerrilla de aceptar un acuerdo de paz. Santos se ha referido previamente a la posibilidad de declarar al narcotráfico un delito político, lo que teóricamente podría ser utilizado para indultar a los miembros de las FARC por su participación en el narcotráfico. Santos también anunció recientemente que intentaría impedir que los líderes de las FARC sean extraditados, y dejó abierta la posibilidad del arresto domiciliario como pena alternativa.

Sin embargo, es probable que la declaración de Santos en la conferencia, acerca de que la amnistía total está fuera de la mesa de negociaciones, no les siente bien a las FARC y eso podría estancar los recientes progresos realizados con el nombramiento, a mediados de febrero, de Aronson como enviado especial de Estados Unidos para las conversaciones de paz. Los dirigentes de las FARC han declarado repetidas veces que no aceptarán una sentencia de cárcel como parte de un acuerdo de paz.

Quizá las FARC se sienten temerosas tras la aprobación de la extradición del exjefe paramilitar Julián Bolívar a mediados de febrero. Bolívar se acogió a la Ley de Justicia y Paz de Colombia, que otorgó condenas reducidas a los exparamilitares a cambio de cooperar con las autoridades sobre su participación en el conflicto armado, pero su extradición fue concedida sobre la base de que había continuado coordinando operaciones criminales desde la cárcel. Los líderes de las FARC podrían estar reticentes a firmar un acuerdo de paz por temor a que, pese a las promesas del gobierno, se encuentre algún pretexto que los lleve a enfrentar un destino similar en el futuro.

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En esta etapa, sin embargo, sigue siendo incierto de qué manera el gobierno podrá alcanzar un justo medio entre cumplir con las normas nacionales e internacionales de justicia y al mismo tiempo ofrecer suficientes incentivos para que las FARC acepten llegar a un acuerdo de paz.

La conferencia también ofreció poca información sobre cómo las autoridades impedirían que algunos elementos de las FARC se fragmenten, en caso de que la guerrilla y el gobierno logren definir los términos sobre un acuerdo de paz. Las FARC obtienen enormes ganancias del narcotráfico, y es improbable que los dirigentes tengan la autoridad de impedir que algunos frentes lejanos continúen con su participación en el narcotráfico una vez que el grupo guerrillero se desmovilice. Es poco probable que los vagos comentarios de Jaramillo sobre una “garantía de seguridad” sean una respuesta adecuada a los poderosos incentivos que llevarían a ciertos miembros de las FARC a continuar delinquiendo en una situación de posconflicto.

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La historia reciente de Colombia es un buen ejemplo de las graves consecuencias que pueden surgir de un proceso de desmovilización fracasado. En 2003, los acuerdos de Colombia con grupos paramilitares de extrema derecha, denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), permitió llegar a un acuerdo de paz con el gobierno, y en 2006 la mayor parte de los paramilitares se habían desmovilizado. Sin embargo, los grupos que les sucedieron, conocidos como Bacrim (de “bandas criminales”) en gran parte llenaron el vacío del hampa dejado por los paramilitares y están profundamente involucrados en el comercio ilícito de drogas en el país, así como en actividades de extorsión y secuestro.

En la conferencia, el director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan, Alan Doss, aludió a las dificultades que se avecinan para Colombia, incluso si las FARC y el gobierno oficialmente le ponen fin al conflicto de décadas de duración. “Los acuerdos de paz no necesariamente significan paz. Repito: los acuerdos de paz no necesariamente significan paz”.

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